Por muchas razones la semana anterior estuvo llena de gente en las playas y pescado en las casas. La tradición católica es no comer carne roja en viernes santo y el mito es que si nos bañamos jueves o viernes santo nos convertimos en pescado.
Pero estos no son los únicos mitos y tradiciones que rodean al pescado. Y si nos vamos particularmente al atún los mitos se convierten en dinámicas políticas y las dinámica políticas se convierten en... negocio.
Hace algunos meses les compartí la conversación que tuve con José Antonio Chaves, abogado especialmente interesado en el tema atunero. Él comentó las mil y una razones para pensar que nuestra autoridad pesquera, el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) está haciendo las cosas mal.
Chaves, junto al también abogado José María Villalta ganaron un juicio contra el Estado costarricense por el mal manejo del recurso pesquero. En aquella oportunidad José Antonio manifestó que:
A mí me parece que en Costa Rica ha habido un manejo institucional oscuro. Y aunque el Contencioso no lo determinó así, al menos logramos desarmar el argumento de que no es un manejo negligente, porque sí lo es.
La buena noticia es que Incopesca ha propuesto una reforma a la Ley de Pesca y Acuicultura, la cual también se apalanca de un decreto ejecutivo y en conjunto pretenden ordenar el manejo del recurso atunero nacional.
Esta semana nos sentamos a conversar con el presidente ejecutivo de Incopesca, Moisés Mug Villanueva, no solo sobre la ansiada reforma de Ley, sino también sobre la institución y cómo opera, porque literalmente está tomada por intereses particulares.
Presidente ejecutivo de Incopesca, Moisés Mug Villanueva | Foto por Eduardo Carmona
INSTITUCIÓN FRÁGIL
“Incopesca es una autoridad pesquera. Las autoridades pesqueras son las que deberían normar el aprovechamiento del recurso pesquero.
La institución tiene su origen en un departamento de pesquería del Ministerio de Agricultura [y Ganadería], y de allí evolucionó a una autoridad pesquera, convirtiéndose en una institución autónoma con junta directiva, es la estructura que tenemos hasta el día de hoy.
Tiene 25 años de labor. En todos estos años se han impulsado las pesquerías de flotas nacionales, pero las flotas atuneras [internacionales] no han sido abarcadas apropiadamente.
Se arrastró un enfoque de desarrollo atunero a la sazón del pasado: capturar el interés de los buques internacionales de pescar en Costa Rica (...). El contexto histórico cambió, pero todavía no hemos logrado cambiar la política de aprovechamiento.
Entonces, el país no ha visualizado un mecanismo, o un plan para atender a las poblaciones pesqueras para que salgan del nivel de subsistencia social, y logren independencia económica y rentabilidad”
Moisés Mug es biólogo especializado en ciencias pesqueras, y desde que inició el gobierno de Carlos Alvarado Quesada ha estado frente a Incopesca. Su nombramiento, como en casi todos los demás, tuvo simpatizantes y detractores. Lo importante, al menos a simple vista, es que Mug tiene claro la situación interna de la institución.
Don Moisés, en este contexto, ¿cuál ha sido el papel de Incopesca a través de los años, independientemente de que usted haya sido recién nombrado?, es decir, ¿cómo califica usted al trabajo que ha realizado Incopesca?
—Pienso que la institución se ha enfocado mucho en el fomento de la pesquería. La Ley [de Incopesca] tiene algún contexto sobre fomentar la pesquería como una oportunidad de desarrollo económico de las poblaciones costeras, lo cual es legítimo pero tiene límites.
En el establecimiento y la identificación de hasta dónde es posible fomentar, ahí tenemos una deuda con los mismos pescadores y con el país. Necesitamos darle claridad a ambos sobre cuáles son esos límites de aprovechamiento.
Ahora, cuando hablamos de límites y de regulaciones y de todo este tipo de criterios y conceptos, las poblaciones costeras tienden a asustarse, porque piensan que los van a sacar del mar pero la idea no es esa.
La idea es lograr un modelo de aprovechamiento en el cual la misma población identifique cuáles son las cosas que deben hacerse para recuperar la biomasa pesquera (recurso pesquero).
Este es un trabajo que definitivamente es un reto tanto para la autoridad pesquera como para las comunidades pesqueras.
Hablemos del conflicto de intereses dentro de la institución.
—Se ha señalado en la prensa que hay un conflicto de interés porque en la junta directiva hay miembros del mismo sector. Es decir, es el mismo sector [industrial y exportador pesquero] normándose.
Me parece que cuando se diseñó [la junta directiva], la intención era participar al sector, darle una especie de responsabilidad social de la pesquería para tomar decisiones.
Hay otros modelos distintos en el mundo, más centrados en el poder ejecutivo y en la parte científica-técnica. Nosotros tenemos un modelo en el cual la institución no tiene todas las capacidades científicas para llevar las investigaciones necesarias para entender cuáles son los niveles de aprovechamiento sustentables, y tampoco tenemos una buena colaboración (no porque nos la nieguen, sino porque no tenemos un buen programa) con las universidades. De nuestra parte debemos lograrlo.
Sin mucho cálculo político Mug dice que es responsabilidad de Incopesca lograr colaboraciones con las universidades para hacer investigación científica de campo, pero que para eso pues... también necesitan recursos.
En ese sentido, parte de identificar de dónde vendrán estos recursos es lo que pretende la reforma a la Ley de Pesca, dice Mug que:
La pesquería atunera es la que tiene mayor potencial para desarrollo del país. En este momento tiene algún potencial para generar empleos nuevos. Aún no sabemos cuántos, pero también tiene potencial de retener y mejorar la calidad de los empleos existentes.
También tiene potencial para generar algunos recursos para la institución y dedicarnos a las labores técnicas y científicas que se requieren.
Presidente ejecutivo de Incopesca, Moisés Mug Villanueva | Foto por Eduardo Carmona
Continuando la línea de conflictos de interés, ¿existe alguna manera de modificar que el sector no se autorregule?, entiendo que el sector tiene “tomada la junta directiva”, que sus posiciones están en detrimento del interés del país.
—Bueno en principio tenemos una situación y es que la mayoría en la junta directiva la tiene el sector pesquero (sector exportador e industrial). Esto es una realidad.
La junta directiva tiene nueve miembros y cinco son del sector [pesquero], cuatro somos el resto. Esto fue identificado como uno de los elementos contradictorios en la formulación de la autoridad pesquera y señalado así en uno de los informes de la OCDE.
Hay una recomendación muy clara de que es necesario que el Poder Ejecutivo tenga un mayor control de lo que sucede en la junta directiva.
Esto es importante indicarlo, porque ya hay un proyecto de ley presentado desde enero de este año ante la Asamblea Legislativa para aumentar el número de miembros del gobierno en la junta directiva; buscamos darle una silla al Ministerio de Ambiente y una al Sistema Nacional de Guardacostas.
COBRAR LO JUSTO
El canon que debe pagar cada embarcación de red de cerco (redes para capturar especies cuya costumbre es nadar formando densos cardúmenes o bancos de peces, como el atún) para pescar en nuestras aguas está fijado desde hace más de 20 años en USD $54.
Dicha tarifa se paga sin distingo en cuanto a la capacidad del barco para cargar atún, cuestión que dicho sea de paso Costa Rica calcula de manera ambigua, pues el parámetro que usa es la Tonelada Neta de Registro (TNR), la cual no guarda relación con la capacidad real de pesca.
Esto porque la TNR (también conocida como Tonelada Moorson) calcula volumen y no masa. Es decir, una TNR no equivale a una tonelada de peso, sino que en una Tonelada Moorson caben 2.83 toneladas métricas. Pero, eso no es todo, porque aunque el canon está fijado en 54 dólares, en realidad solo se cobran 19 dólares.
Según Mug Villanueva, ambos detalles se estarían corrigiendo de aprobarse la reforma de Ley N° 8436. Esta propuesta busca modificar los artículos 49, 53, 55 y 60, y adicionar otro más, el 60bis.
La estrategia del gobierno de la República es plasmar en el texto reformado los lineamientos base y en un decreto ejecutivo operativizarlos.
Brevemente hablemos sobre las reformas a la Ley. Me llama la atención la metodología que se usaría para cobrar los cánones de registro y licencias.
En el punto dos de este artículo 49 dice que deberá considerarse el comportamiento de las capturas según datos históricos de pesca, y por acá más adelante también en la reforma al artículo 55 vuelve a mencionar temas de análisis científicos y técnicos.
¿Cuenta Incopesca con información para que lo que se especifica en esta reforma puede llevarse la práctica?
—Algunos estudios existen, son puntuales. El asunto es que para pesquería los estudios puntuales no son muy útiles, porque son una fotografía del momento pero no son útiles en el tiempo. Lo que se necesita es un monitoreo de la pesquería y ahí es donde estamos fallando.
Para el caso de los atunes la pesquería tiene un programa de observadores que actualmente es la Comisión Interamericana de Atún Tropical (CIAT).
Todo buque clase 5 y clase 6, debe llevar un observador a bordo. Entonces, ellos [los observadores] toman datos. Nosotros los podemos pedir y de ahí se pueden hacer los análisis, en realidad no son muy complicados. Lo que se requiere es tiempo y algún tipo de entrenamiento.
En el pasado yo fui la persona que hice los análisis para la zonificación [de pesca]. La idea es entrenar a una persona para que quede en Incopesca y pueda hacer esos análisis.
Es importante hacer notar que la información existe, la CIAT es para estudios científicos, análisis científico, control y vigilancia. Actualmente se les pide que compartan las señales satelitales pero solamente tenemos la posición en tiempo real, pero no tenemos la información de capturas, etcétera. Toda esta información la podríamos tener en tiempo cuasi-real con un programa de observadores propio de la autoridad pesquera.
Los anteojos de Mug Villanueva quedan sobre la mesa luego de un par de preguntas | Foto por Eduardo Carmona
En el artículo 55 dice que el número de licencias que se otorgan estará limitado o restringido por un límite de captura total de atún para buques cerqueros que demuestren que la totalidad de sus capturas serán descargadas en Costa Rica. ¿Cómo Incopesca logrará verificar esto?
—La idea es tener un control antes del zarpe, de tal manera que antes de otorgar la licencia nosotros podamos medir cuánto atún existe en las bodegas.
¿Actualmente no se hace?
—No se exige. Pero lo vamos a empezar a solicitar porque es parte de lo que se necesita empezar a hacer.
El artículo 60 dice que los barcos atuneros cerqueros nacionales y extranjeros no podrán ejercer actividades pesqueras en las áreas marinas en las que exista veda.
En un informe de auditoría, en 2014, la Contraloría General de la República señaló que Incopesca carece de datos y criterios técnicos para señalar dónde y por qué hay veda; también había señalado que existe una oficina dentro de Incopesca que se supone que debe brindar estos datos pero que nunca ha funcionado por falta de personal. Entonces ¿cómo cumpliran esto?
—Lo que existen es la Comisión Científica Técnica, es una comisión que trabaja ad honorem, no está conformada por personal del Incopesca, sino por personas de universidades y otras instituciones, entonces es personal externo.
¿Pero está establecida en la Ley [de Incopesca]?
—Correcto, de hecho de varias comisiones que se llaman comisiones subsidiarias.
Esta reforma debe pasar por el Congreso, ¿cómo cree usted qué será tomada por el diputados y cómo cree que será el lobby del sector atunero?
—Pienso que tendrá una buena aceptación entre los diputados, porque aunque no está expresamente tipificado en un artículo que se eliminan las licencias gratuitas, en la reforma la redacción de los artículos elimina la posibilidad de otorgar licencias gratuitas.
En el contexto actual no se justifica [otorgar] licencias gratuitas. Esta es una deuda histórica que ha tenido la autoridad pesquera y los tomadores de decisión incluyendo a la Asamblea Legislativa y también al Poder Ejecutivo.
Esta es una demanda que han hecho muchas voces de organizaciones no gubernamentales y gente que ha estado por muchos años detrás de este tema. Dar licencias gratuitas es una cosa que está fuera de tiempo y fuera de contexto.
Habrá unos que digan que será demasiado caro una licencia, pero si comparamos por ejemplo lo que se cobra en el Acuerdo Naburo que son USD $8000 por día y aplicáramos esa tasa a Costa Rica, la licencia costaría USD $400,000.
¿Se arregló la diferencia técnica en cuanto al pesaje de toneladas?
—Eso se cambió, ya no será el tamaño de la bodega del buque sino la posibilidad de cuánto puede pescar cualquier buque en aguas costarricenses con una licencia de 60 días, ese será el criterio, además de cuánto cuesta ese atún en aguas internacionales.
Mug Villanueva se inclina por un cambio generacional en Incopesca y por personal técnico-científico | Foto por Eduardo Carmona
Ciertamente Incopesca parece ser una institución ineficiente, pero nos damos cuenta de que la falta de recursos podría influir, ¿cómo lograr que la institución cumpla con lo que su propia Ley establece?
—Un cambio de personal es importante. Viene arrastrando personal incluso del Ministerio de Agricultura, una buena parte de ese personal ya se está pensionado y existen algunas limitaciones de re-contratación, por el momento fiscal del país.
Es una institución que inicialmente se pensó para una planilla de 180 personas, y actualmente hay cerca de 110. Es decir nunca alcanzó el nivel para el que se diseñó.
En los próximos años Costa Rica debe repensar a la autoridad pesquera entendiendo dos cosas importantes: 1. en los próximos años las comunidades costeras deben recuperar su economía, tienen que asegurarse el trabajo en la costa, pero también tienen que asegurarse que se recuperen las poblaciones del recurso pesquero. Y 2. es cómo quiere Costa Rica administrar sus océanos.
Esa es una pregunta para los próximos 30 o 40 años.
La situación en la cual se diseñó la autoridad pesquera en 1995 no es la misma que tenemos ahora. En aquel momento tal vez se pensó que el océano está ahí para desarrollarse [explotarlo] pero cuando llegamos al océano nos dimos cuenta que hay otros visitantes y otros inquilinos con más capacidad de pesca, etcétera.
Por eso, lo que estamos buscando [con la reforma a la Ley de Pesca] es que en las aguas costarricenses el recurso pesquero, el atún sea principalmente para las flotas nacionales.
Quisiéramos que las comunidades pesqueras se sientan orgullosas de ser pescadores, tal vez no todo el mundo podrá ser pescador, pero los que están en la pesquería que se sientan orgullosos y que pueden llevar sustento a sus familias, y llevarle recurso pesquero al resto de la población sin que el resto de la población los vea como depredadores del mar.
¿En cuánto tiempo más o menos ustedes piensan que la reforma estará tramitada en el Congreso?
—No tengo la menor idea. Mi expertiz no está ahí. Mi expertiz político es una de mis más grandes debilidades, yo soy una persona de perfil más técnico científico que político.
¿Le hace falta personal más técnico-científico que político a Incopesca?
—Le hace falta mucho personal técnico, porque estamos perdiendo rápidamente este tipo de personal, y no sólo eso necesitamos, también gente más joven, que tenga una visión nueva y con energía porque ya algunos (de los que peinamos canas) no tenemos tanta energía.
Este detalle de la oficina de Mug en San José bien podría describir la situación de Incopesca | Foto por Eduardo Carmona
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El tema de la reforma a Ley de Pesca y Acuicultura (Ley N° 8436) nos llevó a conversar más sobre cómo la Ley de Creación de Incopesca (Ley 7384) atribuye a la institución tareas para las cuales no tiene capacidad. Entonces claro, se crea todo un círculo vicioso.
Este intento del Poder Ejecutivo por actualizar la legislación depende de los y las diputadas. Es importante mencionar que en la corriente legislativa se encuentra también el expediente 21016, propuesto por la bancada Socialcristiana, el cual se denomina “ley para proteger la riqueza atunera de Costa Rica”.
Sin embargo, a mi juicio, es una propuesta que, 1. duplica esfuerzos y 2. cae en el mismo error de la Ley de Creación de Incopesca, es decir, a la institución se le otorga una serie de funciones sin haber estudiado la capacidad de la misma para ejecutarlas; y tampoco estima si realmente los ingresos que dice tendrá Incopesca alcanzan para lograr las tareas asignadas.
Habrá que estar atentos a cómo caminará la propuesta del Ejecutivo en la Comisión de Ambiente que es donde se discutirá la reforma a la Ley de Pesca y Acuicultura; también, es urgente aprobar la propuesta que busca balancear la representatividad en la junta directiva de la institución. No podemos permitir que los intereses sectoriales sigan siendo juez y parte en la administración de los recursos pesqueros de nuestros océanos.
Por eso debemos estar atentos a lo que suceda en el Congreso, recordemos que el próximo primero de mayo cambia la conformación de las comisiones legislativas y eso también nos podría dar una luz de cómo se maneje el asunto. Porque como decía un antiguo jefe que tuve, “el papel aguanta lo que sea”.
