¿Qué hicieron los diputados esta semana? 9-12 septiembre 2019

Esta semana se aprobaron dos proyectos en segundo debate, uno en primer debate y se rechazaron las liquidaciones presupuestarias de los años 2016, 2017 y 2018.

Proyectos aprobados

Expediente 20.648: Ley para inhabilitar al contratista que incumpla en la construcción reconstrucción, conservación, mantenimiento y rehabilitación de proyectos de infraestructura vial pública (Segundo debate: 42 a favor, 0 en contra, 15 ausentes)

• Propósito: Para que la Administración imponga la sanción de inhabilitación de 3 a 10 años a los contratistas que le incumplan de forma injustificada al Estado en proyectos de infraestructura vial pública, según la gravedad de la falta. Esta reforma abarca, específicamente, proyectos de infraestructura vial pública de construcción, reconstrucción, conservación, mantenimiento o rehabilitación de vías nacionales y cantonales, que sean ejecutados por el Estado o los gobiernos locales respectivamente, incluyendo cualquier tipo de obras relacionadas con puentes y demás estructuras viales conexas, así como las contrataciones que se realicen para llevar el control de calidad de las obras, la administración, la supervisión o la inspección de este tipo de proyectos en nombre del Estado o de las municipalidades.

Expediente 21.526: Quinta Modificación Legislativa a la Ley No. 9632, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2019 y sus reformas (Segundo debate: 42 a favor, 0 en contra, 15 ausentes)

• Propósito: Contiene rebajas por ¢6854 millones y aumentos por ¢14.058 millones, por lo que en forma neta se aumenta el presupuesto de la República en ¢7203 millones. Incorpora ingresos por ¢14.058 millones provenientes de estas fuentes de financiamiento:
  • Ingresos corrientes por ¢9.984 millones, distribuidos de la siguiente manera:
    • ¢240 millones producto de transferencias corrientes de órganos desconcentrados que corresponden a garantías que se cobraron durante la ejecución del Programa para la Prevención de la Violencia y Promoción de la Inclusión Social del Ministerio de Justicia y Paz.
    • ¢1.809 millones aportados por Fodesaf para financiar comedores del MEP.
    • ¢1.080 millones del Programa Nacional de Empleo (Pronae) del Ministerio de Trabajo.
    • ¢6.854 millones provenientes de lo establecido en el artículo 8 de la Ley N° 9371 Ley de Eficiencia en la Administración de los Recursos Públicos, que corresponden al superávit del año 2015 dictaminado por la Autoridad Presupuestaria.
  • Ingresos extraordinarios externos por un monto de ¢4.073 millones, producto de diferencial cambiario en las siguientes operaciones de crédito externo:
    • ¢1.527 millones Crédito BID 3488/OC-CR, para financiar el Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica (PIF), Ley N° 9451.
    • ¢2.546 millones Crédito BCIE 2157, para financiar el Proyecto Mercado Regional Mayorista de la Región Chorotega, Unidad Ejecutora PIMA, Ley N° 9327.

Expediente 21.293: Reforma a las leyes Reguladora del Mercado de Valores (7732), Código de Comercio (3284), Reguladora del Mercado de Seguros (8653), Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica (7558); Ley Orgánica del Poder Judicial (7333), Ley del Régimen Privado de Pensiones Complementarias (7523); y Código Penal (4573) (Primer debate: 46 a favor, 0 en contra, 11 ausentes)

• Propósito: Los entes supervisados por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), la Superintendencia General de Valores (Sugeval), la Superintendencia General de Seguros (Sugese) y la Superintendencia de Pensiones (Supen) pasarán a cubrir el 50% del costo de su fiscalización. Asimismo, se aumentan las sanciones para quien divulgue información relativa a los sujetos fiscalizados y transacciones de los mercados organizados por la Ley Reguladora del Mercado de Valores; para la empresa que no se someta a auditorías externas, o incumpla las normas contables establecidas por la ley o por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).

Liquidaciones presupuestarias rechazadas

• Expediente 20370: Liquidación de Presupuestos y Dictamen de la Contraloría General de la República del 2016 (Votación: 0 a favor, 39 en contra, 18 ausentes)
• Expediente 20834: Liquidación de Presupuestos y Dictamen de la Contraloría General de la República del 2017 (Votación: 0 a favor, 42 en contra, 15 ausentes)
  
• Expediente 21391: Liquidación de Presupuestos y Dictamen de la Contraloría General de la República del 2018 (Votación: 0 a favor, 43 en contra, 14 ausentes)
  

Breves

— El segundo debate del expediente 21.293 se pospuso luego que el Banco Central enviara una carta a los diputados solicitando reintegrar el "fuero" legal que se le otorgaba a funcionarios del Conassif y sus superintendencias, el cual fue eliminado en Plenario con una moción de José María Villalta, previo el primer debate.

— La Comisión de Asuntos Jurídicos dio su visto bueno al proyecto de ley tramitado en el expediente 20.886, con el cual se prohíbe usar los dineros de la contribución estatal a los partidos políticos para pagar contratos de bienes o servicios de integrantes del Comité Ejecutivo Superior de la agrupación, o bien sus familiares hasta tercer grado inclusive.

— La Comisión de Gobierno y Administración dictaminó afirmativamente y de forma unánime el expedientes 20.850, Reforma al artículo 135 del Código Electoral, Ley No. 8765, para que los estados financieros auditados de los partidos políticos sean publicados únicamente en el sitio web del Tribunal Supremo de Elecciones, y no en un diario de circulación nacional.

— La Comisión de Asuntos Económicos acordó matar el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo para regular las plataformas tecnológicas de transporte como Uber y similares, y en su lugar presentar una nueva iniciativa consensuada entre las agrupaciones legislativas, dada la eventual inconexidad entre el texto inicialmente presentado y su versión final.

— Los diputados María José Corrales y Jorge Luis Fonseca, ambos del PLN, presentaron un proyecto de ley que pretende reactivar la autorización legal para practicar la minería en Costa Rica.