Los sucesos relevantes del jueves en el Congreso acontecieron en la Comisión de Control del Ingreso y el Gasto Público, donde continuó la investigación por la famosa "soda de $2 millones" en el Ministerio de Agricultura y Ganadería.
El órgano legislativo recibió en audiencia bajo juramento a Ana Cristina Quirós, viceministra de Agricultura; Mónica Mora, jefa de Servicios de Apoyo del MAG y Dennis Torres Zuñiga, exjefe del Departamento de Servicios Generales del MAG.
La viceministra fue la primera en hacer uso de la palabra para señalar que el polémico proyecto es más que una soda, sino más bien una obra de infraestructura que aporta soluciones a tres instituciones estatales en comedor, archivo y otros aspectos: el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Servicio Fitosanitario del Estado y el Instituto Nacional de Investigación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria.
Según los documentos que aportó a la Comisión, el proyecto se concibió en la administración de Laura Chinchilla Miranda en el 2011 y fue inscrito en el Banco de Proyectos del MIDEPLAN en el 2012, con un presupuesto proyectado de 1154 millones de colones, por lo que las autoridades siguientes lo que hicieron fue continuarlo y supervisarlo.
El enfrentamiento más notable de la audiencia se presentó cuando Dennis Torres señaló que la encargada de darle seguimiento a la obra era Ana Cristina Quirós, quien en la administración pasada se desempeñaba como oficial mayor y directora administrativa y financiera del MAG.
Torres dijo a los diputados que el departamento que él lideraba en el ministerio fue desaparecido por una reestructuración ordenada por la ahora viceministra; que era víctima de persecución política y que en la institución se estaba haciendo una "piñata de nombramientos" para militantes del Partido Acción Ciudadana.
Agregó que por el cargo que desempeñaba en su momento era su responsabilidad la licitación y adjudicación de la obra, pero que en el primer concurso -aunque ofertaron varias empresas- decidió declararla infructuosa, pues ninguna empresa cumplía con los requisitos técnicos ni de experiencia establecidos.
Torres dijo que la ahora viceministra le dijo en un pasillo -a inicios de 2018- que necesitaba "ayuda" con Frutas Tropicales, una de las empresas que había ofertado y que Mónica Mora le dijo posteriormente que si él declaraba infructuosa la licitación, Ana Cristina Quirós anularía su oficio y haría la adjudicación para Frutas Tropicales.
Mientras hacía estas declaraciones, Mora reiteradamente hacía señales de rechazo, aunque prefirió no hacer declaraciones al iniciar la audiencia, como sí lo hizo la viceministra para defenderse.
Dennis Torres dijo que él no entendía el interés por adjudicar a Frutas Tropicales, pero que luego se enteró que las autoridades de la institución habían estado conversado con un señor -que no nombró- que figuraba como apoderado de la empresa.
Agregó que cuando declaró infructuosa la primera contratación, inmediatamente las autoridades sacaron una nueva -que fue la que 'ganó' Frutas Tropicales- pero que para esa se lo "saltaron" a él, pues la ahora viceministra era su jefa.
"Hacen una contratación inmediatamente después y me doy cuenta porque llega Greivin Moya y me pregunta que por qué si yo en una primera declaro que es infructuosa, en una segunda se la adjudica a la misma empresa que no cumplía requisitos. Le dije que había que meterse a SICOP, creí que me estaba hablando de la primera. Le pregunto que por qué dice que soy yo el que adjudicó y me dice que es porque la compañera Mónica le declaró que había sido el estudio de Dennis Torres el que sirvió para adjudicarlo. Yo me quito el tiro", declaró Torres.
Para rematar en su declaración, el director de Servicios Generales del MAG dijo que el tema se denunció ante la auditoría interna, pero que esta no hizo nada. "Uno como funcionario se desmotiva porque no es tan fácil como lo hacen ver. Lo que pasa es que en ese tiempo doña Ana Cristina era la directora administrativa financiera, oficial mayor y la jefa de despacho, entonces uno tenía que estar calladito más bonito", sentenció.
La situación dio un giro cuando correspondió a la diputada Paola Vega hacer sus preguntas, pues expuso a los diputados que el "testigo estrella" tenía múltiples denuncias presentadas en su contra por malos tratos y acoso, tanto a compañeros de trabajo como a ciudadanos que acudían a recibir servicios públicos.
Inclusive cuando Vega la preguntó a la viceministra si ella había sido víctima de acoso por parte de Dennis Torres, esta soltó en llanto, pidió un receso y se abstuvo de responder.
Aunque los diputados hicieron otras interrogantes sobre el proceso de contratación, la viceministra señaló que hay una investigación en curso sobre el tema, por lo que iba a esperar las conclusiones para referirse a eso.
Dennis Torres señaló, por otro lado, que el proceso de despido en su contra se inició porque supuestamente no cobró tres meses al antiguo concesionario de la soda del MAG, además de crear un ambiente negativo de trabajo.
La gestión de despido mía es pura persecución, hasta documentos falsos metieron. Sé que Ana Cristina está metida, la directora de asuntos jurídicos, la jefa de despacho actual, todos apadrinados por el actual ministro
El diputado Luis Fernando Chacón, del PLN, señaló que el tema que competía a la comisión no era un asunto de acoso, sino de ingreso y gasto de fondos públicos.
La segunda polémica ocurrió una vez finalizado el interrogatorio a los tres comparecientes.
Para este jueves se tenía previsto que la Comisión votara si abría o no una investigación contra Jonathan Prendas por supuestamente prestar servicios profesionales a Restauración Nacional, mientras recibía un plus de dedicación exclusiva en la Asamblea Legislativa, como asesor de Fabricio Alvarado.
Pese a que la moción llevaba varios días esperando ser conocida, el "directorio" de la Comisión la dejó para lo último, de modo que quedó con tiempo muy ajustado para su conocimiento, pues la sesión debía terminar obligatoriamente a las 2:44 p.m., pues un minuto después iniciaban los 15 minutos para conformar quórum en el Plenario.
Llegado el momento de conocer la propuesta de la diputada oficialista, Jonathan Prendas se retiró de la Comisión y dejó a Yorleni León del PLN a cargo de la sesión y procedió a leer la moción. Vega argumentó por qué era necesaria su aprobación y seguidamente León pidió al Departamento de Servicios Técnicos que se pronunciara sobre la solicitud de Paola Vega de apartar a Jonathan Prendas de la presidencia de la comisión, mientras estuviera abierta la investigación.
La conclusión de Víctor Emilio Granados, asesor legal de los diputados, fue que la recusación no existe en el derecho parlamentario, pero que aún así una persona con potenciales conflictos de interés debe inhibirse de conocer y participar en esos asuntos.
De seguido y con el reloj aún corriendo, la diputada Ivonne Acuña hizo uso de la palabra durante dos minutos para reiterar lo que había dicho el funcionario de Servicios Técnicos, algo que Vega interpretó como un gesto que evidenciaba preocupación sobre una eventual investigación sobre el tema.
La diputada Ivonne Acuña, compañera de tendencia del diputado Prendas, empezó a dilatar y a pedir la palabra por el orden, sin ser integrantes de la Comisión, para que el tiempo avanzara y llegar a un tiempo límite para que no pidiéramos votar.
Paola Vega retiró la moción y presentó otra casi idéntica, que únicamente eliminaba lo relacionado con apartar a Prendas del cargo, sin embargo, no llegó a votarse, por lo que quedará para una próxima sesión.
Horas más tarde, la oficina de prensa de la fracción del PAC informó que Vega decidió presentar la denuncia sobre el tema que quería se investigara en la Comisión de Ingreso y Gasto Público, ante la Procuraduría de la Ética Pública.
“La ética en la función pública del diputado Jonathan Prendas ha sido cuestionada y debe confrontarse con la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito. Es solo la punta del iceberg de las irregularidades que rodean la campaña de Fabricio Alvarado”, señaló.
MAGISTRADO JURAMENTADO
El Plenario juramentó a Jorge Araya García como magistrado propietario de la Sala Constitucional, luego de la designación que se hiciera el miércoles de forma sorpresiva.
Como recordarán del reporte previo, Araya obtuvo solo un voto en la primer ronda, ninguno en la segunda y remontó con 38 votos en la tercera, suficientes para resultar electo por un periodo de ocho años.
El alto juez entrará a conocer las tres consultas legislativas de constitucionalidad sobre el plan fiscal, por lo que desde ya se especula cuál será su posición.








