El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes, en primer debate, el proyecto de ley tramitado en el expediente 21.293 propuesto por el Poder Ejecutivo, con el cual el Banco Central de Costa Rica dejará de sufragar la mayor parte de los gastos de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), la Superintendencia General de Valores (Sugeval), la Superintendencia General de Seguros (Sugese) y la Superintendencia de Pensiones (Supen).
En palabras del Gobierno, la iniciativa viene a actualizar el sistema financiero nacional con las mejores prácticas y estándares internacionales en materia de disciplina de mercado, así como de supervisión y regulación financieras; y forma parte de la agenda de incorporación de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
En total, este proyecto viene a reformar siete leyes: la Ley Reguladora del Mercado de Valores (7732), el Código de Comercio (3284), Ley Reguladora del Mercado de Seguros (8653), la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica (7558); la Ley Orgánica del Poder Judicial (7333), la Ley del Régimen Privado de Pensiones Complementarias (7523); y el Código Penal (4573).
Las modificaciones pretenden mejorar la gobernanza del mercado de valores; promover el intercambio de información entre supervisores nacionales e internacionales, resguardando la respectiva confidencialidad; otorgar acceso a la Superintendencia General de Valores (Sugeval) a la información contable; generar instrumentos para la lucha contra el blanqueo de capitales; proteger legalmente al supervisor y al regulador y fortalecer el financiamiento de la supervisión.
Sin embargo, la reforma más importante y a la vez polémica es la redistribución de los montos que se deben pagar por las operaciones de supervisión que realizan la Sugef, la Sugeval y la Supen, ya que el plan es que el Banco Central pase de sufragar el 80% de la actualidad, a solo el 50%. De esta manera, los supervisados por esas tres superintendencias pasarán de contribuir el 20% al 50%.
En el caso de la Sugese, el Banco Central cubre hoy el 100% de los gastos de supervisión, de modo que la carga pasará a estar repartida a la mitad entre esa institución y los entes supervisados por la Sugese.
Durante el trámite de audiencias de este proyecto, el Banco Central defendió la iniciativa afirmando que la institución es una de las pocas de su tipo en el mundo que tiene pérdidas, las cuales están en buena parte explicadas por cubrir el costo de las operaciones de las Superintendencias, y que para cubrir ese déficit se debían realizar operaciones que afectan la inflación de la Nación.
Tal y como se aprobó el proyecto, cada sujeto supervisado por la Sugef, Sugese y Sugeval estará obligado a contribuir con hasta un máximo del 2% de sus ingresos brutos anuales al financiamiento de los gastos efectivos de la respectiva superintendencia.
Por su parte, los supervisados por la Supen deberán contribuir con hasta un máximo de 0,02% de los activos administrados o de un 0,002% del monto pagado por pensiones en el caso de aquellas entidades supervisadas que no administren activos.
En el caso de los emisores no financieros, la contribución será de hasta 0,1% anual sobre el monto de la emisión y los sujetos obligados por el artículo 15 y 15 bis de la Ley 7786 (Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso No Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo) contribuirán a su fiscalización con un canon anual diferenciado que será definido por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), en función del perfil de riesgo del sujeto supervisado, su estructura, la cantidad y monto de sus transacciones, y su vulnerabilidad al riesgo.
Dato D+: Entre los que pagarán por su supervisión según la Ley 7786 están las remeseras, casinos, compras y ventas de bienes inmuebles, comerciantes de metales y piedras preciosas, casas de empeño y abogados, notarios y contadores que realicen ciertas actividades.
Dado el cambio en la redistribución de las obligaciones, el proyecto establece que el aporte de los supervisados por la Sugef, Supen y Sugeval para el presupuesto de esas tres instituciones se incremente a partir del quinto año de vigencia de la ley, a razón de 7,5 puntos porcentuales por año y hasta alcanzar la cifra del 50%. De esta forma durante los primeros cuatro años de vigencia de la Ley, el Banco Central continuará sufragando el 80% de los gastos de las superintendencias y el porcentaje irá disminuyendo conforme aumente el de los supervisados.
Por su parte, los supervisados por la Sugese deberán empezar a contribuir al costo de su supervisión a partir del tercer año de vigencia de la ley con un porcentaje inicial del 10%, el cual se incrementará al 20% para el segundo año y a partir del tercer año subirá a razón de 7,5 puntos porcentuales por año hasta alcanzar el 50%. Así, el Banco Central continuará financiando al 100% a la Sugese durante los dos primeros años de vigencia de la reforma.
La votación
Este proyecto acaparó la agenda del Plenario durante todo el lunes. Inicialmente habían presentadas 63 mociones de reiteración, sin embargo, tras negociaciones entre las bancadas se retiraron todas excepto las números 21 y 34 propuestas por José María Villalta.
La primera de ellas fue rechazada y pretendía establecer que los supervisados, al término de un periodo de 12 años, terminarían pagando el 100% de los costos de la supervisión; mientras que la segunda fue aprobada por unanimidad y reformó la "inmunidad" que se le otorgaba a los miembros directores del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica, los superintendentes e intendentes del sistema financiero nacional, los funcionarios de las superintendencias y del Conassif con poder de decisión en materia de supervisión financiera, y los órganos directores de los procedimientos administrativos sancionatorios.
Dicha inmunidad inicialmente establecía que sólo sería admisible una demanda por responsabilidad civil o penal en lo personal contra ellos, por actos o conductas exclusivamente relacionados o resultantes de la actividad de supervisión o regulación financieras, cuando exista ya sentencia judicial en firme que anule el acto administrativo correspondiente.
Con la moción que se aprobó, se reformó el texto de modo que dicha inmunidad ya no es tal, ya que se eliminó el requisito de existir una sentencia judicial en firme que anule el acto administrativo para entablar el proceso judicial.
Por el fondo el proyecto recibió 46 votos a favor y 0 en contra. Su segundo debate se fijó para el jueves 12 de septiembre.
Sala IV avala plan para castigar empresas que incumplan contratos de obra vial
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (conocida popularmente como la Sala IV) determinó que el proyecto de ley 20.648, que pretende inhabilitar a las empresas que incumplan los contratos de infraestructura vial con el Estado, no tiene violaciones a los principios constitucionales.
Así fue decidido por la unanimidad del Alto Tribunal mediante la opinión consultiva 2019-16849 emitida el pasado 6 de septiembre a las 9:20 horas y que se dio a conocer este lunes.
Se evacua la consulta formulada en el sentido de que el [...] expediente legislativo N° 20.648, no contraviene los principios de igualdad, de razonabilidad y proporcionalidad, ni el de tipicidad de los ilícitos penales, consultados. Notifíquese.-
La iniciativa consultada por un grupo de diputados desde el pasado 5 de agosto se denomina Adición del artículo 100 TER a la Ley N° 7494, Contratación Administrativa, de 2 de mayo de 1995, para inhabilitar al contratista que incumpla con la construcción, la reconstrucción, la conservación, el mantenimiento y la rehabilitación de proyectos de infraestructura vial pública”.
Los legisladores que frenaron el segundo debate del expediente hasta que la Sala se pronunciara fueron Pedro Muñoz, Óscar Cascante y Shirley Díaz del PUSC; el independiente Erick Rodríguez; Wálter Muñoz y Patricia Villegas del PIN, e Ivonne Acuña, Jonathan Prendas, Marulín Azofeifa, Ignacio Alpízar y Harllan Hoepelman del bloque independiente.
Según el documento, del cual Delfino.cr tiene copia, los diputados alegaron ante los magistrados que la sanción de inhabilitación "viola el principio de igualdad".
"Se está creando una sanción especial para los contratistas de infraestructura vial, con un esquema más gravoso y punitivo que el general que aplica para el resto de los contratistas del Estado en sus diferentes ámbitos. En otras palabras, se estaría colocando en una posición desigual y discriminatoria a esta categoría de contratista que, al resto, sin una razón objetiva y concreta que
sustente este trato diferenciado y más severo", dice el escrito.
Regular situaciones particulares de un contratista de una obra vial, como si fuere una situación que por su importancia social, política o económica justifica distinguirlo de otras, como lo podría ser la construcción de escuelas, hospitales, acueductos, entre otros, implica un trato que a nuestro juicio podría violentar el principio de igualdad ante la ley.
De seguido, los diputados afirmaron que el proyecto viola el "principio de razonabilidad y proporcionalidad" porque se le otorga un "poder sancionador desmedido" a la Administración, y porque al no especificar la gravedad del incumplimiento que se sancionaría, el contratante podría considerar cualquier infracción, por mínima que sea, como grave, y con ello aplicar la sanción de inhabilitación.
Utilizando el argot futbolístico, se está eliminando la posibilidad de sacar tarjeta amarilla de amonestación para pasar directamente a la tarjeta roja de expulsión. Esto claramente podría representar una sanción desproporcionada y poco razonable.
También dijeron que el texto del proyecto establece una sanción de inhabilitación sin tener derecho a una amonestación previa, con una cobertura para toda la Administración Pública sin derecho a que se aplique primero solo a le Administración contratante, y además, el rango de la inhabilitación es de 3 a 10 años y no de 2 a 10 años como está establecido para el resto de contratistas del Estado.
Los congresistas finalmente dijeron a la Sala que la norma que traslada la inhabilitación a todo el grupo económico y a nuevas empresas creadas para evadir la sanción, por ejemplo, le cierra las puertas a la posibilidad de que una empresa con problemas financieros por los cuales incumplió algún contrato, pero con activos valiosos, pueda ser adquirida por otra empresa.
Aunque se desconoce la fundamentación de los magistrados, todos los alegatos de inconstitucionalidad invocados fueron desestimados, de modo que una vez la sentencia llegue al Congreso el proyecto de ley podrá votarse en segundo debate.
Breves
— 25 millones de colones al año se ahorrarán los contribuyentes luego de la decisión de la Asamblea Legislativa de no suministrar más alimentos para el Cafetín de los Diputados. La medida de austeridad se adoptó dado que el presupuesto para el 2020 del Primer Poder de la República crecerá considerablemente debido a los pagos relacionados a la nueva sede que estará concluida el próximo año.
— La diputada Franggi Nicolás se acogió a su licencia por maternidad por complicaciones relacionadas con su embarazo. De esta forma, el Congreso opera ahora, técnicamente, con solo 55 diputados dado el permiso que tiene también el diputado Víctor Morales para ser ministro de la Presidencia.
— Los diputados que votaron a favor de la reforma a las huelgas y sus procedimientos también preparan una consulta de constitucionalidad ante la Sala IV, para blindar el proyecto ante futuras acciones de inconstitucionalidad. Aún no corren los 30 días que tienen los magistrados para pronunciarse sobre el proyecto, antes del segundo debate.









