La Comisión Especial que estudia el proyecto 21.049 “Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos” aprobó este miércoles un texto sustitutivo que introduce cambios sustanciales al proyecto originalmente presentado.

El texto fue acogido con 4 votos a favor y 1 en contra (José María Villalta), pero se aprobó por unanimidad enviar a publicar el texto a La Gaceta, así como consultar la nueva redacción a todas las personas físicas o jurídicas que fueron originalmente contactadas respecto al texto previo (incluida la Organización Internacional del Trabajo).

El artículo 345 del Código de Trabajo pasaría de decir actualmente que los sindicatos deben incluir en sus estatutos su domicilio, a un domicilio y medio electrónico para atender notificaciones.

El texto base del proyecto establecía que dicha dirección electrónica debía estar registrada y actualizada ante el Poder Judicial y el Ministerio de Trabajo, sin embargo, con el texto sustitutivo aprobado se eliminó el requisito de reportarla a la Corte Suprema, pero se mantiene el señalamiento que dicha dirección será utilizada exclusivamente para recibir notificaciones en los trámites de calificación de huelgas, y que en caso de incumplimiento, las resoluciones que se dicten se tendrán notificadas de manera automática.

Dado que se eliminó la obligación de reportar el correo electrónico al Poder Judicial, el texto sustitutivo establece que el Ministerio de Trabajo brindará acceso público y en línea a la lista de medios electrónicos establecidos por cada una de las organizaciones sindicales registradas, y para el cumplimiento de la obligación de registrar una dirección electrónica se establece un plazo de seis meses, contados a partir de la entrada en vigencia de la ley.

Por otro lado, la disolución de sindicatos establecida en el artículo 350 que según el texto base ocurriría para aquellas organizaciones que incitaren u organizaren a sus afiliados para “impedir la libertad de tránsito de los ciudadanos, realizar sabotaje sobre bienes públicos o a llevar a cabo cualquier conducta que comporte un ilícito penal”, fue modificado con el texto sustitutivo para ser más claro en la falta que se sancionará.

Así, se establece ahora que se disolverá el sindicato si en juicio se prueba que organizaron o incitaron a sus afiliados “a realizar bloqueos en vías públicas o en el acceso a instalaciones públicas de servicios públicos, así como a realizar sabotaje sobre bienes públicos o a llevar a cabo cualquier conducta que comporte un ilícito penal”.

También se incluyó la disposición de que cualquier autoridad pública que tenga conocimiento de esas conductas, deberá poner la denuncia ante la oficina del Ministerio Público más cercana.

De seguido, el texto sustitutivo incorpora una modificación al artículo 371 del Código de Trabajo que anteriormente no estaba siendo reformado con el texto base del proyecto.

Dicho numeral actualmente establece que la huelga legal es un derecho de los trabajadores para defender y promover sus intereses económicos y sociales; así como defender sus derechos en los conflictos jurídicos colectivos señalados en el artículo 386 de dicha ley. El texto sustitutivo, sin embargo, incluyó una disposición que establece que aparte de los dos casos tipificados anteriormente, no se permitirán ni serán consideradas como legales, ningún otro tipo de huelgas.

Con dicha reforma se cerraría el portillo empleado por algunos juzgados y tribunales de Trabajo para declarar la huelga contra el plan fiscal como legal, alegando que el Código de Trabajo no prohibía la huelga contra proyectos de ley.

Así, la comisión especial adoptó establecer que serán ilegales las huelgas políticas de cualquier índole o aquellas que no tengan conexión directa con la relación de empleo o incumplimientos laborales imputables al patrono. De igual forma, se prohíbe a los jueces calificar como “huelga pacífica” un movimiento que tenga bloqueos en vías públicas o donde se impida el acceso a las instalaciones públicas o de servicios públicos, la realización de sabotaje sobre bienes públicos, la perpetración de conductas que comporten un ilícito penal, o que imposibiliten el derecho a laborar de los trabajadores que no se encuentren en huelga.

Otro numeral que se reforma con el texto sustitutivo y que no estaba incluido dentro de la redacción original es el artículo 373, el cual establece que el derecho de huelga comprende la participación en las actividades preparatorias que no interfieran en el desenvolvimiento normal de las labores de la empresa o centro de trabajo, de convocatoria, de elección de su modalidad, de adhesión a una huelga ya convocada o la negativa a participar en ella, de participación en su desarrollo, de desconvocatoria, así como la decisión de dar por terminada la propia participación en la huelga.

El nuevo texto del proyecto de ley agrega un párrafo para prohibir a los trabajadores que participan de la huelga, ausentarse o separarse para realizar actividades personales o familiares ajenas a los fines que persigue dicho movimiento, bajo pena de que si lo hacen, serán sancionados por su patrono a más tardar un mes plazo.

Al igual que en los dos artículos anteriores, el texto sustitutivo también modifica el artículo 377 del Código de Trabajo, pese a que en la redacción inicial no estaba incluido. Ese numeral establece actualmente que los trabajadores deben cumplir con los requisitos del artículo 371 para poder declarar una huelga legal, así como agotar una de las alternativas de conciliación establecidas en el artículo 618.

La modificación consiste en adicionar un nuevo requisito para poder realizar una huelga, y que consiste en haber entregado al patrono, con copia al Ministerio de Trabajo, una nota escrita de “aviso de huelga” donde indiquen a partir de cuándo inicia la huelga, el patrono ycentros de trabajo afectados, la modalidad, las organizaciones sindicales o coaliciones que representan a los trabajadores en huelga y demás detalles que requiere el artículo 378.

Este nuevo requisito demanda que la nota sea entregada al menos 5 días hábiles (una semana) antes de ejecutar el movimiento, y deberá contener –además– una dirección de correo electrónico donde atender notificaciones que podrá ser utilizada para comunicaciones y notificaciones por parte del patrono, la autoridad administrativa o las instancias judiciales en el procedimiento de calificación de huelga.

De igual forma, ese nuevo requisito establece la obligación de los sindicatos de presentar una copia certificada del acta de la Asamblea General donde se convoque a la huelga, en caso de que individual o colectivamente reúnan la afiliación del 50% de las personas trabajadoras.

La nueva redacción del artículo remata con otro cierre a un portillo empleado por los tribunales en las pasadas huelgas: en cualquier tipo de huelga, sin excepción, se deberán cumplir los requisitos señalados en el Código de Trabajo, caso contrario no podrá ser declarada legal.

Por otro lado, la reforma al artículo 379 que en el texto base establecía que la declaratoria de ilegalidad de la huelga facultaba al patrono a rebajar de forma retroactiva los salarios pagados durante ese movimiento ilegal, se modificó únicamente en incluir un “comodín” para que dicha recuperación se haga en los plazos que dice el numeral 173 del Código de Trabajo: un mínimo de cuatro períodos de pago y no devengarán intereses, aunque en caso de terminación de contrato podrá hacer la liquidación definitiva que proceda.

Más adelante en la reforma al artículo 385 respecto a las consecuencias de no reintegrarse al trabajo una vez declarada la ilegalidad de la huelga, el texto sustitutivo mantiene la disposición de que dicho fallo deberá notificarse a los sindicatos en el medio electrónico que debieron haber registrado ante el Ministerio de Trabajo, y que en el caso de huelgas organizadas por coaliciones temporales de trabajadores la notificación se hará por publicación de un medio electrónico o digital del país, con cargo al gestionante.

La reforma al artículo 661 se mantiene caso igual que el texto original propuesto: la solicitud de calificación de la huelga ante el Poder Judicial podrá solicitarse en cualquier tiempo mientras subsista la huelga o el paro, pero se agrega la posibilidad de solicitarla también hasta en un plazo de 10 días después de finalizado el movimiento.

De igual forma, se mantiene la orden a los jerarcas de las entidades públicas de solicitar la calificación de la huelga dentro de las 24 horas a partir de la suspensión de las labores, caso contrario, incurrirán de forma personal en las distintas responsabilidades que la ley señala.

El artículo 663 propuesto sí tuvo un cambio sustancial, en el que ahora se detalla el procedimiento que deberá seguir un juez cuando sea presentada una solicitud de calificación de huelga:

El juez tendrá un plazo improrrogable de 24 horas para dar curso a la solicitud. Si no estuviera en forma se prevendrá la subsanación en un plazo de 24 horas. Una vez recibida la solicitud en forma, el juez dictará en el plazo de 24 horas una resolución con el siguiente contenido:

  1. Admisión del proceso para su trámite.
  2. Intimación al contradictor e indicación en forma puntual de los hechos endilgados por los cuales se solicita la declaratoria de ilegalidad y el fundamento jurídico de la solicitud planteada.
  3. En los conflictos de carácter económico y social, prevenir al contradictor que aporte a más tardar el día de la audiencia preliminar una copia certificada del pliego de peticiones presentado ante el patrono.
  4. Convocatoria a las partes a una audiencia oral sumarísima y privada que se deberá llevar a cabo en las siguientes 72 horas. A las partes se les advertirá de su derecho a apersonarse al proceso para alegar lo que sea de su interés, ofrecer la prueba pertinente y presenciar y  participar en la recepción de las pruebas ofrecidas.
  5. Prevención de señalar si mantienen el medio para notificaciones o desean realizar cambios con las implicaciones que la negativa pueda contener.

La audiencia oral sumarísima se desarrollará en dos fases: la fase preliminar y la fase complementaria.

En la fase preliminar se realizarán las siguientes actuaciones:

  1. Informe a las partes sobre objeto del proceso y el orden en que se conocerán las cuestiones a resolver.
  2. Aclaración, ajuste y subsanación de las proposiciones de las partes, cuando a criterio del juez sean oscuras, imprecisas u omisas. Si se estimare que hay deficiencias, se le dará a las partes la palabra para que manifiesten lo que sea de su interés.
  3. Se procederá a recibir la prueba sobre nulidades y vicios de procedimiento invocados por las partes en la audiencia. De seguido se discutirá y resolverá sobre todas esas cuestiones. De existir vicios u omisiones, en un único pronunciamiento ordenará las correcciones, nulidades y reposiciones que sean necesarias. Cuando se trate del cumplimiento de requisitos o  formalidades omitidas, se ordenará a la parte subsanarla en ese mismo acto o, de ser necesario, se le dará un plazo prudencial para cumplirlas que nunca será mayor a tres días.
  4. Admisión y rechazo de las pruebas sobre la calificación del movimiento.
  5. Se dará traslado sumarísimo sobre las pruebas allegadas al expediente y que se hubieren dispuesto al cursarse este proceso de calificación, y en su caso, se ordenarán las pruebas que el tribunal juzgue indispensables como complementarias o para mejor proveer a indicación de las partes o de propia iniciativa.

En la fase complementaria:

  1. Se leerán las pruebas anticipadas o irrepetibles, las cuales se incorporarán por esa vía al debate.
  2. Se recibirán las pruebas admitidas.
  3. Se procederá a la formulación de conclusiones de las partes, por el tiempo que fije el juez.
  4. De inmediato se dictará de forma oral la parte dispositiva de la sentencia. Previo a finalizar la audiencia, el juez señalará hora y fecha dentro de los dos días siguientes para la incorporación al expediente y la entrega a las partes de la sentencia integral, la cual deberá ser leída, quedando notificadas las partes en el acto.
  5. El juez luego de su lectura, deberá explicar de forma resumida su decisión. En ese mismo acto, las partes que no estén conformes deberán apelar la sentencia, expresando únicamente su deseo de recurrir y el juez, de manera inmediata, antes de dar por finalizada la audiencia y  previa coordinación con el a-quem, informará la hora, la fecha y lugar dentro de tercero día que el Tribunal escuchará los agravios de las partes, quedando debidamente notificadas de la audiencia indicada. En caso excepcional que se ordene prueba adicional, el juez deberá hacer un nuevo señalamiento de la hora y fecha para la audiencia complementaria la cual tendrá que llevarse a cabo dentro de las 72 horas siguientes.

Dada la modificación y requisitos establecidos en el numeral 663, se incorporó también una reforma al artículo 664 aunque este no estuvo incluido en el texto base del proyecto.

El artículo pasará a decir que las pruebas deben referirse únicamente a los requisitos legales necesarios para la calificación y a los hechos relacionados con ellos y deberán rendirse en la audiencia complementaria indicada en el artículo anterior.

En el caso de la calificación previa, la constatación del apoyo se hará mediante la certificación del resultado de la asamblea general del sindicato o sindicatos respectivos, o bien, por medio de las actas de votación, en cuyo caso se seguirá el procedimiento que al efecto determine el Ministerio de Trabajo vía reglamentaria. La constatación de otros hechos relevantes en el sitio lo hará el juez sumariamente de manera inmediata. Si fuere necesario, en casos muy calificados, podrá auxiliarlo en la práctica otro juez o jueza del mismo despacho o el que se designe.

De igual forma, se modifica el artículo 666 del Código de Trabajo para que diga que el órgano jurisdiccional solo admitirá las pruebas que sean estrictamente necesarias y rechazará las que resulten repetidas, abundantes o impertinentes así como toda probanza que no conduzca a la comprobación de los requisitos para la legalidad del movimiento.

La persona titular del juzgado deberá tomar todas las providencias para que el proceso no sufra atraso, le dará total prioridad y asumirá personalmente la vigilancia y el control necesarios para la eficiencia de los actos que la integran; pues el incumplimiento de los plazos indicados o de los deberes señalados serán motivo de sanción disciplinaria.

La reforma al artículo 667 también cambia su texto, para establecer que cuando no haya prueba que deba recibirse en audiencia o cuando no se demuestre haber alcanzado el porcentaje de apoyo requerido, se prescindirá de la audiencia complementaria indicada en el artículo 663 y se procederá al dictado de la sentencia en el plazo improrrogable de 48 horas. Anteriormente, el texto base establecía un plazo de 3 días para emitir la sentencia.

La propuesta de artículo 668 también se modificó, para establecer que la sentencia de calificación del movimiento será apelable en los términos del artículo 663, diferente a la propuesta inicial que indicaba que debía hacerse ante el Tribunal de Apelaciones de Trabajo, el cual debía resolver en el plazo de 5 días.

Con el texto sustitutivo este artículo también pasará a indicar que el cambio de causas omotivos en la huelga que posteriormente pueda llegarse a presentar podrá ser objeto de un nuevo proceso de calificación, si en ello hubiere interés.

Un artículo que no sufrió mayores modificaciones respecto a su redacción original es el 375 bis, el cual establecería que la huelga en servicios esenciales es manifiestamente ilegal, por lo que no
requiere del trámite de calificación previsto en el Código de Trabajo, de modo que el patrono podrá solicitar al Juzgado de Trabajo emitir una orden dirigida a los trabajadores para que se reincorporen a sus labores de forma inmediata.

El único cambio que se realizó en esa propuesta es que la notificación de la declaratoria de ilegalidad de la huelga en servicios esenciales se hará, en caso de manifestaciones de coaliciones temporales de trabajadores, a través de la publicación en un medio de comunicación nacional.

De igual manera, el artículo 661 bis propuesto se mantiene casi igual, en el sentido de que en caso de que la huelga sea declarada legal y pasados ocho días naturales desde la firmeza de la resolución no se ha puesto fin al movimiento, el patrono podrá solicitar al juez la suspensión de la huelga si logra probar que se están causando daños de difícil o imposible reparación a la ciudadanía.

Para resolver esa gestión, el juez concederá audiencia a la contraparte dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas, en el cual deberán presentar sus alegatos. Recibidos los alegatos de las partes el juez resolverá la solicitud en un plazo máximo de veinticuatro horas.

Otra novedad incluida en el texto sustitutivo aprobado es una reforma a la Ley de Notificaciones Judiciales, donde se establece que los traslados de demanda o auto inicial en los procesos de calificación de huelgas deberán notificarse, en esos casos, de conformidad con el Código de Trabajo.

Finalmente, se modifica el artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para establecer que los usos y costumbres tendrán carácter supletorio del derecho escrito y que al resolver los asuntos propios de su competencia, los tribunales, en cualquier instancia, deberán respetar eficazmente los principios y las normas de cada disciplina jurídica, prioritariamente cuando se trate de las especializadas.

Este proyecto de ley tiene un trámite especial y abreviado según el antiguo artículo 208 bis del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Ello implicó, además, que las mociones de fondo que fueron presentadas antes de la adopción del texto sustitutivo este miércoles quedaran automáticamente rechazadas.

Los diputados que integran la comisión que estudia esta iniciativa tienen hasta inicios de junio para elevar el dictamen del proyecto al Plenario, donde tendrá prioridad absoluta en la agenda para su discusión y aprobación.

Esta nota forma parte del reporte "Diputados avanzan en aprobar dos reformas constitucionales y cambios importantes a las huelgas" de Barra de Prensa del 22 de mayo del 2019.