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El colectivo Mujeres por Costa Rica: madres, abuelas, tías, hermanas y muchas de nosotras educadoras, hacemos un llamado al Magisterio Nacional, en especial a las mujeres docentes y personal administrativo, para que pongamos fin a la situación de incertidumbre, a los temores y congojas que hemos vivido en los hogares costarricenses en estos más de setenta días de huelga. 

Instamos como mujeres a nuestras conciudadanas para que pensemos en nuestros niños, niñas y adolescentes y pongamos de primero su interés y bienestar, como nos lo obliga no solo la ley sino nuestra naturaleza misma como mujeres y promotoras de paz.

Apelamos a su compromiso de respetar el derecho humano a la educación según la Declaración Universal de Derechos Humanos y a promover y garantizar la educación de las personas menores, según el tratado internacional de la Convención de Derechos del Niño de 1990.

Apelamos a la obligación que, como personas adultas tenemos, de poner primero el interés superior de las personas menores por sobre cualquier otro interés, según se expresa en el Código de la Niñez y la Adolescencia

Esa normativa nos dice que cualquiera de nuestras acciones, públicas o privadas, que conciernan a una persona menor de dieciocho años, debe considerar de primero el interés y los derechos de la persona menor. 

Por lo tanto, a la hora de decidir cualquier cuestión que les afecte, debemos como personas adultas en primera instancia proteger los derechos de las personas menores, respetar su desarrollo integral, procurar una vida digna, y velar por sus intereses.

De ahí que el derecho a huelga se debe respetar pero no puede estar nunca por encima del derecho superior de las personas menores, en este caso su derecho a la educación.

La huelga ha provocado serios daños a cientos de miles de estudiantes de escuelas y colegios públicos: desde el punto de vista social, hemos afectado mayoritariamente a las poblaciones más vulnerables y empobrecidas del país al retroceder su proceso educativo, así como desatender las necesidades alimenticias y la adecuada nutrición con el cierre de numerosos comedores escolares, sin considerar que para muchos de nuestros niños y niñas, la principal comida es la que obtienen en el centro educativo.

Con estas acciones lo que propiciamos es el aumento de la brecha social y la inequidad en nuestro país.

Desde el punto de vista ético, es necesario reconocer que la Educación es un derecho humano y un bien común y por lo tanto, la interrupción y el abandono del proceso educativo atentan contra los principios fundamentales de nuestra legislación en materia educativa de la que nos hemos sentido orgullosos como costarricenses.

Esos actos tienen consecuencias impredecibles en la formación ética de nuestros estudiantes quienes han sido sometidos a situaciones de estrés innecesarias, al negarles sus promedios de notas, al obstaculizar exámenes y actos cívicos, al incumplir deberes docentes y administrativos, al escuchar y leer manifestaciones consideradas como “bullying” contra autoridades nacionales.

Desde lo pedagógico, es clara la afectación de que tantos días de abandono requerirá de un gran esfuerzo que tendrá un impacto económico tanto sobre las maltrechas finanzas públicas como las de las familias.

Los procesos educativos tienen una secuencia y deben mantenerse en los tiempos programados, contando para ello con la orientación y el acompañamiento de las personas adultas asignadas por el Estado para cumplir con esa noble misión de educar personas. Requerimos por lo tanto, iniciar procesos de recuperación pedagógica lo antes posible.

Dado lo anterior hacemos un llamado a los funcionarios y funcionarias públicas del sector educación para que privilegiemos sobre cualquier otro interés, el interés principal de las personas menores.

Para ello instamos a cada persona a que se reintegre a su trabajo y cumpla con su deber de procurar una mejor educación.

Unamos esfuerzos para recuperar la educación pública como promotora de la movilidad social y base de la democracia costarricense, en el marco de una cultura de paz.