Escuche la versión en audio de este Reporte
— Como recordarán según los datos de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) en este momento se desconoce el paradero de un total de 570 personas que tienen a su haber el beneficio de ejecución de sus penas carcelarias vía tobilleras. El Ministerio de Justicia, por su parte, afirma que los fallos se deben a errores tecnológicos y a la poca celeridad del proceso judicial; mientras tanto, y en medio de las versiones cruzadas que se van haciendo cada vez más grandes, todos seguimos esperando respuestas claras y certeras que no terminan de llegar.
— Todo indica que la luz en el tema todavía está distante, o al menos eso se desprende de las comparecencias que brindaron el día de ayer tanto los representantes de la ESPH como la jerarca de Justicia, Marcia González Aguiluz, que fueron convocados a rendir cuentas ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa.
— Rememoremos, pues aquí estamos frente a un conflicto que no es nuevo: desde el 2018 la Contraloría General de la República ordenó al Ministerio de Justicia que emprendiera acciones legales contra la ESPH por estar incumpliendo el contrato con el Ministerio; Justicia, por su parte, no ha parado de denunciar atrasos en la entrega de las tobilleras. Sin embargo, y en medio de las tensas relaciones biinstitucionales, lo que elevó el tono del conflicto la semana pasada, fueron las declaraciones de la ESPH cuando sus personeros aseguraron que el Ministerio no está atendiendo correctamente las alertas que está enviando el sistema, cuando una de las personas privadas de libertad monitoreadas se aleja del perímetro que se le permite o apaga el aparato. Estas acusaciones, incluyeron el reclamo por hasta 700.000 alertas que llegaron a acumularse sin debida atención.
— Ante las acusaciones, Justicia respondió asegurando que todo era una "cortina de humo" y que lo que ESPH trataba de hacer era tapar el desabastecimiento de tobilleras que se le reprochaba. Todo este contexto explica el deseo de los diputados de tratar de esclarecer el asunto.
— Ahora, y haciendo un recuento de lo que pasó ayer, en su intervención González Aguiluz aseguró que los datos que maneja Justicia señalan que los privados de libertad que permanecen desconectados son ¿apenas? 62 y no los 570 que señala la ESPH. 62 que, asegura, se mantienen con vigilancia telefónica y presencial, según la jerarca. Eso sí, reconoció que hay errores en el sistema que han provocado la fuga de otros 21.
— ¿Cuáles son esos errores? Bueno pues en primera instancia, una “lentitud en la respuesta de los jueces” a los reportes de infracciones por parte de Justicia: González afirmó que solo un 15% de los informes remitidos a los juzgados han recibido respuesta y que el 20% de estas tardaron hasta 2 meses en llegar. Como segundo punto la jerarca aseguró que hay "múltiples factores tecnológicos" que hacen que las tobilleras que tenemos sean obsoletas y eso sería responsabilidad de la ESPH. Según la ministra, las redes de comunicaciones que dan soporte a la plataforma de monitoreo electrónico no son las adecuadas ni están dando abasto y por ello es que las alertas no están llegando en tiempo real al Ministerio de Justicia. La jerarca afirmó que el sistema de la ESPH "se cae con frecuencia" y que hay registros de solicitudes para cambiar dispositivos que no están siendo atendidos, a pesar de que esa obligación está definida en el contrato firmado por ambas partes.
— A todo esto hay que sumar que la semana anterior, un estudio de Grupo Cesa, la empresa encargada de importar las tobilleras al país, reveló que había un total de 567 privados de libertad cuyo paradero era desconocido (un número bastante similar al que maneja la ESPH y bastante alejado de los 62 de Justicia) debido a que las tobilleras que portan no están emitiendo ninguna comunicación por falta de batería. Al respecto, ayer González afirmó ante los legisladores que esta información es falaz pues, según la jerarca, aunque la tobillera electrónica pierda señal el dispositivo sigue registrando la ubicación por medio de GPS y por ello no se pierde completamente el rastro de quien la porta... El problema que es según la información de la ESPH, esa conexión sí que se pierde.
— El encargado de Desarrollo de Negocios y Servicios de la Empresa, Daniel Vargas, aseguró que si el dispositivo se apaga, se pierde por completo la ubicación de la persona que la lleva consigo y el sistema puede acceder a un registro de sus ubicaciones hasta que el aparato sea nuevamente encendido. Es por esto que la alerta de la empresa refirió a que en este momento tienen por perdido el rastro de un total de 570 personas, pues de ellas hay 136 cuyas tobilleras registran un 1% de batería y 434 que registran un 0%. La acusación se agravó cuando el consultor externo de la empresa, William Villalobos, afirmó que de esas centenas de privados de libertad, hay 221 que tienen de 30 a 180 días sin estar en monitoreo y que por tanto, podríamos estar hablando de personas que tienen entre uno y seis meses sin que se sepa dónde están.
— Por esta razón, y ante la gravedad de lo expresado el día de ayer, es que la Comisión de Seguridad y Narcotráfico aprobó una moción para llamar a comparecer al Consejo Nacional de Jueces y Juezas de Ejecución de la Pena y otra para pedir una serie de documentos al Ministerio de Justicia que detallen el estado real del asunto.
— Independientemente de si la culpa es de la ESPH, de Justicia, de los jueces o de quien sea, lo cierto es que lo que aquí enfrentamos es otro de esos casos donde ejecutamos tan mal una buena idea que lo que nos queda es un conjunto de instituciones culpándose y desmintiéndose una a la otra, en medio de un mar de dudas, cuestionamientos y de más de 500 condenados a los que hace rato, aparentemente, se les perdió el rastro.
