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Imagen principal del artículo: Educadores con discapacidad: MEP sigue en deuda
Foto: Facebook La Asociación Costarricense de Profesionales de la Educación con Discapacidad

Educadores con discapacidad: MEP sigue en deuda

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1.

Educadores con discapacidad del MEP se unen para exigir cumplimiento de derechos

— Ayer nos llegó la magnífica noticia de que el Gobierno decretó la creación de la Comisión Nacional de Empleabilidad y el Trabajo para Personas con Discapacidad que buscará, según Presidencia, "desarrollar políticas públicas inclusivas para la empleabilidad y el trabajo de esta población". Hasta ahí, todo muy bien.

— El tema es que hoy se conmemora el Día Nacional de la Persona con Discapacidad y los educadores que forman parte de la Asociación Costarricense de Profesionales de la Educación con Discapacidad (ACOPROEDIS) nos contactaron para retratarnos una realidad bastante lejana a la inclusión de la que habló ayer el Ejecutivo.

— La asociación, según nos comentó Jonatán González, docente de música y persona ciega, empezó trabajar formalmente a inicios de mayo pasado "por un sentir generalizado de todos nosotros de que el Ministerio de Educación no tiene claridad ni una verdadera política para atender la situación de los profesores con alguna discapacidad".

— Este es un malestar que se presenta a pesar de que el Ministerio de Educación sí cuenta con una política institucional en esta materia pero que, para González y los profesionales asociados, "no es más que dos hojitas que en la mayoría hablan del estudiantado y no de los docentes".

Lea además: ¡Mi profe es Daredevil!, por Jonatán González Díaz, en Teclado Abierto.

— Así, según denuncia ACOPROEDIS los educadores con discapacidad de la institución están en un completo abandono que es el que los motiva hoya unir fuerzas en colectivo. Para ejemplificar las situaciones que se denuncian con casos puntuales González nos contó que en el MEP, cuando un profesional con discapacidad necesita de implementos técnicos que le ayuden a ejecutar su trabajo, en buena teoría tiene la posibilidad de disponer o de un asistente o de apoyos técnicos como material tecnológico que le facilite su labor. El tema es que, empezando por los implementos de apoyo técnico, este caso tiene su truco bastante burocrático.

— El profesor denunció que para que se les dote de productos de software y hardware que les faciliten el trabajo, en cumplimiento de la Ley 7600, "nos tienen aquí en una fila interminable y no porque seamos muchos sino porque no hay presupuesto para nosotros porque el Ministerio no ha hecho un presupuesto digno para él. Hay compañeros que han esperado muchos años para que les den esos apoyos técnicos y ahí están haciendo fila".

— González aseguró que a él ya se le atendió y se le suministró el equipo porque él presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional (donde también encontró peros) pero agregó que "se acabaron conmigo todo el presupuesto del año y a los compañeros que estaban haciendo fila, los pusieron a esperar más". 

— En cuanto al tema de los recursos de amparo la asociación señala que también hay tela que cortar. A conocimiento del grupo, ya se han presentado tres recursos de amparo ante la Sala Constitucional desde diferentes zonas del país, pidiendo este servicio porque el MEP no lo ofrece a sus docentes con discapacidad.

— El asunto es que a pesar de que las condiciones son las mismas (profesionales con discapacidad pidiendo que se les acelere el proceso de otorgarles los implementos) en cada uno de los tres casos la Sala falló diferente... Uno de esos casos es el de González, que pidió apoyo técnico y asistente pero la Sala le aprobó solo el segundo punto; hay otro de un profesor en Cartago que pidió también los dos apoyos, solo que a él sí se los aprobaron. Por último se reporta el caso de una profesora a la que se le dijo que sí, que el Ministerio le debe dar los apoyos "pero las cosas que ella no pueda hacer, tiene que hacerlas otro profesional".

Entonces en uno dicen que sí, en otros dicen que el MEP lo elija y en el último nos dicen que nosotros como profesionales vamos a tener que delegar a otro el hacer las cosas, y ese es el peor de los 'por tantos' que hubo, porque ahí nos están diciendo que no podemos trabajar y que pongamos a otra persona que lo haga en nuestro lugar.

— Hay legislación a este respecto, por supuesto que sí. González nos afirmó que la Ley de Inclusión y Protección Laboral de las Personas con Discapacidad en el Sector Público y la Ley de Aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo, unidas a la Ley 7600, han establecido que las instituciones públicas tienen que cumplir con hasta un 5% de plazas ocupadas por personas con discapacidad (aunque en el MEP no se haya podido llenar esa cuota todavía, según el profesor).

— A este grupo de educadores los regula y vela por sus derechos una comisión especializada pero el tema es que los regula a ellos, a los que entraron por medio de la cuota, al resto que entraron por concurso regular antes de que se aprobara la ley, no, y es aquí donde González y los profesores que conforman la asociación, se encuentran inmersos. "Por eso en este momento estamos en una condición de discriminación y desamparo", denuncian.

— El profesor asegura, además, que el MEP no tiene una base de datos clara de cuántos empleados con discapacidad tienen en planilla ni tampoco de dónde laboran y afirma que eso solo ha servido para que "se aprovechen de esa falta de datos para hacerse los locos con todo lo que deben a las personas con discapacidad. Por eso es que nosotros decidimos unirnos para dar la lucha como un colectivo".

— Además, señalan que la convención de la que les hablamos más arriba hace que sea necesario realizar un "mecanismo de consulta" antes de cambiar cualquier reglamento o forma de evaluación a lo interno de las instituciones que contraten a personas con discapacidad, pues es necesario saber si estos cambios van a perjudicarlos en su trabajo. González reporta que esto no se cumplió en la última modificación del sistema de evaluación que volvió la calificación mucho más práctica y, por tanto, más visual, lo que en su caso particular significó una seria afectación:

Eso es lo que ha hecho que nosotros en estos momentos tengamos los problemas que tenemos y como el reglamento cambió sin que se nos consultara a nosotros, entonces de ahora en adelante nosotros como asociación vamos a poder exigir que se nos tome la consulta porque aquí estamos y ya estamos conformados y en proceso de pertenecer a CONAPDIS.

— Así, lo que la asociación reclama es la ambigüedad tanto en el sistema de justicia, por la diferencia en las resoluciones de la Sala, como el desorden a lo interno del MEP que imposibilita su trabajo y por tanto, aseguran, ya están pensando en escalar el tema a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para tratar de solucionar este caso.

Estamos luchando por trabajar en igualdad de condiciones, no queremos que nos pensionen antes ni que nos regalen nada o que nos ubiquen en puestitos de juguete. Nosotros queremos trabajar para lo que estudiamos pero no podemos trabajar en lo que estudiamos si el MEP y la justicia costarricense no asumen la responsabilidad de darnos las herramientas que requerimos para poder trabajar en igualdad, que es lo que no estamos teniendo.

— Al cierre de la edición de El Reporte seguíamos a la espera de que el MEP nos comunicara su posición al respecto, así que nos mantendremos atentos para contarles a ustedes cómo avanza este otro frente del camino a convertirnos en la Costa Rica igualitaria... que todavía no somos.

2.

Hablemos del expediente 20.174 (prevención y sanción de la discriminación, el racismo y la intolerancia)

— Hace dos semanas el diputado Enrique Sánchez Carballo, como parte de la delegación de Costa Rica que rindió el tercer Examen Periódico Universal (EPU) ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, señaló que el país estaba discutiendo un proyecto de ley para prevenir las situaciones de discriminación en el país.

— El proyecto, que se tramita bajo el expediente 20.174, busca eliminar cualquier forma de discriminación dentro del territorio costarricense. Sin embargo, ha recibido críticas por su redacción. Por ejemplo, el día de ayer La Nación hizo una recopilación de las opiniones y críticas al proyecto, que hay que señalar no son pocas.

— Según menciona LN opinaron en contra —por diferentes motivos— la Procuraduría General de la República, el Director General del OIJ, el Ministerio Público, el Ministerio de Planificación y el Ministerio de la Presidencia, entre otros.

— Hay que señalar que todas las opiniones se recabaron durante la pasada administración, pero, más allá de ese detalle, las críticas al proyecto van principalmente en dos líneas:

  1. La inclusión de sanciones penales por temas de discriminación que rozan la libertad de expresión, así como la falta de claridad en cuáles serían las conductas sancionadas.
  2.  La creación de un Consejo Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la Intolerancia, por el gasto que representaría para un Estado abarrotado de instituciones y en crisis financiera.

— Las críticas por las sanciones penales aluden a las que se proponen para el artículo 380 del Código Penal, pues se habla de una pena “de seis meses a tres años de cárcel a a la persona que aplicare cualquier medida discriminatoria directa”. Si bien se señala que el juez puede imponer otras medidas correctivas deja la definición de discriminación directa demasiado abierta a la interpretación, ya que se describe como cualquier situación donde se presente “un trato menos favorable” que sea resultado de las condiciones que incluye el proyecto.

– Por otro lado, la inclusión de los delitos por “incitación al odio” y “pertenencia a organizaciones de odio” no está tampoco exenta de mejoras, ya que, a como está redactado actualmente el proyecto, podría ser una limitación desproporcionada a la libertad de expresión, principalmente por imponer sanciones de prisión en lugar de sanciones monetarias.

— Uno de los aspectos donde sí hay un consenso favorable es en incluir la discriminación como un factor que agrava un homicidio a la categoría de homicidio calificado (aumentando la pena de 18 a 35 años de cárcel), ya que actualmente en el país no hay legislación que atienda esta problemática.

— Por otro lado, el proyecto sería un avance en temas de lucha contra la discriminación en tanto incluye apartados para garantizar la obligación de no discriminar en diversos espacios, tanto públicos como privados (ámbito laboral, educativo, servicios de salud, así como los servicios sociales y económicos que brinda el Estado).

—  Está claro que el proyecto en su versión actual necesita modificaciones; no se puede negar que requiere una revisión de las sanciones propuestas y que falta claridad en lo que se está tipificando, pero tampoco cabe duda de que hay mucho que rescatar en la propuesta.

— A pesar de esto quienes se oponen al proyecto no han querido tomarse esa oposición en serio y prefieren hacer un circo del tema, como por ejemplo (¡otra vez!) sucede con la diputada Ivonne Acuña, quien en lugar de presentar mociones para arreglar el proyecto prefiere ser "sarcástica" y solicitar que el proyecto en su artículo 1 (objeto de la ley) termine diciendo: "implantar como ideología oficial del Estado la visión particular del Partido Acción Ciudadana". También presentó otra moción para que el artículo 10 (discriminación en el ámbito educativo) del proyecto prohíba el uso de métodos educativos "contrarios a las apreciaciones particulares del Partido Acción Ciudadana". Sí, es en serio, eso hizo.

— También se puede señalar lo que nos dejó la exdiputada fugaz Alexandra Loría, quien en su breve paso por la Asamblea en 2018 aprovechó para dejar una moción que elimina de los tipos de discriminación la que sea por motivos de orientación sexual, identidad y expresión del género. Sí, también es en serio.

— Las mociones de las diputadas claramente no tienen ninguna función real más que el filibusterismo legislativo, pero, recordemos que ya en diciembre del año pasado habíamos expuesto el “comunicado” que los exrestauradores estaban circulando para atacar esta propuesta...

— El proyecto es necesario ya que el país tiene serias deudas pendientes con múltiples minorías que han vivido y siguen viviendo situaciones de discriminación en múltiples espacios. Su discusión es vital. Su mejoramiento, sin duda, clave. Pero acciones como las descritas son solo un ejemplo de la “calidad” de oposición que una y otra vez atestiguamos en el Congreso: en lugar de proponer las mejoras necesarias y pertinentes prefieren “burlarse” del proyecto con ese tipo de mociones... por eso estamos como estamos.

3.

Menores de edad: Allanamiento en el PANI, alerta del OIJ y Caso Hernández

— El OIJ y el Ministerio Público allanaron ayer cuatro oficinas del PANI en San José y Alajuela. La diligencia forma parte de la investigación que inició la Fiscalía tras la muerte de un menor de 5 años en Sabanilla de Alajuela. El niño sufrió lesiones fatales provocadas por golpes que le causaron una hemorragia intestinal. Sus padre son sospechosos del homicidio y están actualmente detenidos en prisión preventiva. El abuso contra el menor había sido denunciado con anticipación al Patronato Nacional de la Infancia, que no actuó a tiempo para salvar su vida.

— La denuncia ingresó el viernes 4 de mayo pero se registró hasta el lunes 6 pues la sede a cargo no trabaja fines de semana. Fue recién el miércoles 8 de junio cuando se concretó la visita a la locación, pero los funcionarios reportaron no haber encontrado la vivienda... un día después el menor falleció.

— “La Fiscalía abrió una investigación en contra de Marroquini Alas y Pérez Flores, mamá y padrastro del niño de cinco años de edad. En apariencia, ellos habrían alertado a la Cruz Roja que su hijo había fallecido dentro de la vivienda. Tras realizarse una revisión preliminar por un profesional de Patología Forense del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), se detectó que el menor habría muerto por agresiones” explicó la Fiscalía, aludiendo al caso de los padres.

— En cuanto a la respuesta de las autoridades ante la denuncia el PANI ya abrió una investigación interna por negligencia y por su cuenta el Ministerio Público investiga si existió incumplimiento de deberes, razón por la cual se registraron los allanamientos el día de ayer. Wálter Espinoza, director del OIJ, explicó que procurarán reconstruir el proceso de recepción de denuncias, el manejo interno y el modo de operar, para determinar si existió negligencia en el manejo del caso.

— Por otro lado el día de ayer el OIJ también dio a conocer que recibe cerca de 90 denuncias anuales por el delito de seducción de menores por medios electrónicos, lo que según sus números implica un aumento en torno al cual hacen una clara solicitud a los padres: proteger a sus hijos dando seguimiento al uso que hacen de las redes y denunciar cualquier intento de seducción del que sean víctimas los menores.

— En otro orden de ideas pero siempre en temas afines el día de ayer el Tribunal Penal de Cartago dictó nuevamente el impedimento de salida del país contra el futbolista cubano Marcel Hernández, investigado por violación en perjuicio de una menor de edad.

— Como recordarán días atrás se acogió una solicitud para levantarle la prohibición de salir del territorio nacional durante dos semanas en junio, sin embargo la Fiscalía apeló y ayer consiguió que se sostuviera la restricción. En julio habrá una audiencia para determinar si el caso se lleva a juicio.

— “Ahora el futbolista Hernández no podrá abandonar el país, lo que nos genera tranquilidad al saber que enfrentará el proceso y que los derechos de la persona menor de edad se verán garantizados”, dijo Patricia Mora, ministra de la Condición de la Mujer.

Bonus track: En CR Hoy: Diputados repudian violencia sexual en universidades públicas.

4.

Barra de Prensa

El Gobierno reconoce la situación crítica de Japdeva: debe deshacerse de unos 900 funcionarios y darle auxilio económico durante tres meses desde Hacienda; quienes no accedan a salir de la institución por las buenas con alguna de las tres opciones planteadas, serán despedidos. Por otro lado, el Plenario se pronunció sobre los casos de abuso y acoso sexual en las universidades públicas, aprobó en primer debate el proyecto que asesta un golpe millonario a las finanzas del Estado y otro que permitirá al TEC crear empresas y sociedades para vender bienes y servicios. En la Comisión de Económicos se dictaminaron los eurobonos por $1500 millones para un año solamente. Todos los detalles en nuestro canal Barra de Prensa (Exclusivo para suscriptores D+).

 

5.

Barbas en Remojo

Dedicamos nuestro editorial del día de ayer al incomprensible comportamiento de la diputada Ivonne Acuña. Hoy nos damos cuenta que con tal de oponerse al proyecto de ley que se tramita bajó el expediente 20.174 hace perder el tiempo a sus colegas diputados y por ende a los costarricenses con propuestas tan absurdas y ridículas como las que acotamos en el punto 2 del reporte. Pretende, haciéndose la graciosa, menospreciar la intención del proyecto (en vez de proponer mejoras y ajustes) y encima lo reduce a una “ocurrencia del PAC” (por así decirlo) cuando fue presentado por dos diputados del PLN, 1 del PUSC, 1 del FA y 1 del PAC. Es decir: es multipartidario y es representativo de un interés colectivo. ¿Debe ser depurado y mejorado? Pero por supuesto, como la inmensa mayoría de los proyectos que llegan a Cuesta de Moras. Pero de ahí a hacer de la curul una sucursal de un circo de feria hay mucha, mucha distancia. Esperamos, muy sinceramente, que este patrón de comportamiento de la legisladora cambie para bien. Hay mucho que puede hacer desde el puesto que le asignaron los costarricenses. Mucho más que lo que ha venido haciendo en las últimas semanas.

6.

Palabras Prestadas

"Vari@s diputad@s trataron de 'politizar' la triste noticia de la muerte de tres oficiales de Seguridad Pública. Resultado: Han tenido que ir cambiando el mensaje a través del día ante la incertidumbre del caso. TAL VEZ aprendan la lección..."

— Allan Madriz

"Ustedes saben que soy muy apasionada en noticias que tienen que ver con los derechos humanos de las personas".

— Ivonne Acuña

"Este es el gobierno de las prioridades invertidas. Mientras muchas escuelas y colegios del país se caen a pedazos, este gobierno prioriza y ocupa su tiempo en que los baños de esas instituciones sean neutros".

— Carmen Chan

"Eso no requiere ninguna inversión en infraestructura y les enseña a los estudiantes a convivir más y a respetarse independientemente de su género. Sinceramente, no veo cuál es el problema".

— Carlos Umaña en respuesta a Carmen Chan

"Leo gente decir que la descarbonización y todo lo referente a la economía verde no genera empleos ni dinero y recuerdo a Bolsonaro. ¿No deberíamos haber cambiado el chip ya de la economía industrial y montarnos en la ola de la nueva economía? ¿O somos demasiado tercermundistas?"

— Michelle Chinchilla

"'Antes' las cosas no eran así = antes cuando eran exactamente igual pero eran lideradas por hombres entonces todo bien. Cosas que se deben escuchar en espacios de toma de decisiones cuando una mujer es -por primera vez- la que lidera".

— Sara Cognuck

"Nos entusiasma la fuerza y la decisión de las nuevas generaciones de mujeres que irrumpen valientemente en la sociedad para hacer frente a una cultura machista que busca perpetuarse".

— Patricia Mora

7.

Botonetas

— Nueve de cada 10 consultas brindadas en la CCSS son para ticos así que la próxima vez que escuchen un argumento xenófobo basado en información de este tipo... ayúdenos a generar conciencia, dejemos la discriminación de lado y derribemos mitos. Siempre en salud, un artículo del doctor Ricardo Millán Gonzáles: Sobre el decreto de recetas del Ministerio de Salud.

— Otro tema al que hay que ponerle MUCHA atención: en Nicaragua se está preparando la "Ley del Perdón" que ya fue presentada a la Asamblea Nacional y que propone resarcir el daño y afectación que ocasionaron las protestas que empezaron el año pasado. El tema es que ese resarcimiento aplicaría a los policías y militares afectados, que son a los que el régimen considera como "afectados", y no a los manifestantes y a sus familias, a los que el régimen sigue viendo como "terroristas". No le pierdan el ojo, que la solución a la crisis en el país del norte no se ve cercana.

— En noticias más felices, esta vez en nuestro país, les contamos vía, La República: Tica creó sistema de carga rápida para autos eléctricos con energía fotovoltaica.

— Otra buena: en diferentes puntos del país, jóvenes colegiales y universitarios se sumaron a las protestas mundiales por el clima.

— Desde esta semana circula en el país una nueva emisión postal titulada “Ciudades Centenarias” que está dedicada a dos poblados con centenaria historia y riqueza arquitectónica: Santo Domingo de Heredia y Orosi de Paraíso, Cartago. Pueden verlas aquí y tienen un valor fiscal de ₡845 colones, en el sello postal de Santo Domingo, y ₡685 colones en el de Orosi. Además, estarán disponibles 40.000 ejemplares y cualquier persona que desee adquirirlas puede acercarse a la Oficina Filatélica en el Correo Central en San José.

— La Biblioteca Nacional invita al taller "Leer para escribir: navegación por documentos históricos" que impartirá los días 4, 11, 18 y 25 de junio y 2 de julio, de 2 p.m., a 4 p.m., en la Sala España, en su sede en San José. Para inscripciones pueden comunicarse al número 2211-4307 o al correo: [email protected].cr

— El edificio La Alhambra, sobre calle 2 en San José se va a abrir al público los próximos 30 y 31 de mayo y 01, 02, 06, 07, 08 y 09 de junio, pues en él se realizará el espectáculo de danza contemporánea TRAYECTOS. Todas las funciones se realizarán a las 7:00pm, son aptas para todo público y el cupo limitado. El costo de la entrada general es de 6000 colones y puede ser adquirida de manera digital a través YappExperience. Agenden y no se queden sin disfrutar de este espectáculo.

— Optimum Artis Internacional invita a la Comunidad Artística Nacional a su 4to Convivio, y la promoción del Arte Joven, en donde un o una artista plasmará una obra de arte en conjunto con un estudiante del Liceo Diurno de Guarari. El evento se realizará el próximo sábado 8 de junio a partir de las 9 de la mañana en el Liceo Diurno de Guararí, en Heredia.

— Cerramos reporte de hoy con esta nota de The New York Times para que tengan muy buen día: Deja ir los rencores. Feliz miércoles :)