El Banco Central de Costa Rica anunció este lunes su decisión reducir el Encaje Mínimo Legal de un 15% al 12% para depósitos y obligaciones en colones, la cual fue adoptada el pasado 31 de mayo y cuya idea es complementar la reducción en la Tasa de Política Monetaria para reactivar el crédito e incentivar el crecimiento de la economía.
La reducción, según explicaron las autoridades del BCCR, entrará a regir a partir del próximo 16 de junio pero no aplicará para depósitos y obligaciones en moneda extranjera, ya que se mantendrá en ese caso en 15% con el fin de desdolarizar el mercado financiero.
El Encaje Mínimo Legal es la reserva de dinero que los intermediarios financieros de Costa Rica (bancos estatales, privados, financieras no bancarias y mutuales) deben entregar al Banco Central de forma proporcional a los depósitos y captaciones que hacen del público. Es decir, por cada 100 colones que una persona deposita en un banco --por ejemplo--, solo 85 de ellos pueden ser empleados por ese banco para prestarlos a otra persona o empresa, ya que los restantes 15 colones debe entregarlos al Banco Central a modo de reserva.
Se trata de un instrumento de control monetario que influye en los niveles de crédito, en la cantidad de dinero que circula en el país y en las tasas de interés, al recoger o liberar colones y por ende aumentar o disminuir las tasas de interés y hasta la inflación.
Según información de la Superintendencia de Entidades Financieras (Sugef), la tasa del encaje en colones se encontraba desde el 16 de agosto del 2005 en un 15%.
"La medida adoptada podría estimular las condiciones crediticias y la actividad económica en un periodo en el que el nivel de producción está por debajo de su potencial, la tasa de desempleo es alta, y el crédito al sector privado se desacelerado", afirmaron las autoridades del Banco.
Esta medida había sido solicitada por diversos economistas y figuras políticas para incentivar la economía del país y de acuerdo con la institución, la reducción del encaje podrá traer posteriormente un aumento en los costos del Banco Central para reabsorber o esterilizar parcial o totalmente los recursos que ahora serán liberados. Dicho costo ha sido estimado en máximo 0,06% del Producto Interno Bruto.