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— Ayer la Contraloría General de la República (CGR) dio el golpe del día (¿la semana?) al emitir el oficio DFOE-SOC-0907 en el cual estableció que la Caja Costarricense del Seguro Social no puede iniciar el proceso de lesividad que había prometido a los sindicatos para detener la huelga del mes pasado, y que los acuerdos (tanto el de febrero como el de agosto) no son actos administrativos declaratorios de derechos, por lo que la CCSS está obligada a aplicar todas las reformas a incentivos salariales que estableció la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (LFFP), en lo concreto: pasar los incentivos salariales de montos porcentuales a montos nominales.
Dato D+: El proceso de lesividad está regulado en el Código Procesal Contencioso Administrativo y está constituido como el proceso judicial en el cual la propia Administración autora de un acto administrativo declaratorio de derechos solicita su nulidad, por ser el mismo contrario a los intereses públicos, económicos o de cualquier otra naturaleza.
— La orden de la Contraloría se da ya que la fracción del Partido Unidad Social Cristiana, inconforme con el acuerdo alcanzado para poner fin a la huelga, decidió consultar a la Contraloría si lo pactado era legalmente viable.
— Posterior al anuncio de la decisión de la Contraloría se generó tremenda confusión ya que algunos medios informaron inicialmente que la Contraloría estaba obligando a la CCSS a aplicar la regla fiscal. Sin embargo, hay que recordar que la LFFP estaba compuesta por cuatro títulos: I. Ley de Impuesto de Valor Agregado, II. Ley de Impuesto a los Ingresos y Utilidades, III. Modificación a la Ley de Salarios de la Administración Pública y IV. Responsabilidad Fiscal de la República (conocido como regla fiscal).
—El mandato de la Contraloría es que la Caja cumpla con lo establecido en cuanto al Título III, que es donde se establece el cambio de todos los incentivos del sector público de montos porcentuales a montos nominales y demás reformas a incentivos salariales. La Contraloría no menciona nada de la aplicación de la regla fiscal a la CCSS. Recordemos que el presupuesto de la CCSS está conformada por el Régimen No Contributivo (RNC), el Régimen de Invalidez Vejez y Muerte (IVM) y el Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) y la LFFP expresamente dejó por fuera de la regla fiscal al RCN y al IVM mientras que el criterio de la Sala Constitucional dejó por fuera al SEM. Así que, en la práctica, la CCSS está completamente exonerada de la aplicación de la Regla Fiscal, es decir, el título IV.
— El dictamen de la Contraloría incluye una orden a la Junta Directiva de la Caja Costarricense para que sesione extraordinariamente en un plazo máximo de cinco días hábiles, con la finalidad de que adopten los acuerdos que acrediten el acatamiento de lo ordenado.
— La Junta Directiva de la CCSS no tiene mayor margen de acción más que acatar la orden de la Contraloría, ya que sus integrantes se exponen a ser sancionados con suspensión y hasta destitución si no acatan lo que pidió la Contraloría. Eso sí, no olvidemos que aunque los directivos de la CCSS cumplan con lo solicitado en el papel, la aplicación de los cambios a los incentivos salariales (de porcentuales a nominales) sería posible hasta marzo del 2021.
— Las reacciones tras el anuncio fueron las esperables, los empresarios y diputados de oposición celebraron la orden de la CGR, mientras que los sindicatos de la CCSS se mostraron molestos por el anuncio y amenazaron con una nueva huelga.
— Marvin Atencio Delgado, secretario general del Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas (Siprocimeca), declaró a La Nación:
La Contraloría es la misma carajada del Gobierno (...) ¿Qué se puede esperar de un abogado del Gobierno? Esto lo esperábamos desde hace rato.
—Con esa frase, el exdiputado del PAC (2014-2018) solo dejó en evidencia su ignorancia al confundir la Contraloría con la Procuraduría General de la República —la cual funciona como el abogado del Estado—, además, es importante recordarle al exdiputado que el artículo 183 de la Constitución Política establece que la Contraloría —si bien es un ente auxiliar de la Asamblea Legislativa (no del Gobierno)— cuenta con completa independencia funcional y administrativa, y tiene como función la vigilancia de la Hacienda Pública.
— Otro de los líderes sindicales que se manifestó en contra del pronunciamiento de la Contraloría fue Lenín Hernández Navas, secretario General del Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (Sinaes), quien dijo en conferencia de prensa que les estaban dando "las armas" para darle fuerza a los trabajadores para "salir a la calle a pelear", antes de asegurar que están en una “guerra” con diputados, Hacienda, la Contraloría y la Defensoría.
— En esa misma conferencia de prensa se anunció que el Sinaes, junto a la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum, presentaron una demanda contensioso-administrativa contra la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar Montoya, y la ministra del Mideplan, Pilar Garrido Gonzalo, por haber firmado el segundo decreto —el que se firmó después del acuerdo del 20 de febrero— para regular la aplicación del Título III de la LFFP, justamente, el decreto que "originó" la huelga del mes pasado.
— Hay que señalar que, desde antes de que se conociera la noticia, algunos de los sindicatos de salud ya se encontraban en huelga al unirse a las protestas de los sindicatos del Magisterio (ANDE y APSE) en contra del proyecto que regula las huelgas y fue aprobado en primer debate el martes pasado. En la huelga de ayer, los centros médicos más afectados fueron los hospitales Nacional de Niños, Nacional de Geriatría y San Vicente de Paul (Heredia), donde se tuvieron que cancelar cirugías por la falta de personal.
— Así las cosas, ante la amenaza latente de una nueva huelga en la CCSS —y con el proyecto de ley para regular las huelgas en pausa por un mes— la situación se presenta compleja para las autoridades de la CCSS y el Gobierno, ya que no tienen, en este momento, mayores medidas de presión ni cartas para negociar y el proceso de declaratoria de ilegalidad es aún extremadamente lento. Para muestra un botón: hasta el día de ayer se declaró (en primera instancia) la ilegalidad de la huelga en la CCSS de hace dos meses...
