Este lunes 2 de setiembre arrancó el juicio contra el alcalde de San Carlos y contendiente para reelección en la contienda municipal de 2020, Alfredo Córdoba Soro, quien se sentó en el banquillo de los acusados, por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito que se le imputa.
La causa, tramitada bajo el expediente 15-00083-0621 PE, acusa a Córdoba y a Wilbur Rojas Cubero, de nombramientos ilegales, tráfico de influencias, estafa, falsedad ideológica, reconocimiento ilegal de beneficios y falsedad ideológica en perjuicio de la función pública.
La acusación señala que, en apariencia, Córdoba habría aprobado el nombramiento de Rojas como director municipal, a pesar de que este no contaba con los requisitos académicos para el puesto. Además, al funcionario cuestionado se le habrían pagado pluses que no le correspondían y que habrían venido de la mano de la aprobación de un aumento de salario para el alcalde.
Estos hechos se remontan al año 2002 y han sido investigados tanto por la Contraloría como por la Procuraduría General de la República desde entonces. De ahí la acusación ascendió hasta la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción y ahora, luego de que el auto de apertura de juicio fuese emitido a finales de agosto del 2017, al Tribunal de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José.
En su defensa, Córdoba aseguró que él nombró al funcionario de acuerdo a lo que en su momento le señaló el departamento legal del municipio y que lo que pasó, asegura, fue que el Concejo Municipal cambió los requisitos del puesto.
La apertura de este juicio estaba programada para este lunes a las 8 de la mañana y de ahí se extenderá hasta el próximo viernes 6 de setiembre.
Cuatro causas más
Además de esta causa que ya está en periodo de juicio, Córdoba Soro está afrontando cuatro procesos más en su contra.
Según el medio regional San Carlos Digital, al alcalde le investigan cuatro causas más por los aparentes delitos de administración en provecho propio (Expediente 17-001337-306-PE), pago irregular de contrato administrativo (Expediente 16-0018-62-306-PE) y dos más por sustracción de bienes de dominio público (Expedientes 16-001464-306-PE y 16-000475-306-PE).
Estos casos están en la etapa de investigación preliminar desde 2017 pero tampoco son los únicos. A la administración municipal también se le cuestiona el uso de 1.300 millones de colones que el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación les había transferido para las obras de la pista atlética en la Ciudad Deportiva de San Carlos.
Estas obras quedaron inconclusas y sin mantenimiento, a pesar de los recursos girados, y por ello es que el Icoder solicitó en 2016 que la Fiscalía de San Carlos elevase el caso a instancias judiciales.
