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Juan Carlos Hidalgo (JCH), del CATO Institute, propone en La Nación una tesis “interesante” en su columna: JAPDEVA, RACSA y el CNP deben cerrarse. Las llama “walking dead”. ¿Qué tienen en común? Él no lo pregunta, lo hago yo. Y respondo: las tres viven por subsidios estatales. Los subsidios se originan en transferencias que provienen de impuestos o de las altas tarifas que cobran por sus servicios. Desde este punto de vista, coincido con él y otros. Creo que ellas ya han vivido demasiados años apoyadas en los subsidios que pagamos todos, incluyendo los ancianos, los jóvenes y los pobres, a quienes la plata no les sobra, a veces no les alcanza y no obtienen gran beneficio económico de ellas. Y digo económico, porque es discutible si contribuyen a la paz social y aunque para JCH, esto no tiene valor, pero sí precio, para mí tiene ambos.

Marco ese primer contraste: la paz social tiene valor y sí, también precio. Hay que hacer un análisis más “fino” que el de JCH, de Economía Política (y no solo de política económica) y comparar el valor que nos ofrece algo contra el precio que nos cuesta. ¿Les parece?

Pues bien, en el caso del CNP, subsidiado vía precios a comedores escolares, el diputado Wagner Jiménez ha planteado un proyecto de ley, Hidalgo menciona que son “12.000 millones de colones en transferencias del gobierno central en los últimos años (¡sic!) más ¨los clavos de oro¨ que hace el CNP al vender como monopolio a los comedores escolares”. Un primer problema: no dice JCH cuánto valen esos clavos de oro ni cuántos son esos “últimos años”. Tal vez ese precio, en subsidios a campesinos pequeños vale la pena pagarlo durante la transición de una economía agrícola a una de servicios. O podría ser un poco menor. Digo yo. O no vale la pena seguir subsidiando.

Más importante resulta saber si esos subsidios corresponden a precios “decentes” que el CNP les paga a los agricultores que los proveen directamente para que este los entregue a los comedores, cuántas familias son y qué nivel de ingreso tienen, lo que podría justificarse, pues sin ellos, se quedan sin fuente honrada de ingresos. O son en cambio para mantener una amplia burocracia con groseros privilegios, que no ha desarrollado planes concretos y realistas para justificar la existencia de la entidad.

Recordemos que la ley propuesta por el diputado Jiménez podría poner a pequeños productores en aprietos serios y ¡reforzar el oligopolio en el sector de supermercados! Claro que, si es cierto que el CNP paga “casi 3.000 colones de más por kilo de tilapia, 286 por el de tomate, 162 por el de azúcar, etc.” sería otro el cantar. Así que, hay mucho por investigar y hacer. La oportunidad la abre la discusión del proyecto de ley. Las cosas son más complejas de lo que propone Juan Carlos Hidalgo.