Once diputados de las bancadas de la Unidad Social Cristiana, Integración Nacional y Restauración Nacional presentaron ante la Sala Constitucional una consulta para que los magistrados declaren que la reforma a la Ley de Armas y Explosivos tiene roces con la Constitución Política, al disponer la reducción de armas permitidas por persona de tres a dos, entre otras medidas.
La consulta fue presentada este miércoles por los diputados Pablo Heriberto Abarca, María Inés Solís, Pedro Muñoz, Aracelly Salas, Oscar Cascante, Shirley Díaz, Patricia Villegas, Walter Muñoz, Zoila Volio, Dragos Dolanescu y Mélvin Nuñez, quienes en conjunto suman 11 congresistas, uno más que los 10 necesarios para que la Sala acoja para estudio los argumentos de los legisladores.
Los diputados esbozaron tres argumentos de supuesta inconstitucionalidad en el expediente 20.509 que fue aprobado en primer debate por el Plenario el martes:
En primer lugar, alegan que la reforma al artículo 23 pretendida en la iniciativa, con la cual se reduce de 3 a 2 las armas permitidas por persona, es inconstitucional por "clara" violación al derecho de propiedad privada.
"La disminución de cuantas armas legales puede inscribir una persona en ningún caso ha sido demostrado ni cuenta con el respaldo técnico o fáctico que contemple las condiciones previstas en el numeral 45 de la Carta Magna que permita una limitación a la propiedad privada", dice su escrito.
Los consultantes alegan que la reducción no solo violenta la propiedad privada de una persona sin fundamento alguno, sino que representa una total desproporcionalidad de la norma el dejar indefensa a las personas ante una eventual agresión o posibilidad de defender legítimamente su patrimonio.
"Las armas de fuego son herramientas y como tales pueden sufrir desperfectos, si la misma deja de funcionar por una falla mecánica, y sólo se cuenta con una segunda arma, no se podría ejercer la legítima defensa mientras se efectué su reparación. En este sentido, la iniciativa de ley estaría promoviendo que las personas tengan que estar trasladándose de un lugar a otro con la única arma con que se cuenta por cerrarse la posibilidad de contar con una tercera, ya sea en su domicilio o de su centro de trabajo, siendo que las armas de respaldo son necesarias en caso de fallas de la principal", alegan.
Los diputados también cuestionan que la ley no dispone qué pasará con las personas que ya tuviesen tres armas o en los casos donde se adquirieron armas que ahora pasarán a estar prohibidas y que ello no es correcto pues "se debe indemnizar a los propietarios de las armas que adquirieron lícitamente cuando el mismo Estado permitía la inscripción y tenencia de estas armas".
El segundo argumento de inconstitucionalidad es la supuesta violación al principio de proporcionalidad por la redacción del artículo 23 de la Ley de Armas y Explosivos que se aprobaría en la Asamblea, pues dispone que una vez otorgada la matricula de un arma esta debe ser renovada cada 6 años.
Los legisladores alegan que las armas como un bien y una propiedad pueden estar sujetas a su inscripción y matricula, sin embargo, poner una fecha de vencimiento a esta inscripción resultaría una violación a la propiedad y una medida totalmente desproporcionada.
"No existe actualmente una propiedad sujeta a un vencimiento, resulta impensable otorgar una condición de propiedad a un bien sujeto a plazo, el tener que renovar la matricula obligaría a las personas a tener que validar su derecho de propiedad en un tiempo establecido", afirman.
Finalmente, los diputados cuestionaron la redacción del inciso 2, artículo 7 de la Ley de Armas y Explosivos contenida en el proyecto, pues impide el acceso a armas a personas que hayan sido elevadas a juicio por delitos contra la libertad, delitos sexuales e infracción a la Ley de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso No Autorizado y Actividades Conexas, Crimen Organizado y cualquier otro delito donde medie la violencia. Según ellos, tal medida violenta el principio constitucional de presunción de inocencia.
"La prohibición que se pretende agregar con el proyecto de ley aplica una sanción y una pena a personas en un estado donde amparados al artículo 39 de la Constitución, no se ha declarado por sentencia en firme el cometido de delito, cuasidelito o falta, por lo que continúan siendo inocentes hasta la finalización del proceso, violentándose así el principio de inocencia", afirman.
Si la Sala Constitucional cursa la consulta legislativa tendrá un mes para resolverla a partir del momento en que reciba copia del expediente del proyecto de ley. Si la consulta es admitida, el proyecto no podrá votarse en segundo debate hasta que los magistrados se pronuncien.
Admitida reforma constitucional para variar periodos de sesiones legislativas
El Plenario de la Asamblea Legislativa admitió para estudio, este miércoles, la reforma constitucional impulsada por 12 diputados con la que se pretende modificar el artículo 116 de la Carta Fundamental para modificar los plazos de los periodos de sesiones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea Legislativa.
Se trata de la iniciativa tramitada en el expediente 21.145, el cual dispone que cada periodo ordinario y extraordinario dure seis meses, divididos en bloques de tres meses e intercalados entre sí.
De este modo, las sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa se realizarían del 1 de febrero al 30 de abril y del 1 de agosto al 31 de octubre, mientras que las extraordinarias irían del 1.° de mayo al 31 de julio y del 1 de noviembre al 31 de enero.
Con el cambio se pretende que el Poder Ejecutivo pueda impulsar su agenda en el Congreso durante sus primeros 100 días de gobierno, ya que actualmente el Presidente asume el cargo mientras la Asamblea Legislativa se encuentra en sesiones ordinarias y por ende, no puede influir en la agenda de proyectos que se conocen.
Actualmente las sesiones ordinarias y extraordinarias tienen una duración de seis meses cada una, pero sus fechas de inicio y fin no son equitativas: las ordinarias van del 1 de mayo al 31 de julio (tres meses) y del 1 de septiembre al 30 de noviembre (tres meses), mientras que las extraordinarias van del 1 de agosto al 31 de agosto (un mes) y luego del 1 de diciembre al 30 de abril (cinco meses).
El paso que sigue para la reforma es la conformación de una comisión especial de diputados encargados de estudiarla y recomendarla al Plenario y, de seguido, un engorroso y repetitivo trámite de discusión y votación en cinco debates por el fondo, de los cuales dos deben darse en una legislatura y los otros tres en otra, entre los cuales debe además incluirse una consulta obligatoria a la Sala Constitucional y la voluntad del Presidente de la República de recomendar la reforma en su mensaje al Congreso del 2 de mayo.
Nota: Los diputados salieron este miércoles a vacaciones. Volverán nuevamente el 22 de abril próximo.









