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— El día de ayer la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar Montoya, fue enfática al indicar que las condiciones salariales que se establecieron con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas aplican para todos los funcionarios de cualquier institución pública y que cualquier monto que haya sido pagado de más desde el 5 de diciembre del año pasado deberá ser devuelto a las arcas del Estado.
— La aclaración de la ministra se da después de que se conociera que la Caja Costarricense del Seguro Social necesitará de 20 meses más —o sea hasta marzo del 2021— para poder aplicar todos los cambios que trajo la ley en el tema del pago de remuneraciones, especialmente en lo que tiene que ver con las anualidades e incentivos salariales.... justamente el motivo medular de la actual huelga en la CCSS.
— Pero el tema de remuneraciones no es el único en el que Hacienda ha tenido que salir a aclarar los alcances de la ley aprobada, ya que también enfrenta oposición de varias instituciones en torno a la aplicación de la regla fiscal.
Dato D+: La regla fiscal impone un límite al crecimiento del presupuesto de las instituciones públicas y el Gobierno Central en función del crecimiento de los años anteriores, para el 2020 ese límite será de 4.67% aplicable al gasto corriente.
— Recordemos que las universidades públicas llevan un proceso judicial para que la Sala Constitucional defina si están o no incluidas en la aplicación de la regla fiscal, mientras que las municipalidades recurrieron a la Asamblea Legislativa para que se les deje por fuera también.
Dato D+: El proyecto de ley 21.494 para dejar a las municipalidades por fuera de la regla fiscal recibió la aprobación de una vía rápida en el Congreso el pasado 1 de julio, pero no fue convocado por el Poder Ejecutivo para las sesiones extraordinarias, por lo que su trámite en la Asamblea se encuentra en pausa.
— Además, el día de ayer en conferencia de prensa el ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora, dijo que la regla fiscal no aplicaría a la CCSS:
El tema de la aplicación de la regla fiscal, lo veremos en los próximos días, no será de aplicación a la Caja por los criterios que estamos disponiendo y los contenidos mismos de la ley.
— Las declaraciones del nuevo ministro se dan a pesar de que en la reforma fiscal solo quedaron exonerados de la regla fiscal el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y el régimen no contributivo. La Sala Constitucional señaló que también debía quedar por fuera el seguro de enfermedad y maternidad, pero no la CCSS en su totalidad, posición que ya el Ministerio de Hacienda había sostenido.
— Así las cosas, no podemos estar seguros de si el ministro fue impreciso en su afirmación, si todavía no tiene la información completa (a pesar de venir de la Asamblea Legislativa donde se formuló la ley) o si sus declaraciones son señal de un cambio de criterio del Ejecutivo, pero en medio de una huelga en la CCSS lo cierto es que sus palabras lo perseguirán en el corto plazo.
— Por otro lado, el día de ayer Hacienda finalmente anunció cuáles exoneraciones del antiguo Impuesto General Sobre las Ventas permanecen vigentes tras el cambio al Impuesto de Valor Agregado (IVA).
— La aclaración se da ya que desde que se aprobó la reforma fiscal desde el Ministerio de Hacienda habían mantenido la posición de que todas las exoneraciones del IGSV habían quedado derogadas con el cambio al IVA, interpretando que solo quedaron vigentes las exoneraciones expresamente incluidas en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
— La Procuraduría General de la República (PGR) atendió semanas atrás una consulta realizada sobre el tema y aclaró que se mantenían las exoneraciones que se habían creado por leyes independientes a la ley del IGSV, que fue la única modificada —pero no derogada— por la reforma fiscal.
— Así las cosas Hacienda publicó la lista de las 14 leyes que generan 29 exoneraciones —de las 78 que estaban vigentes con el IGSV—, aunque no dejó de recordar que dichas exoneraciones se limitan a lo concedido en cada una de las 14 normas y que los servicios no están incluidos, salvo que sean expresamente mencionados.
— Las exoneraciones que se mantienen incluyen las que aplicaban a vehículos eléctricos, para uso de transporte público o para transporte de personas con discapacidad, los sistemas para el tratamiento de aguas residuales, así como algunas organizaciones educativas y fundaciones.
