La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) anunció el día de hoy su fallo a favor del Estado costarricense por el caso Amrhein y otros vs. Costa Rica.

El caso agrupaba a 17 personas que entre el 2004 y 2006 presentaron sus reclamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIHD), alegando que no se les había garantizado el derecho a la revisión integral de sus sentencias penales, por lo que pretendían que fueran anuladas en el tribunal internacional.

Tras conocer el caso la Corte IDH indicó que en la legislación costarricense existen recursos que permiten obtener una revisión integral de las condenas penales impuestas, por lo que declaró que el Estado no es responsable de la violación del derecho a recurrir el fallo condenatorio.

En uno de los 17 casos la Corte IDH sí encontró que Costa Rica era responsable por la violación del derecho a la libertad personal en perjuicio del señor Jorge Martínez Meléndez. Martínez Meléndez estuvo en prisión preventiva entre el 3 de junio de 2006 y el 17 de julio de 2007, cuando fue condenado en firme por 12 delitos de peculado.

La Corte IDH consideró que la prisión preventiva en ese caso excedía la razonabilidad y los plazos legales previstos. Por este caso, el país deberá pagar a Jorge Martínez Meléndez la suma de $2.000 por la violación a su derecho a la libertad personal y $5.000 por detrimento patrimonial sufrido durante los 13 meses y 14 días que se prolongó su prisión preventiva.

Adicionalmente la Corte IDH señaló que el país deberá pagar $18,044.43 a Factum Consorcio por concepto de costas y gastos incurridos en los procesos internos y en el procedimiento internacional ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. También condenó al Estado a reintegrar al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte IDH la cantidad de $ 5,789.30.

La magistrada Doris Arias Madrigal, quien encabezó el equipo de la Sala de Casación Penal en la audiencia ante la Corte el pasado mes de agosto de 2017, señaló que la defensa del Estado costarricense estuvo integrada por un equipo interinstitucional compuesto por funcionarios del ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Justicia y expertos internacionales.

El ministerio de Relaciones Exteriores y Culto celebró el fallo a favor de Costa Rica. La embajadora Gioconda Ubeda Rivera, señaló en un comunicado de prensa la importancia de la resolución para el sistema judicial costarricense:

“Este ha sido el caso más complejo y el de mayor importancia institucional que ha tenido el Estado costarricense en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). De haberse perdido, el país estaría a las puertas de enfrentar la revisión de más de 100,000 casos con sentencia en firme antes del 2010, según estimación de la Corte Suprema de Justicia. Esto hubiera sido catastrófico para Costa Rica, y para cualquier otro país, no solo por el altísimo costo que representaría para el erario público reiniciar esos procesos penales, sino también por las implicaciones que esto conllevaría a las víctimas que reclamaron justicia  en los procesos penales muchas décadas atrás”.

Elizabeth Odio Benito, jueza costarricense de la Corte IDH,  no participó en el conocimiento y deliberación del presente caso.