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La reactivación económica es como una nueva versión de la platina: una oda a la inoperancia y a la falta de liderazgo evidente en nuestro país. Es claro y lo sabemos: el Estado no funciona.

Algunas personas que se encuentran actualmente trabajando para él han adquirido los beneficios suficientes para incentivarles a mantenerse por beneficio propio más allá que brindarle servicios a la ciudadanía y, especialmente, al sector privado. Esto último es de relevancia para toda la sociedad, ya que el sector privado es el que genera la riqueza de la sociedad y de la cual el Estado depende. Sin importar su ideología política o cómo le gustara que fuera la realidad, esto es un hecho.

No obstante, antes de tan siquiera pensar en la reactivación económica, es necesario analizar la causa raíz del problema hasta el significado de país y el concepto de democracia. Lo traigo a colación ya que por ahí es donde puede ser que se encuentre la forma de resolver los problemas de Costa Rica; ya que la ineficiencia en atender las necesidades del sector empresarial por parte del Bicentenario es sencillamente un efecto, algo pasajero.

La democracia tiene dos aristas que como mínimo debemos de conocer: deberes y derechos.

Los deberes los conocemos bien: pagar las cuotas de la CCSS, pagar las cargas municipales, pagar la patente anual, pagar la póliza del seguro del INS, pagar los marchamos correspondientes y Riteve, cumplir con facturación electrónica, cumplir con el IVA, cumplir los lineamientos salariales establecidos por el Ministerio de Trabajo, el permiso sanitario de funcionamiento, entre algunos otros.

Es decir, el sector privado y civil tiene una serie de responsabilidades que son la base para el funcionamiento correcto de la sociedad. Cuando estas obligaciones no son cumplidas no fortalecemos la democracia, pues estamos evitando nuestros deberes como ciudadanas y ciudadanos de una sociedad funcional.

No obstante, esas responsabilidades, que deben de cumplirse siempre y sin excusa, nos permiten acceder a un poder fuerte: los derechos y el poder ciudadano, los cuales deben de cumplirse de la misma forma.

Ahora, para reactivar la economía deben de generarse condiciones adecuadas para las micro, pequeñas y medianas empresas. Y no es para caerle bien a todo el mundo porque qué lindo lo local, sino que de acuerdo con el Estudio Situacional de la PyME para 2019 del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, para 2017, estas empresas representaron el 97,5%, del parque empresarial nacional. No me crea, lo puede leer directamente y verificar la información, es pública . Es decir, representan la enorme mayoría de la economía y decía don Rodolfo Piza en campaña que se gobierna para la mayoría garantizando los derechos de las minorías.

Entonces uno pensaría que simplificar trámites, eliminar barreras financieras y facilitar el acceso al crédito podrían ser medidas de reactivación, ya que beneficiaría a la mayoría de las empresas a nivel nacional, es decir, a la economía.

Resulta y acontece que el Gobierno de la República anunció el año pasado la aprobación de algo que se llama el Reglamento de Aseguramiento de Microempresas y Emprendedores en el Seguro de Salud de la Caja. Esto es importante para la economía por:

  • Los porcentajes son ajustados y menores para las personas emprendedoras y PyMEs, incentivando la formalización y el acceso a financiamiento.
  • Hacer esto fomentaría mayor formalidad y, por ende, mayores ingresos al Estado y la CCSS.
  • La OCDE (a la que tanto queremos entrar) dice que “La alta informalidad es una fuente persistente de desigualdades y también un obstáculo para la productividad”.

El Reglamento fue publicado en La Gaceta N° 232. Ha pasado casi medio año y en la página web de la CCSS sale “en actualización”. Una vez publicada en la Gaceta no es una opción ejecutar algo o no, sencillamente se debe hacer. No lo digo yo, lo dicen los artículos 11, 27 y 30 de la Constitución Pública y el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Lo que no entiendo es cómo el tema de la reactivación económica ha estado ya más de un año en boca de todo el mundo sin resultados tangibles, y en una contradicción fuerte, pues la ejecución del Reglamento corresponde a una medida inmediata de reactivación que fue publicada por el mismo Gobierno de la República pero que no ejecuta.

Se llama Poder Ejecutivo; si este no se sabe jugar con la política, poder e influencia, entonces será muy difícil lograr cosas más allá que proyectos de ley que se aprueban exclusivamente para evitar crisis al corto plazo, como el Plan Fiscal.

Es acá donde volvemos al tema de la posible solución al problema de reactivación económica: tenemos que ejercer nuestros derechos desde la cultura democrática ciudadana. No puede ser que si fallo a un deber me penalizan con todo el peso de la ley, pero la misma situación con los derechos es impune.

Las y los funcionarios públicos tienen su razón de ser en la ciudadanía, por lo que, al cumplir mis responsabilidades, exijo el cumplimiento de mis derechos. El Estado tiene las herramientas para hacerlo, pero está en nosotros también ser parte de la democracia.

PS: Muchas gracias a Semanario Universidad por el apoyo en el tema.