Este artículo representa el criterio de quien lo firma. Los artículos de opinión publicados no reflejan necesariamente la posición editorial de este medio. Delfino.CR es un medio independiente, abierto a la opinión de sus lectores. Si desea publicar en Teclado Abierto, consulte nuestra guía para averiguar cómo hacerlo.

De los temas más importantes y polémicos de los que se discuten es sobre la actual reforma fiscal en el plenario, la cual ha sido calificada -dependiendo de a quién se le consulte- como justa (injusta) o progresiva (regresiva), pero afortunadamente, la gran mayoría concuerda en que es necesaria para evitar una crisis. Sin embargo, poco se ha hablado de la insuficiencia de esta. Empecemos por la necesidad de su aprobación.

La necesidad de recursos para cumplir con obligaciones: Desde el año anterior, las señales sobre los problemas de liquidez que enfrentaba -y enfrenta- el Gobierno Central se hicieron evidentes cuando el expresidente Solís dio un discurso sorpresivo al país sobre las dificultades para obtener recursos que permitieran cumplir con sus obligaciones y planteara la necesidad de endeudamiento externo. Por otro lado, a finales de año, el Ministerio de Hacienda enfrentó retrasos por algunas horas en el pago de salarios, que pudo depositar luego de que un banco internacional comprara deuda por un monto superior a los US$300 millones, a un a un costo más alto del rendimiento vigente en el mercado al momento de la operación.

En la misma línea, el 25 de septiembre el Gobierno anunció que el Banco Central le financiará para los próximos tres meses el desbalance entre ingresos y gastos mediante la emisión de letras del tesoro. Si bien, la medida se tomó para evitar mayores incrementos en las tasas de interés, el mensaje es preocupante, ya que indica que la deuda emitida por hacienda no tiene demandantes —tal como ocurrió el 17 de septiembre cuando Hacienda realizó una subasta de bonos de deuda pública para captar recursos, pero de siete series de bonos que salieron a concurso, tres se declararon desiertas— o bien, los prestamistas exigen tasas de interés más altas.

La necesidad de generar confianza en los mercados: Si le dijera que la situación económica del país va a empeorar en los próximos meses, ¿usted invertiría en nuevos negocios? ¿se arriesgaría a endeudarse para comprar un carro o una casa? La respuesta de mucho sería un rotundo no. De acuerdo con las cifras más recientes publicadas por la Escuela de Estadística de la UCR , las confianza del consumidor en agosto cayó abruptamente desde su última medición en mayo, lo que evidencia un mayor pesimismo por parte de los consumidores. ¿Las razones? Son varias, pero resalta a todas luces la delicada situación de las finanzas públicas. Y a menor confianza del consumidor, menor gasto de los hogares, menor crecimiento de la demanda interna y, por ende, menor crecimiento económico.

Por otra parte, el pasado jueves 20 de septiembre, la calificadora de riesgo Moody’s emitió un comunicado en el que advertía a los mercados internacionales -y a nosotros también- sobre la posible rebaja en la calificación crediticia del país como consecuencia de las últimas protestas sindicales que hacen que la aprobación de la reforma en su estado actual sea menos probable. Este es un mensaje fundamental, ya que, si el país decide buscar recursos externos para financiar gastos, el país deberá pagar mayores tasas de interés que las ya existentes inicialmente. Además, muchos inversionistas extranjeros toman en cuenta la calificación de los países para decidir si invertir o no en estos.

Un ejemplo de lo anterior ocurrió el mismo día, cuando el banco Barclays sugirió a sus inversionistas trasladar sus inversiones en bonos de Costa Rica a vencer en 2023 y 2025, a títulos de El Salvador, que vencen en el 2025 y 2027, pues la firma aduce que las expectativas de una aprobación de la reforma fiscal se están desvaneciendo.

No obstante, el déficit fiscal no es el mayor problema del país en materia económica, sino el tamaño de su deuda, lo que nos lleva a hablar sobre la insuficiencia de la reforma fiscal que actualmente discute la Asamblea Legislativa.

Estimaciones propias, basadas en la metodología utilizada por Fernández (2005), indican que en el caso de que no haya reforma fiscal, la deuda del Gobierno Central sería del 67% del PIB para el 2022. Por otro lado, en el caso de que la actual reforma fiscal (la cual representa aproximadamente un ajuste de 1,2% del PIB) sea aprobada en el Congreso, la deuda representaría alrededor de 61% de la producción nacional en lugar de 67%. Esto quiere decir que el país tendría comprometido más de la mitad de su ingreso ya sea con o sin reforma.  Sumado a lo anterior, ninguno de los dos casos es sostenible, pues la deuda continuaría creciendo, aunque a menor ritmo en el caso de que se apruebe la actual reforma.

Entonces, ¿cómo se puede reducir el tamaño de la deuda? Para ello, se tendrían que realizar ajustes fiscales de aproximadamente 4% del PIB que permita al país generar un superávit primario (saldo positivo entre ingresos y gastos sin intereses) que permita reducir el tamaño de la deuda a niveles sostenibles y que no comprometan la estabilidad macroeconómica del país.

Es claro que tenemos la urgente necesidad de una reforma fiscal, pero la actual resulta insuficiente para resolver el problema en las finanzas públicas. Cabe preguntarnos, de aprobarse la actual, ¿qué vendrá después? ¿Buscará el Gobierno la aprobación de endeudamiento externo en los mercados internacionales? ¿Se negociarán préstamos con los organismos internacionales? ¿Se hará las necesarias reformas al gasto gubernamental? ¿O se seguirán postergando las soluciones? Lo cierto es, que el tiempo se está acabando y de no hacer nada, la misma economía realizará sus propios ajustes por la vía de la crisis, una crisis que está a la vuelta de la esquina.