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Deuda política no podrá usarse para pagar contratos de altos dirigentes ni sus familiares

La Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa dio su visto bueno al proyecto de ley tramitado en el expediente 20.886, con el cual se prohíbe usar los dineros de la contribución estatal a los partidos políticos para pagar contratos de bienes o servicios de integrantes del Comité Ejecutivo Superior de la agrupación, o bien sus familiares hasta tercer grado inclusive.

La iniciativa impulsada por los diputados Pablo Heriberto Abarca, Erwen Masís Castro, María Vita Monge, Shirley Díaz Mejía y María Inés Solís Quirós, todos del PUSC, pretende incluir un artículo 94 bis al Código Electoral para introducir la figura de "gastos no redimibles" con dineros de la deuda política.

"No se considerarán gastos redimibles las contrataciones de bienes y servicios que realicen los partidos políticos con miembros de sus comités ejecutivos superiores, ni a personas físicas ligadas por parentesco de consanguinidad o afinidad en línea directa o colateral, hasta el tercer grado inclusive, con cualquiera de los miembros de los comités ejecutivos electos por las asambleas superiores, según la escala en que esté inscrito", dice el primer párrafo de la propuesta.

El proyecto agrega que tampoco se considerarán gastos redimibles las contrataciones que se realicen a personas jurídicas, cuya representación legal se encuentre ligada por parentesco de consanguinidad o afinidad en línea directa o colateral, hasta el tercer grado inclusive, con cualquiera de los miembros de los comités ejecutivos electos por las asambleas superiores, según la escala en que esté inscrito el partido político en cuestión.

Con esto se pretende evitar que los miembros de los Comités Ejecutivos de los partidos se contraten a sí mismos durante campañas electorales, o bien a sus familiares o a empresas de estos, repartiendo millonarias sumas de la deuda política entre ellos.

"Los recursos de los partidos políticos deben ser enfocados en el fortalecimiento de sus estructuras y la participación democrática y no a un grupo familiar específico. La deuda política es una instrumento para fortalecer a los partidos no un negocio", justificó el diputado Pablo Heriberto Abarca.

De aprobarse el proyecto en el Plenario Legislativo la medida entraría a regir para las próximas elecciones municipales del 2020 y de acuerdo con el Departamento de Servicios Técnicos, el proyecto no tiene problemas de constitucionalidad.

Breves

— Este martes el Plenario se dedicó en su totalidad a discutir los informes de liquidación del Presupuesto de la República para los años 2018, 2017 y 2016. Ello continuará mañana hasta la votación final, por lo que no hay mayor cosa que reportar sobre hechos acaecidos en el recinto principal por ahora.

— Quedaron conformadas de la siguiente forma las comisiones especiales que se encargarán de examinar las reformas a la Ley General de Contratación Pública; así como a las reformas constitucionales para reducir el plazo entre la primera y segunda ronda electoral; y para declarar el acceso al agua como derecho humano:

  • Expediente N°21.546: Ley General de Contratación Pública
    • Eduardo Cruickshank, PRN; Carolina Hidalgo, PAC; José María Villalta, FA; Ana Lucía Delgado, PLN; Silvia Hernández, PLN; Pablo Heriberto Abarca, PUSC; Erick Rodríguez Steller, independiente
  • Expediente N°21.067: Reducción del plazo entre la primera y segunda ronda electoral, Reforma del artículo 138 de la Constitución Política
    • Eduardo Cruickshank, PRN; Gustavo Viales, PLN; Karine Niño, PLN; Carolina Hidalgo, PAC; Oscar Cascante, PUSC; Otto Roberto Vargas, PRSC
  • Expediente N° 21.382: Adición de un párrafo al artículo 50 de la Constitución Política, para reconocer y garantizar el derecho humano de acceso al agua
    • José María Villalta, FA; Pablo Heriberto Abarca, PUSC; Mileidy Alvarado, PRN; Paola Valladares, PLN; Aida María Montiel, PLN; Paola Vega, PAC; Erick Rodríguez, independiente

— Este miércoles por la tarde los diputados Jorge Luis Fonseca y María José Corrales presentarán un proyecto de ley sobre minería en Costa Rica.

— El próximo martes inician las audiencias del expediente 21.336, Ley de Empleo Público con la contralora Marta Acosta.

— Ante la ola de homicidios registrados en los últimos días, los diputados de la Comisión de Seguridad, Gustavo Viales, Roberto Thompson y Jorge Fonseca presentaron una moción para llamar a comparecer al Ministro de Seguridad, Michael Soto.

— La Comisión de Gobierno y Administración dictaminó afirmativamente y de forma unánime el expedientes 20.850, Reforma al artículo 135 del Código Electoral, Ley No. 8765, para que los estados financieros auditados de los partidos políticos sean publicados únicamente en el sitio web del Tribunal Supremo de Elecciones, y no en un diario de circulación nacional.

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