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— A vísperas de las elecciones municipales del próximo mes de febrero parece ser que el tema que acompañará a los votantes a las urnas es la polémica: esto pasa, desgraciadamente, en decenas de municipalidades por todo el país y la de Cartago no es la excepción.

— En la Vieja Metrópoli el tema que anda resonando por todo lado es que... bueno, tienen una piscina olímpica sin uso desde hace un año por errores administrativos y los cuestionamientos han caído sobre dos de los regidores de la muni por presuntas irregularidades en torno al manejo del Comité de Deportes del cantón. Así nos lo manifestaron a Delfino.cr esta semana varios ciudadanos cartaguineses que nos contactaron para que nos diéramos una idea de qué es lo que está pasando aquí con los líos del Concejo Municipal.

— El tema es así: según el Reglamento de Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Cartago (que es el órgano que se encarga de administrar los recursos públicos destinados a deportes en el cantón) a los miembros de este órgano los tiene que elegir el Concejo Municipal de la Municipalidad de Cartago, que está conformado por el Alcalde, los síndicos y los regidores electos. Aquí todos forman parte de las decisiones que se toman y, de acuerdo a la Ley de Corrupción y Enriquecimiento Ilícito, si alguna de las partes con derecho a voz y voto tuviese algún tipo de conflicto de intereses respecto a las decisiones que le corresponde tomar, pues debería de abstenerse y no emitir mayor criterio al respecto.

— La cosa es que eso fue justo lo que no pasó en Cartago pues el regidor Adrián Leandro es, además de personero municipal, miembro de la Asociación Deportiva de Balonmano del cantón. Por eso, cuando entre ambos órganos se empezaron a desarrollar contrataciones, en la Municipalidad se levantaron todas las alertas de la auditoría interna, que notificó tanto a la Contraloría General de la República como al Ministerio Público, según consta en el acta N° 87-2017 de la Alcaldía Municipal y de la cual Delfino.cr tiene copia.

— Leandro (quien fue también cuestionado en el año 2017 por presuntamente haber recibido unas dietas mientras estaba incapacitado y por lo que ya se presentó una denuncia en su contra ante el Juzgado Penal de Hacienda) y su regidor suplente Jonathan Arce, habrían cometido ilícito aquí pues, al tener doble condición (ser parte del órgano que contrata con fondos públicos y también parte de los entes contratados) estaría incumpliendo la ley.

— Por ello es que el respectivo informe de auditoría señala:

Que en la línea de fiscalización, se obtiene evidencia de la eventual participación de los regidores, Arce Moya y Leandro Marín, quienes tienen en apariencia intereses personales, por haber firmado, al menos un convenio por servicios deportivos, con el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Cartago, en calidad de representantes legales, apoderados generalísimos, sin límite de suma de: 1) Asociación Escuela de Formación Deportiva y Cultural de Cartago y 2) Asociación Deportiva de Balonmano de Cartago, respectivamente.

— El informe agrega que "bajo esa inteligencia, es claro que los señores Arce Moya y Leandro Marín, pueden tener una relación contractual con el Comité Cantonal de Deportes de Cartago y aparentemente están recibiendo a cambio una suma de dinero representativa por mes, como subvención", y eso mete a los dos funcionarios que, aparentemente están buscando reelegirse, en una bronca muy pesada rumbo a febrero.

— En la misma sesión municipal, Leandro negó todas las acusaciones que se le indicaron y señaló no estar recibiendo las sumas de dinero establecidas. Sin embargo, el tema ya escaló a la Contraloría General y a la Fiscalía, a las que habrá que seguirles el pulso pues, de cara a las elecciones municipales en las que Rolando Rodríguez busca reelegirse, la situación se puede poner espesa.

— Recordamos que este caso no está lejos de ser el único que levanta cejas en los municipios del país: ya les hemos hablado de casos graves en otras alcaldías como la de Santa Cruz, la de Guácimo, la de Alajuelita, la de Paraíso, también en Puntarenas y, por supuesto, el enorme expediente del caso del alcalde de Limón.

— Por eso es que es necesario recordar qué está sonando raro, pues estas denuncias no hacen más que demostrar por qué es tan importante monitorear muy bien el voto del próximo mes de febrero, así como el trabajo de las gestiones municipales en cada paso de los mandatos de los gobiernos locaes. Es la única forma de que las irregularidades dejen de ser el pan nuestro de cada alcaldía. Estaremos atentos.

Esta nota es parte del Reporte: Caso Aldesa avanza, Gobierno pone los ojos en el empleo y mientras tanto en Cartago...