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El déficit fiscal debe ser abordado con medidas más allá de una reforma fiscal con aumentos impositivos. La evasión del impuesto sobre la renta y los odiosos privilegios y despilfarros del sector público reflejan una falta de compromiso con el bienestar social. El que ostenta el poder sobre los fondos públicos, debe entender, respetar y venerar que dichos fondos costaron sudor y empeño a otra persona, que son el resultado de horas de trabajo y dedicación y no un barril sin fondo impuesto al ciudadano para satisfacer intereses ajenos al mismo ciudadano.

Por otro lado, es importante ofrecer educación fiscal desde las edades más tempranas. Los programas ideados por el Ministerio de Hacienda en convenio con el Ministerio de Educación son iniciativas destacadas, sin embargo, la discusión fiscal ha puesto en evidencia el poco conocimiento del ciudadano común sobre la hacienda pública.

Por ello, estos programas deben ser reforzados en la secundaria. Los jóvenes deben comprender que la calle por donde circularon, el puente que cruzaron y el pupitre en que se encuentran sentados —quienes asisten a educación pública— fueron sufragados por el contribuyente. Deben entender que para mejorar todos esos aspectos vitales de nuestra vida cotidiana, es necesario contribuir responsable y solidariamente. Eso nos arrastra hacia el establecimiento de una “ cultura tributaria”, inculcada en los nuevos ciudadanos para que el evasor sea objeto de reproche y que la contribución sea algo tan intrínseco como respirar. Y por otro lado, el ciudadano que aspire a ser funcionario público, lo haga con orgullo, sabiendo que su deber es servir al pueblo y no servirse del pueblo.

Sin duda, uno de los factores determinantes del grado de cumplimiento de la misión de recaudar impuestos es el nivel de conciencia fiscal de la sociedad, en la medida en que influye directamente sobre la disposición al cumplimiento voluntario y al rechazo del fraude fiscal, así como la percepción y constatación que los impuestos que pagamos, reflejan buenos servicios y buen trato por parte del funcionario público.

La conciencia fiscal no es algo natural. Es un producto social y, por tanto, resultado de la educación. Producto de ella, tendremos una sociedad fiscalmente solidaria y responsable, con toda la autoridad moral para exigir una buena gestión del gasto público. Un sistema fiscal que pretenda sufragar las necesidades públicas y garantizar el desarrollo y bienestar demandados por la ciudadanía, no puede permitir la evasión, y mucho menos, el despilfarro y la usurpación de los fondos públicos. Fraude, evasión y despilfarro se combinan para reducir los ingresos y eficiencia públicos, desvirtúa el reparto de las cargas tributarias en detrimento de la justicia, altera las condiciones de la competencia y provoca distorsiones en el sistema económico.

El sistema educativo tiene la responsabilidad de preparar a los jóvenes para el momento en que deban cumplir sus obligaciones como contribuyentes, así como exigir servicios y gasto público eficiente y de calidad. Para eso, ni se puede ni se debe esperar a que los ciudadanos sean adultos.