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Diputados cierran extraordinarias de agosto con ley anti-monopolios y regulación a Airbnb

El Plenario de la Asamblea Legislativa cerró este jueves el primer periodo de sesiones extraordinarias de su segundo año de labores con la aprobación en segundo debate de la ley anti-monopolios, así como el primer debate a la normativa que regulará las plataformas de hospedaje no tradicional como lo es Airbnb.

Los legisladores aprobaron ambas iniciativas en una sesión caracterizada por rupturas constantes del quorum debido a la ausencia numerosa de otros diputados, pero que transcurrió (a diferencia de la del miércoles) con mayor cordialidad.

El primer proyecto aprobado en la sesión de la tarde fue el expediente 21.303 denominado Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica, uno de los que integra la agenda de incorporación del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y que, a diferencia de su primer debate, en esta ocasión sí tuvo un voto negativo: Erwen Masís del PUSC, quien además es integrante de la comisión especial que dictaminó este proyecto.

¿En qué consiste este proyecto? Pues en darle las herramientas necesarias a la Comisión para Promover la Competencia (COPROCOM) para que verdaderamente cumpla su función de promover la competencia y combatir los monopolios en el país.

Para ello se le otorga personalidad jurídica instrumental, independencia administrativa y presupuestaria, potestad de contraer actividad contractual, administrar sus recursos y su patrimonio; y suscribir contratos y convenios con entidades públicas y privadas nacionales o internacionales.

Para financiar las nuevas responsabilidades otorgadas, COPROCOM tendrá un presupuesto constituido por un nuevo destino específico que saldrá del Presupuesto Nacional: no menos de 2368 millones de colones por año.

Otra de las novedades es que la COPROCOM podrá imponer fuertes multas a empresas que incurran en prácticas desleales, las cuales serían de hasta el 10% de su volumen anual de negocios; de modo que sea una sanción disuasoria mas no confiscatoria.

De igual forma, se dividen las faltas en leves, graves y muy graves, con la respectiva multa para cada una.

Entre las leves se tipifica brindar información incompleta o sin justificación a las autoridades; notificar de operaciones de concentración económica de forma tardía, o entorpecer las investigaciones que se permiten con la ley. Ello será castigado con multa de entre 0,1% al 3% del volumen de negocios. 

Entre las faltas graves se encuentra negarse a dar información a las autoridades competentes sin razón justa, o darla falseada, alterada o de forma engañosa; así como impedir investigaciones o inspecciones por parte de las autoridades de competencia. Se castigará con multa de entre 0,1% al 5% del volumen de negocios.

Finalmente, las faltas muy graves incluyen prácticas monopolísticas relativas y absolutas, incumplir resoluciones de las autoridades de competencia, incumplir medidas cautelares, entre otras. La multa será de hasta el 10% de su volumen de negocios.

Otra posible sanción es la inhabilitación para contratar con el Estado en el caso de personas jurídicas, o multas de hasta 288 millones de colones para personas físicas.

Minutos después del segundo debate el proyecto fue firmado como Decreto Legislativo para enviarse a la Casa Presidencial, donde se promulgará como Ley de la República en los próximos días.

Luego correspondió el expediente 20.865 denominado Ley Marco para la Regularización del Hospedaje No Tradicional y su Intermediación a través de Plataformas Digitales pero que informalmente se conoce como el proyecto para regular Airbnb y sus similares.

Este proyecto aún no estaba del todo listo para el Plenario pues aún requería el trámite de mociones. Sin embargo los diputados aprobaron una moción de dispensa de trámites para entrar a ver las proposiciones presentadas, discutirlas y votarlas de inmediato.

Tras aprobar algunas y rechazar otras, los 39 diputados presentes a ese momento aprobaron el proyecto en primer debate.

¿Qué regulaciones trae este proyecto? Sus disposiciones aplicarán para la prestación de servicios turísticos de alquiler de viviendas, apartamentos, villas, chalés, bungalós, cuartos o cualquier otra construcción análoga que conformen un todo homogéneo e independiente; y las plataformas de empresas comercializadoras o intermediarias que median entre las personas usuarias y prestatarios del servicio de hospedaje no tradicional.

La iniciativa define el hospedaje no tradicional como un tipo de turismo que consiste en la prestación de servicios de alquiler de viviendas, apartamentos, villas, chalés, bungalós, cuartos o cualquier otra construcción análoga, por periodos no mayor a un año ni inferior a las 24 horas.

Será responsabilidad de Instituto Costarricense de Turismo establecer convenios de cooperación con empresas comercializadoras o intermediarias para el flujo de la información requerida para cumplir con las competencias definidas en la iniciativa. En el mismo sentido, se autoriza al Ministerio de Hacienda a establecer convenios de cooperación con empresas comercializadoras o intermediarias con la finalidad de facilitar el cobro de los impuestos y realizar la recaudación efectiva de los mismos.

En total los diputados definieron siete obligaciones para los prestatarios de servicios de hospedaje no tradicional:

  1. Realizar su inscripción como prestatario del servicio de hospedaje no tradicional ante el Instituto Costarricense de Turismo.
  2. Inscribirse ante la Dirección General de Tributación como contribuyente para el pago de los impuestos establecidos por ley.
  3. Expedir factura digital desglosada con los servicios prestados, de acuerdo con los precios pactados o convenidos.
  4. Ofrecer un producto adecuado a los objetivos de comercialización y servicios turísticos de prestatarios del servicio de hospedaje no tradicional
  5. Velar por la seguridad, la tranquilidad, la comodidad y la intimidad de las personas usuarias de los servicios.
  6. Permitir el acceso libre y la permanencia a las personas usuarias de los servicios sin más restricciones que las que vengan establecidas por el sometimiento a la ley, a las prescripciones específicas que regulen la actividad y, en su caso, al reglamento de condominio según aplique. No podrá haber preceptos discriminatorios por razón de nacionalidad, etnia, género, religión, discapacidad opinión u otra circunstancia personal o social.
  7. No generar cláusulas abusivas en los contratos que impliquen la renuncia a los derechos contemplados en el proyecto o leyes aplicables.

En cambio, las empresas que comercialicen o sean intermediarias (como la misma Airbnb) tendrán cinco obligaciones: 

  1. Inscribirse ante la Dirección General de Tributación para el pago de los impuestos establecidos por ley.
  2. Facilitar la información requerida por instituciones del Estado sobre prestatarios del servicio de hospedaje no tradicional que se ofrece para disfrute en el territorio nacional, inscritos en su plataforma de servicios.
  3. Retener y pagar a la Dirección General de Tributación en caso de que el pago del usuario se realice por medio de su plataforma de servicio, lo correspondiente a los impuestos establecidos por ley para desarrollar la actividad comercial.
  4. Advertir, por medio de un aviso en sus plataformas de intermediación, a los prestatarios del servicio de hospedaje no tradicional del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley.
  5. Especificar en sus plataformas de intermediación si los servicios de hospedaje no tradicional ofrecidos cumplen o no con la Ley N.° 7600, Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, del 02 de mayo de 1996.

Finalmente, los diputados establecieron que se considera funcionamiento ilegal del servicio de hospedaje no tradicional cuando el prestatario del servicio no cuente con los requisitos de comercialización y de servicio establecidos en la ley; utilice denominaciones de la actividad hotelera, en el servicio de hospedaje no tradicional, de forma tal que pueda inducir a error sobre la clasificación, categorías o características de la actividad, o sobre los servicios prestados al usuario; o comercialice el servicio de hospedaje no tradicional sin estar inscrito en el registro de prestatarios del servicio de hospedaje no tradicional.

Para las faltas anteriores se aplicarán las sanciones establecidas en el ordenamiento jurídico para la realización de una actividad comercial ilegal. Además, requerirá la intervención inmediata de la Dirección General de Tributación, Ministerio de Salud, municipalidades y cualquier otra institución que regule las actividades comerciales.

Finalmente, 37 diputados a favor y 1 en contra (José María Villalta) dieron el primer debate al expediente 20.778 denominado Aprobación del Acuerdo entre el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos y el Gobierno de la República de Costa Rica para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones.

Este es un convenio típico en la materia y reproduce todos sus tradicionales contenidos: los principios generales de trato nacional y nación mas favorecida, un nivel mínimo de trato, particularmente en el caso de expropiación de inversiones que en esencia se limita a reproducir el nivel de protección constitucional que nuestro ordenamiento ya contempla, el principio de libertad de movimientos de capital para la transferencia de remesas y repatriación de capitales.

Asimismo, establece el recurso tradicional al arbitraje para solución de controversias entre las Partes y el arbitraje ante el CIADI para diferencias de inversión entre un Estado y un inversionista de la otra Parte, previo agotamiento de instancias previas o de medios políticos de solución de conflictos.

Finalmente, especifica detalladamente todas las excepciones generales y especiales que reconoce la disciplina del comercio internacional en virtud de las cuales las Partes se reservan todas sus potestades soberanas en materia de regulación de temas de seguridad nacional, salud de personas, plantas y animales, protección del medio ambiente, materia tributaria, y orden público.

Antes de su segundo debate este proyecto requiere del visto bueno de la Sala Constitucional.