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1.
Crónica de una multa histórica no aplicada
— Si escucharon Hablando Claro el viernes pasado y ayer lunes mas o menos están al tanto de la historia que les vamos a contar hoy. Caso contrario, puede que solo manejen un lejano recuerdo. Sea como sea... aquí vamos.
— En enero del 2013 la Comisión para la Promoción de la Competencia (Coprocom) sancionó a la entidad financiera Bac Credomatic con una multa de ₡12.000 millones por prácticas anticompetitivas. El período de investigación fue de 20 meses entre 2004 y 2005.
— En marzo del 2015 el ministro de Economía, Industria y Comercio (MEIC), Welmer Ramos González dictaminó una anulación de la sanción, lo que evitó a la empresa pagar la histórica multa.
— ¿Cómo pasó todo esto? El viernes de la semana pasada en el programa Hablando Claro, David Solano Ortiz y Stephan Brunner, exmiembros de la Coprocom, hablaron del proceso legal que enfrentaron desde el 2013 y compartieron con los periodistas Vilma Ibarra y Álvaro Murillo su punto de vista.
Repasemos entonces
— En marzo del 2003 la Coprocom ordenó un estudio sobre el mercado de tarjetas de crédito para investigar posibles prácticas monopolísticas. Con base en ese estudio, se inició, en junio del 2004, un procedimiento administrativo contra la entidad financiera.
Dato D+: La ley 7472 creó la COPROCOM como un órgano de máxima desconcentración, adscrito al MEIC y encargado de conocer todas las prácticas que constituyan impedimentos o dificultades para la libre competencia y que entorpezcan innecesariamente la fluidez del mercado.
— El procedimiento administrativo derivó en la constatación de que el grupo financiero había violado el artículo 12 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor.
— Así, tras el largo proceso de investigación —realizado por tres funcionarios de la Unidad Técnica de Apoyo de la Coprocom— y múltiples contratiempos en el camino —incluyendo un momento en que seis de los diez comisionados tuvieron que apartarse del proceso por tener conflictos de interés en el caso—, la Coprocom logró determinar que Bac Credomatic se había favorecido financieramente al aplicar prácticas monopolísticas en la prestación de datáfonos a los comercios del país.
— Se trataba, en palabras sencillas, de la práctica anticompetitiva de Credomatic de exigir una exclusividad o volúmenes mínimos de transacciones a los comercios que ofrecían el pago mediante pago de tarjetas de crédito.
— Según señalaron los comisionados, la práctica de exclusividad que realizaba Credomatic era de larga data, y la dividieron en tres etapas:
- De 1992 a 1995: Bac Credomatic tenía una cláusula expresa de exclusividad en la cual los comerciantes debían utilizar solo las máquinas de Credomatic y no podían tener datáfonos de la competencia.
- De 1995 a 1999: Tras la promulgación de la Ley para Fortalecer la Competencia, Bac Credomatic cambia la cláusula del contrato a los comercios, e incluye una tasa de descuento en la comisión si los comercios aplicaban el 100% de las transacciones con el datáfono de Credomatic.
- A partir de 1999: Bac Credomatic estableció una cláusula de volumen a los comerciantes para recibir un descuento especial, pero dado que ya conocían el volumen de ventas de todos los comercios al manejar de forma exclusiva todas las transacciones en los años anteriores, se aseguraban establecer volúmenes que requirieran el uso exclusivo de los datáfonos de Credomatic.
— Además, la razón por la que los comercios seguían usando los datáfonos de Bac Credomatic, a pesar de estas cláusulas, era porque los otros bancos solo podían hacer transacciones con tarjetas Visa, ya que Credomatic tenía una exclusividad explícita con las tarjetas American Express y una exclusividad práctica con las tarjetas MasterCard.
— En aquel entonces las marca MasterCard y American Express representaban el 40% del volumen de las transacciones con tarjetas, por lo que las cláusulas que establecía Bac Credomatic le daban un control sobre los comerciantes, ya que si se quedaban sin esos datáfonos para todas las ventas, se quedaban sin acceso a ese 40% del mercado.
— Al momento del proceso administrativo solo se podía sancionar el periodo investigado, a saber de enero del 2004 a agosto del 2005. Sin embargo, solo en ese periodo el informe de la investigación estimó que por esas prácticas monopolísticas Bac Credomatic recibió ganancias indebidas por $24 millones.
Las presiones externas
— Un dato importante es que Solano y Brunner aseguraron que, en medio del proceso de investigación, ellos se reunieron con la Procuraduría General de la República (PGR), donde le aseguraron a la Coprocom que en caso de ser necesario se harían cargo de llevar el juicio.
— Tiempo después la PGR cambió de criterio e incluso la procuradora Andrea Calderón fue a la Coprocom a solicitar que se anulara la sanción, planteándoles los mismos argumentos que previamente había dado Bac Credomatic para defenderse del proceso de investigación.
— Así mismo, Solano Ortiz aseguró que hacia el final del proceso, y antes de que se dictaminara la sanción, recibió la visita de José Ignacio Cordero Ehrenberg, gerente general del BAC y Edgar Rohrmoser, quien había sido comisionado de la Coprocom, quienes le solicitaron que no sancionaran a la entidad financiera. Posteriormente, Brunner confirmó con el resto de sus compañeros que ellos también habían recibido visitas similares.
— También los comisionados aseguraron que a partir de la sanción representantes legales de Credomatic tuvieron reuniones con la entonces jerarca del MEIC, Mayi Antillón Guerrero, pero en ese momento la ministra aseguró que la sanción estaba fuera de su competencia, por ser una decisión de Coprocom.
— Ante la inminente aplicación de la sanción, la entidad financiera interpuso una denuncia penal contra tres de los comisionados que dictaron la sanción (David Solano Ortiz, Fabio Vincenzi y Stephan Brunner). La denuncia buscaba no solo evitar la sanción, sino que los comisionados demandados tuvieran que pagar daños morales a los altos ejecutivos de Credomatic, daños a la imagen del Banco y los honorarios de tres firmas legales, así como los honorarios de los abogados penalistas Francisco Castillo y Juan Diego Castro por el proceso legal para que los funcionarios de Coprocom fueran penados con 3 años de cárcel por el delito de prevaricato.
— Además, Bac Credomatic solicitó en el proceso judicial contra los comisionados que todo el proceso de investigación hecho por la Coprocom fuera confidencial, razón por la cual hasta ahora es que los involucrados pueden hablar de este caso, tras la decisión del Tribunal Penal primero y del Tribunal de Apelaciones después (diciembre 2018) que exoneró a los acusados y señaló que la sanción sí se hizo a derecho, que debió haberse ejecutado y que el Ministro de Economía no tenía potestad para anular el proceso.
¿Por qué no se ejecutó la sanción a Bac Credomatic?
— En 2014 el entonces jerarca del MEIC, Welmer Ramos, recibió la visita de la entonces procuradora General de la República, Ana Lorena Brenes Esquivel y otros dos funcionarios de la PGR quienes le indicaron que la sanción establecida a Bac Credomatic tenía una contrademanda por parte del grupo bancario, en la cual el Estado podía perder ₡1.200 millones (una décima parte de la multa establecida) y que en criterio de la PGR ese caso estaba perdido y de aplicarse la sanción traería consecuencias al Estado.
Dato D+: En el 2015, cuando Welmer Ramos anuló la sanción a Credomatic, la Defensoría de los Habitantes de la República, el Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Economía Industria y Comercio, Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, Ministerio de Comercio Exterior, Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica o el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, tenían presupuestos anuales menores a ₡12.000 millones.
— Posterior a esa visita, el entonces jerarca del MEIC envió la consulta DM-709-14 solicitando a la Procuraduría que emitiera un dictamen vinculante sobre el caso, al cual Julio Mesén Montoya, procurador de Hacienda, contestó en el oficio C27-2015 un dictamen favorable para la anulación de la sanción impuesta.
— Tras conocer ese oficio, Ramos procedió a emitir en marzo del 2015 el informe DM012-2015 en la cual anulaba la sanción económica impuesta por la Coprocom al BAC Credomatic, liberando así a la empresa del pago de la multa.
La versión de Welmer Ramos
— En el programa Hablando Claro del día de ayer, Ramos se defendió señalando que él siguió los criterios legales que le decían que la sanción debía ser anulada, ya que había sido fijada en un proceso irregular que no se sostendría en los juzgados, versión que habían dado tanto la asesoría legal de la Coprocom, como Wendy Jiménez Palacios, de la Unidad Jurídica del MEIC y hasta la Procuraduría General —todos repitiendo los mismos argumentos legales que había dado Bac Credomatic—.
— Ramos dijo que según él entendió —aunque no aparece explícitamente en ninguno de los documentos— era él la autoridad competente para anular la sanción.
— Ramos, además, dijo en la entrevista que en su momento no acudió a la Coprocom antes de tomar la decisión de anular la sanción porque “desconfiaba de la Coprocom”, y añadió que a quien se debería investigar es a quien le dio a él la recomendación.
El epílogo
— El caso deja mucho que desear del accionar por parte de todos los asesores legales involucrados ya que la sentencia que exonera a los comisionados dice expresamente que la resolución adoptada no era contraria a la ley, que no se dictaminó con base a hechos falsos y que el jerarca del MEIC no tenía competencia para anular la sanción (como según Ramos, le dieron a entender a él), razón por la cual la Fiscalía General abrió una investigación contra Ramos, aunque claramente esa investigación debería extenderse a quienes, representando al Estado, le solicitaron hacer lo que hizo.
— En medio de todo lo preocupante de esta historia hay que rescatar que por lo menos la Asamblea Legislativa aprobó la semana pasada la Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica, que justamente viene a dar mayores herramientas a la Coprocom para promover la competencia y combatir los monopolios en el país.
2.
Lotería en la Municipalidad de Montes de Oca y el desorden en la Quebrada de Los Negritos
— Juan Bolaños dice que él "se sacó la lotería"; eso fue justo lo que le contestaron los funcionarios del Tribunal Ambiental del Ministerio Público, en una de las primeras inspecciones de su propiedad, cuando inició el proceso que ahora lo obliga a demoler gran parte de su casa, ubicada en la comunidad de Sabanilla. Ello debido a que la Municipalidad de Montes de Oca lo acusa de invasión al área de protección de La Quebrada de los Negritos.
— En la causa contra Bolaños, que la Municipalidad escaló a tribunales, se acusó a este vecino de 70 años de haber invadido con fines constructivos, las áreas de la zona de protección mencionada. Esta acusación se ampara en que desde 1969, la Ley Forestal exige "una zona mínima de diez metros, a ambos lados, en la ribera de todos los ríos, quebradas o arroyos" para la construcción en terrenos planos (esta disposición se mantuvo con la reforma y actualización de la ley en 1996, ahora en su artículo 33).
— El tema es que esta demanda no explica por qué entre 1985 y 1986, cuando Bolaños estaba en proceso de construcción, fue ese mismo municipio el que le otorgó un permiso de uso de suelo que señala que el margen de retiro que debe dejar detrás de la construcción, era de apenas 5 metros, según consta en un oficio fechado el 16 de octubre de 1985 y del que Delfino.cr tiene copia.
— Este mismo retiro fue autorizado también en el alineamiento vial que le otorgó, al proyecto el Departamento de Obras Fluviales del MOPT con fecha al 20 de diciembre de ese mismo año, y todo eso se refuerza con el permiso de construcción que emitió el departamento de ingeniería de la propia Municipalidad de Montes de Oca, el 6 de febrero de 1986, cuando dio el visto bueno para construir la vivienda así.
¿Qué es lo que me dice todo el mundo, incluida la jueza que llevó este procedimiento? Que se ha hecho lo correcto pero que en un juicio, ningún juez va a poder liberarnos de esa demolición. Por eso lo que tenemos que hacer es demoler la casa y después ir a hacer un contencioso administrativo contra la Municipalidad para que se nos reconozcan los daños y perjuicios, nos aseguró este vecino que lleva más de 5 años en este lío legal.
— Para Bolaños, tener que demoler y luego empezar un proceso que va a durar de 10 a 12 años no tiene ningún sentido: "eso de que sí, la Municipalidad se equivocó, vaya demándela a ella, no es más que una injusticia".
— ¿Su caso es el único? No, para nada. Ya desde 2010, estudios de la Universidad de Costa Rica señalan que, a pesar de todas las disposiciones de la Ley Forestal, el área urbanizada de la Quebrada de los Negritos representa casi el 71% de su área total que se divide en invasiones por uso residencial, carreteras, pastizales y en menor medida zonas de uso comercial, lotes baldíos, cafetales y estacionamientos, entre otros. De hecho, Bolaños asegura que lo más molesto para él es que en su caso, su terreno "es el que menos invade" y que ante ello la única respuesta que ha recibido de los personeros del Tribunal Ambiental, es que la solución es que vaya a demandar al resto.
— Desde la semana anterior Delfino.cr ha tratado de gestionar una entrevista con representantes de la Municipalidad de Montes de Oca para que nos expongan la posición municipal sobre este tema; sin embargo, como respuesta a nuestra consulta lo que recibimos fue la escueta información de que "solo en 2017 la Oficina de Gestión Ambiental tramitó 11 casos por invasión a zonas de protección, ante la Fiscalía Agrario Ambiental del Ministerio Público y el Tribunal Ambiental. En 2018 se tramitaron seis casos, de acuerdo con los datos de la Oficina de Gestión Ambiental del Gobierno Local. Y continuamos trabajando por detectar nuevos casos y acudir a las audiencias que nos soliciten las entidades superiores que rigen en la materia".
— Eso no explica qué se hará con todos los casos donde la construcción se realizó con permisos que otorgó erróneamente la misma municipalidad, como sucede con este, que perfectamente pudo haber pasado desapercibido pues Bolaños asegura que a él "le cayeron" debido a que hace unos años pidió un permiso para una ampliación de segundo piso en su vivienda y que fue ahí donde la Municipalidad detectó la invasión. Ahora lo que le toca a don Juan es prepararse para demoler, a más tardar en diciembre próximo, y alistar los trámites para la década que tardará su caso en el Tribunal Administrativo del Estado, mientras espera que algún día, alguien de la municipalidad le dé respuesta sobre el error cometido.
3.
Barra de prensa
Tras el visto bueno de la Sala Constitucional, los diputados aprobaron un proyecto de ley en segundo debate que quitará 1250 millones de colones anuales al programa de lucha contra el cáncer de la CCSS, para destinarlo al Icoder. Además se le dio segundo debate en primera legislatura a la reforma constitucional para variar los periodos de sesiones en el Congreso y el plan de reforma a las huelgas inicia este martes su recta final en el Plenario. Todos los detalles en Barra de Prensa.
4.
Barbas en Remojo
Reportes como el de hoy nos pueden llevar a perder la esperanza, otra vez. O a querer arrancarnos los pelos de la frustración. Pero mejor no. Mejor leamos a Jorge Vargas Cullel. Mejor tratemos de entender que cambiar ese sistema que tan desanimados nos tiene es labor de todos. Estamos a tiempo.
5.
Palabras Prestadas
"Acepto que me precipité y no verifiqué la realidad de una "noticia" sobre el periodista Jorge Ramos, de Univisión, y la salida intempestiva de Alvarado de su actividad en Limón. Le di credibilidad por la cercanía con la fuente que me la proporcionó. Asumo la responsabilidad".
"Este tweet debería ser algo como: Acepto que con mucha frecuencia comparto información falsa o tergiversada para manipular a un sector que necesita creer que su patrono es su principal enemigo, pero el fin justifica los medios..."
— Esteban Mora en respuesta a Albino Vargas.
"Las leyes están para cumplirse y para cumplirse a cabalidad y no a medias. Los derechos humanos son para todas las personas y son inviolables".
"Las mujeres seguimos teniendo la responsabilidad del cuidado y de los quehaceres del hogar. Tenemos menos tiempo para capacitarnos y accedemos menos a los puestos de poder. Necesitamos más corresponsabilidad y más compromiso de los Estados y los hombres".
6.
Botonetas
— Mucho ojo, en la Zona Norte: Arranca juicio contra alcalde de San Carlos por enriquecimiento ilícito.
— Entrevista recomendada: Ana Helena Chacón: “Si el ser humano no es el centro de cada decisión, perderemos nuestra esencia”.
— Nos siguen llegando noticias buenas acerca del deporte femenino nacional: Andrea Vargas brilla en Europa y gana plata en Suiza como parte de su preparación para el Mundial.
— Siguiendo con el tema municipal, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) puso a disposición de los ciudadanos una serie de recursos informativos para que conozcan de cerca la situación de su cantón, el funcionamiento del gobierno local y los datos más relevantes sobre las etapas del proceso electoral municipal 2020. Esta herramienta tiene varios componentes, el primero de ellos es el Fichero Cantonal, que permite conocer la realidad social, económica, ambiental y los índices de gestión de todos los cantones de nuestro país; el Fascículo “Funcionamiento municipal y rol de las autoridades electas” que busca explicar la labor de los gobiernos locales así como los deberes de quienes trabajan en la municipalidad y la sección Municipalidad de Bolsillo con una serie de informaciones que ustedes no pueden perderse, rumbo a las elecciones de febrero.
— Con el objetivo de formar a una nueva generación de jóvenes y niños que sepan cómo convivir con la amenaza volcánica y cómo actuar ante una eventual erupción, es que Volcanes Sin Fronteras presenta el proyecto el proyecto "Monte Olimpo", que busca capacitar a niños de entre 8 y 12 años diferentes aspectos sobre el geoentorno costarricense, con ejemplos prácticos y didácticos donde expertos en la materia le explicarán a los menores, entre otras cosas, qué es un volcán, cuáles son sus beneficios y peligros y cómo actuar en caso de una erupción. Los centros educativos interesados podrán inscribirse en el proyecto pueden contactar a la organización, aquí.
