¿De qué va la entrevista de hoy? Entérese en 8 minutos.
¿Por dónde empiezo? Bueno, tal vez contando una anécdota.
La entrevista es en la oficina Guillermo Araya Camacho, director del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).
Me acompaña Eduardo, el fotógrafo, y Cristian, el camarógrafo. En la oficina de don Guillermo, y entre que estamos alistando el equipo y buscando el mejor ángulo para acomodarlo a él, nos percatamos de que las baterías de la grabadora están a punto de acabarse.
Sin mayor contratiempo don Guillermo dice que nos va a conseguir unas. Se levanta, sale de su oficina y al rato vuelve una de sus compañeras con un par de baterías. Nos ha salvado la tanda y se rompe el hielo.
Ahora ya acomodados, él con su computadora y yo ya con la mía, empezamos la entrevista.
El ICD tiene entre sus funciones el diseño y coordinación del Plan nacional sobre drogas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. Guillermo Araya, de 44 años, está al frente de este Instituto desde el 2014 | Foto Eduardo Carmona
Las dos semanas anteriores he estado buscando cómo podríamos entender cuál es la política pública de Justicia en el país. Recordarán que me encontré con la ministra de Justicia y Paz, Marcia González Aguiluz, y con el ex viceministro y también ex ministro de Justicia, Marco Feoli Villalobos para conversar sobre el tema.
Y aunque en un orden más lógico hubiera sido preciso conversar primero con don José Luis Bermúdez Obando, director general de Adaptación Social, tras semanas de solicitar un espacio, me quedé sin respuesta.
De todas maneras, entender la política de Justicia lleva implícito, decía Feoli, entender el sistema penitenciario, y para tal fin hay que reconocer que el hacinamiento es causado principalmente por el sistema punitivo de nuestro país, el cual mayormente encarcela a personas por robar y por asuntos relativos a drogas.
Por tanto, entrevistar a Guillermo Araya va por la línea de la génesis del negocio de drogas: el consumo y el tráfico, y un tema aparte, pero no menos importante, es la incautación de bienes de las organizaciones criminales. Brevemente también repasamos cómo el ICD recupera y administra estos bienes.
SUSTANCIAS COMUNES
El último Informe de Situación Nacional sobre Drogas y Actividades Conexas publicado por el ICD es del 2017, y de él se desprende que las sustancias más consumidas en nuestro país son el alcohol y la marihuana, y que cada año este consumo aumenta.
Particularmente, el aumento en el consumo de la marihuana, dice el informe, obedece a que entre las personas ha disminuido la percepción de que es una droga nociva y también porque ha habido una mayor aceptación social.
Guillermo Araya, que es un jerarca de mediana edad y viste un saco azul, comenta que el ICD aplica una fórmula sobre la relación entre percepción y consumo. Algo así como que, a mayor percepción de riesgo disminuye el consumo y a menor percepción de riesgo aumenta el consumo:
Es una fórmula natural, científica de proporcionalidades. Específicamente te lo ilustro así: con el tabaco, después de una campaña sostenida de más de 20 años exponiendo los riesgos, y las repercusiones en la salud del consumidor, la ciudadanía y especialmente los jóvenes supieron sobre los riesgos asociados y de las enfermedades asociadas.
Incluso, la Caja Costarricense del Seguro Social expuso los costos que le genera al sistema de salud pública el atender las enfermedades directas o indirectas causadas por el tabaquismo.
Eso fue a través de la información sólo de riesgos.
Caso contrario ahorita tenemos el cannabis, en donde vemos que existe toda una atomización y una desbandada de información hacia la disminución de los riesgos sobre el consumo.
Según Araya, para las personas jóvenes (quienes son la mayoría de consumidores) el mayor riesgo de consumir marihuana es terminar siendo un habitante de calle:
Y, ese para nosotros es el riesgo que está catalogado como cuatro o cinco, no es el prioritario.
Antes de este [riesgo] están materializados otros, específicamente problemas cognitivos y emocionales. Muchas personas recurren a las sustancias psicoactivas en búsqueda de una dosificación o un contrapeso a sus vacíos emocionales.
El problema de las drogas no es que sean legales o ilegales, el problema de las drogas es que causan un efecto inmediato, a mediano o largo plazo.
Sin satanizar la marihuana, el director de ICD expone su posición con argumentos y señala que si bien hace 40 años el cannabis fue considerado como una droga blanda pues la concentración de THC (componente psicoactivo) era del 2%, actualmente no es así:
Hoy en día los estudios a los que tenemos acceso reflejan que [la concentración de THC] se acerca a un 30%, y algunos casos hasta lo supera, esas no son características de una droga blanda.
Los efectos directos por consumo del cannabis son fuertes sobre los jóvenes. En Costa Rica hay importantes referencias sobre los internamientos que recibe el Hospital Nacional Psiquiátrico, en el Programa Nuevos Horizontes, donde ingresan menores de edad que por el primer consumo de cannabis presentan cuadros de enfermedades mentales relacionadas con este consumo.
En 2016, el diario La Nación reportó que un 76% de los menores de edad que ingresaron al el Hospital Nacional Psiquiátrico (HNP) consumieron marihuana antes del episodio que desató su internamiento, además de que el 40% de todos los pacientes que ingresaron del 2013 al 2016, tanto adultos como menores de edad, presentan alguna patología mental asociada con las drogas.
En el mundo, los estudios sobre las enfermedades mentales asociadas al consumo de cannabis son cada vez más frecuentes, por ejemplo, en 2017 la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos publicó un estudio en el que se concluye que existe relación entre el consumo de cannabis y el desarrollo de esquizofrenia y otras psicosis, así como el empeoramiento del estado de salud mental de personas bipolares que consumen cannabis.
¿Ven el mueble detrás de Guillermo? Toda su oficina está decorada con muchos adornos, desde bolas de fútbol americano, hasta un don Quijote. | Foto por Eduardo Carmona
CRIMEN ORGANIZADO
Algo familiarizado con el tema, y entre ideas empezadas y no terminadas, Guillermo Araya reconoce que una de las variables más importantes del consumo del cannabis es el narcotráfico. En este sentido las autoridades han estado ocupadas.
Mientras que de enero a abril del 2018 se decomisaron tres toneladas de marihuana picada, para el mismo periodo pero de este año van por cuatro toneladas.
En Costa Rica, San José y Alajuela son las provincias donde más se incauta droga. ¿Cómo saber si esta droga está de paso o se usa para satisfacer el consumo local?
Hay un crecimiento y es preocupante. Nos hemos convertido en una plaza [mercado]. Entonces, hay cierto porcentaje de la droga del tráfico internacional que viene con destino a Costa Rica.
No hay que desmeritar, hay una ampliación de las capacidades instaladas de los cuerpos policiales para detectar y poder identificar rutas de tráfico de drogas.
Pero no podemos tapar el sol con un dedo y decir que estamos decomisando más porque estamos trabajando más; también hay mucha más droga que pasa por nuestros cielos, nuestra tierra y nuestros mares.
En el caso del cannabis, sin contar los recientes decomisos que se hicieron ayer [04-06-2019] en marihuana, hay un incremento en los decomisos del casi 40% y evidentemente la aceptación —vamos al inicio de la entrevista— es porque hay un incremento en la gente que quiere consumir.
El negocio de las drogas ilegales no se mantiene si no es por el crimen organizado. En nuestro país existe una percepción de que estas bandas tienen influencia y hasta miembros de bandas extranjeras, sin embargo, el 78% de las bandas desarticuladas en 2017 fueron locales, para responder lo que podría parecer paradójico, Guillermo recuerda que “los miembros de los grupos organizados criminales que vienen a Costa Rica no vienen a ejecutar acciones, vienen a instruirlas.
¿La sencilla razón? el crimen paga:
En los 70 y los 80 lo que hacía nuestro sistema penitenciario y nuestro sistema judicial eran adecuación de conductas. Una persona cometía hurto o robo, etcétera, iba al sistema penitenciario para adecuar esa conducta.
Pero, a partir de la segunda mitad de los ochenta y empezando muy fuerte en los 90, se empieza a dar un elemento importante y es que el crimen paga.
Cometer un delito paga y se convierte en un modus vivendi. En los 90 empezamos saber de las bandas roba carros, de las estructuras más sólidas de ventas de drogas, y empiezan a generarse las organizaciones criminales y esto no es cuestión de Costa Rica, también es algo global.
La influencia extranjera vista en Costa Rica en actos de crimen organizado, dice Araya, se materializó cerca del 2010, cuando se detectaron los primeros sicariatos, algo común entre las bandas colombianas, pero actualmente, y ante la crueldad mostrada en los crímenes, la influencia clara es de las bandas mexicanas.
A la entrevista nos acompañó un fuerte aguacero. Al salir del encuentro recuerdo haberme empapado hasta las rodillas. | Foto por Eduardo Carmona
ICD EN ACCIÓN
Para este momento, empezó a caer un aguacero impresionante. Incluso era difícil escucharnos conversar. Por tanto, tuve que aterrizar la conversación en mi último tema: la recuperación y administración de activos provenientes del narcotráfico.
La cadena logística de la narcoactividad tiene varios pasos, se podría decir que el último de ellos es legitimar capitales. En ocasiones, estos bienes (muebles o inmuebles) son recuperados y administrados por el Estado.
Según la Ley 8204, la Unidad de Recuperación de Activos del ICD será el depósito judicial de los bienes que considere de interés económico. También, esta ley dispone la manera en que se deben redistribuir los recursos decomisados, mayoritariamente a programas de prevención de drogas.
De acuerdo con Guillermo Araya, no es tan sencillo que dichos bienes pasen a manos del Estado:
La condición de «decomiso» es cuando [para que el bien pase a pertenecer al Estado] aún depende de una sentencia judicial, y la condición de «comiso» es cuando ya hay una sentencia y [el bien] se le asigna al Estado, a través del ICD para la redistribución.
Entonces, para pasar de decomiso a comiso dependemos del proceso judicial. Y, como estamos hablando de procesos penales duran en promedio tres años, a veces hasta más.
En condición de decomiso nosotros sólo podemos destinar esos bienes para préstamo, podríamos hacer ventas anticipadas pero es un proceso que no hemos desarrollado por un tema de que, en muchos de los casos se nos ordena devolver tanto de capital como el bien.
Ya cuando está en etapa de comiso podemos disponer del bien ya sea para la venta, donación o el préstamo. Nuestro negocio es vender [los bienes muebles] para tener dinero para poder financiar los programas y los proyectos.
Otro elemento a tomar en cuenta es que, si la persona llega a fallecer, ya sea dentro del sistema penitenciario, o durante una medida alternativa de ejecución de la pena, se extingue la acción penal y el juzgado le ordena al ICD devolver los bienes a quién la persona fallecida haya señalado como beneficiario o beneficiaria:
Tenemos un caso específico que sucedió. La persona falleció y estamos devolviendo un plantel de tráiler y una cantidad de vehículos y propiedades. [Esto] es parte de las debilidades que tienen las figuras penales.
Cuando yo te decía que el crimen paga es porque hay elementos económicos y financieros que están vinculados o que motivan al crimen organizado, y es por eso que Costa Rica y los cuerpos policiales necesitan leyes con connotaciones económicas o financieras para poder contrarrestar lo que hace poderoso al crimen organizado: la plata.
Aquí, Guillermo, que ha sido más que didáctico a lo largo de nuestro encuentro, empieza a justificar la necesidad de la ley sobre extinción de dominio (de la cual yo no soy fan), pero siendo todo lo afable que ha sido hasta el momento continúa:
Nuestro sistema penitenciario está lleno de personas de los niveles más bajos dentro de las estructuras [criminales], son fáciles de sustituir, son los conejillos de indias, y al final recargan los costos del Estado al mantenerlos en una cárcel.
Pero, al crimen organizado no lo estamos impactando. Por eso necesitamos instrumentos o figuras como extinción de dominio, que no es penal, es decir, no es hacia las personas, sino hacia los bienes, en donde con igualdad y libertad probatoria, un juez de la República, a través de un señalamiento que hace la Fiscalía y valorando las pruebas que presenta la Fiscalía, le da la oportunidad al titular de ese bien o de dinero de demostrar el origen y el uso lícito de ese dinero
La extinción de dominio no va hacia casos menores, no va a ser una ley de volumen, sino orientada hacia casos específicos, casos fuertes.
Y aunque un no-lo-sé-Rick vino a mi cabeza, la verdad es que al terminar la entrevista le prometí a Guillermo que buscaría sentarme con alguien que esté a favor de la propuesta de ley para conocer su punto de vista.
Al entrar al edificio es fácil percatarse de que muchos muebles son resultado de comisos y de decomisos por parte del Estado. Algunos tienen placa de "donado por el ICD", y otros como este tienen una placa que indica el nombre de la aún dueña, "la imputada". | Foto por Eduardo Carmona
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A fin de cuentas, en algo creo que sí estamos de acuerdo. Hay que hacerle saber a las personas que si caen en una enfermedad de adicción, se están separando de sus proyectos de vida.
Naciones Unidas llama la atención de que en 2015 (último dato publicado) murieron 450 mil personas por consecuencia del consumo de drogas,
Nuestras tarea de construcción social diaria nunca acaba. Ser conscientes de que el uso de drogas lícitas e ilícitas tienen consecuencias en nosotros y en nuestro entorno es una responsabilidad de todos. Porque aún cuando las drogas con fines farmacéuticos son muy importantes, esto no garantizan su uso adecuado.
Aquí, lo cierto de todo es que, el Estado siempre estará en desventaja ante el crimen organizado y el narcotráfico. Por eso es importante que la ciudadanía siempre que pueda, forme parte de la solución.
Gracias por leer. Recuerden que siempre me pueden escribir a [email protected]
