Los diputados reanudan labores esta semana conociendo de la renuncia de la magistrada Carmenmaría Escoto Fernández al cargo de magistrada de la Sala Primera, y se aprobaron dos vías rápidas a los proyectos de reforma al Reglamento de la Asamblea y el que castigaría abusos cometidos en huelgas declaradas ilegales.
Carmenmaría Escoto desiste de la reelección
Carmenmaría Escoto junto al expresidente de la Corte, Carlos Chinchilla. / YouTube
La magistrada vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Carmenmaría Escoto Fernández (Sala Primera) anunció su desistimiento a una nueva reelección, tras más de 15 años en el cargo.
Escoto, que en un inicio externó su deseo de ser reelecta por segunda vez, envió un oficio al Congreso en el que echa para atrás, de modo que ya la decisión del Plenario no será si le otorga un nuevo periodo de ocho años o no, sino la designación de quien le sucederá en la magistratura.
El nombramiento de la magistrada vencía el 18 de febrero de 2019 y en los próximos días estaba programada su audiencia ante la Comisión de Nombramientos para defender su intención de reelegirse. Ahora, su salida de la Corte se dará el 19 de diciembre, según anunció a sus compañeros magistrados.
Los diputados integrantes de la Comisión de Nombramientos tendrán 30 días hábiles para hacer todas las gestiones necesarias para enviar una terna de recomendados a nuevo magistrado o magistrada de la Sala Primera.
Vía rápida a reforma al Reglamento y normas sobre huelgas
El Plenario aprobó dos mociones 208 bis que se aplicarán a los proyectos de Reforma General al Reglamento de la Asamblea Legislativa, tramitado en el expediente 21.116; y al expediente 21.049 denominado Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos.
La lectura, discusión y votación de las mismas acaparó buena parte de la sesión de la tarde y superaron, además, una moción de revisión presentada por José María Villalta quien alegó que no hubo tiempo suficiente para poder leer toda la moción y analizarla.
En el caso del proyecto 21.116, se aprobó con 46 votos a favor y 6 en contra (José María Villalta, Shirley Díaz, Wálter Muñoz, Patricia Villegas, Carlos Avendaño y Xiomara Rodríguez).
La moción de revisión de Villalta para ese 208 bis fue rechazada por 9 votos a favor y 42 votos en contra.
En el caso del proyecto 21.049, el 208 bis se aprobó con 47 votos a favor y 5 en contra (Shirley Díaz, Patricia Villegas, Wálter Muñoz, José María Villalta, Dragos Dolanescu).
De igual forma, Villalta interpuso una moción de revisión, sin embargo, fue rechazada por 6 votos a favor y 42 en contra.
Ahora ambos proyectos serán tramitados por comisiones especiales distintas, conformadas por siete diputados cada una: 2 del PLN, 1 del PAC, 1 de RN, 1 del PUSC, 1 de las fracciones de menos de cuatro diputados (PIN-FA-PRSC) y 1 de los diputados independientes.
Además, esos órganos legislativos tendrán hasta 30 días hábiles para emitir el correspondiente dictamen que, al ser enviado a Plenario, se discutirá en primer y segundo debate.
Control político
El diputado Pedro Muñoz del PUSC cuestionó la decisión del Gobierno de Carlos Alvarado de no darle continuidad a Sergio Ugalde como embajador de Costa Rica ante Holanda y quien formó parte del equipo diplomático-legal que alcanzó las victorias diplomáticas del país en los juicios contra el gobierno de Nicaragua en La Haya.
El diputado Pablo Heriberto Abarca del PUSC criticó que el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) suscribiera un convenio con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) por la suma de 750 mil dólares (450 millones de colones) para sembrar árboles en el Centro Nacional de Convenciones. Según él, la ESPH no tiene experiencia en ese ámbito, por lo que tendrá que contratar a otra empresa para hacerlo.
El diputado Roberto Thompson Chacón del PLN resaltó los resultados de la labor legislativa durante los últimos meses, traducida en la aprobación de 80 proyectos de ley en segundo y primer debate, incluida la vía rápida al plan fiscal y la aprobación de la reforma constitucional para destituir diputados que falten al principio de probidad.
El diputado José María Villalta del Frente Amplio expuso los hallazgos de la Contraloría General de la República en un informe de auditoría sobre la eficacia de las acciones implementadas en el Ministerio de Hacienda contra la evasión en el impuesto sobre las ventas.
Ese informe reveló que la evasión se incrementó en cerca de dos puntos porcentuales en el periodo 2012-2016, al pasar de 29,1% en el 2012 a un 31,1% en el 2016. Asimismo, se determinó que el número de contribuyentes morosos se ha incrementado en el periodo 2014-2017 en un 28,0%, y que a diciembre de 2017, siete de cada diez contribuyentes inscritos poseen alguna deuda morosa en el Impuesto General sobre las Ventas.
