Contraloría identificó deficiencias en parámetros para valorar renovación del otorgamiento y atrasos en revisión de informes.
La Contraloría General de la República (CGR) realizó una auditoría al Ministerio de Comercio Exterior (Comex) la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) y al Ministerio de Hacienda sobre los otorgamientos y la revisión de requisitos de permanencia para empresas en el régimen de zonas francas, encontrando un cumplimiento medio del marco jurídico relacionado con los otorgamientos y la revisión de cumplimiento de compromisos para la permanencia en el régimen de zona franca por parte de las empresas.
En cuanto a la presentación de requisitos y definición de parámetros de ingreso al régimen, se identificaron debilidades en la gestión de información, y ausencia de parámetros técnicos para valorar el otorgamiento del régimen a empresas previamente beneficiadas.
La auditoría tuvo como objetivo determinar si los otorgamientos y la revisión de permanencia para empresas en el régimen de zonas francas, cumple con el marco jurídico y técnico aplicable.
Dato D+: El análisis comprendió la revisión de una muestra representativa aleatoria de 29 expedientes de empresas seleccionadas con margen de error del 15% y un nivel de confianza del 90%, de 469 empresas que ingresaron al régimen en el período 2010 a junio 2023.
Entre los principales hallazgos relevantes del estudio la Contraloría destacó:
- Existe un cumplimiento medio del marco jurídico relacionado con los otorgamientos y la revisión del cumplimiento de compromisos para la permanencia del régimen de zonas francas por parte de las empresas.
- Procesos de solicitud en etapa de ingreso al régimen y resolución de otorgamiento, superan los plazos establecidos normativamente.
- Comex no cuenta con parámetros técnicos para valorar el otorgamiento a empresas previamente beneficiadas.
- No existe homogeneidad en las valoraciones realizadas sobre empresas de la misma categoría para efectos de otorgar nuevamente el régimen.
- Procomer tiene un rezago de hasta dos años en la revisión de los informes anuales de operaciones de las empresas beneficiarias, donde se validan requisitos de inversión y empleo para la permanencia en el régimen.
- Incumplimiento en los niveles de empleo comprometidos inicialmente por las empresas beneficiadas.
Sobre los hallazgos la gerente Área de Fiscalización para el Desarrollo de las Finanzas Públicas, Julissa Sáenz Leiva, añadió:
De las empresas de la muestra que debieron cumplir con el nivel de inversión, a una quinta parte no se les ha revisado los informes, y de las empresas revisadas, una quinta parte incumplió con el monto de la inversión inicial comprometido. Además, de las empresas de la muestra que debieron cumplir con el nivel de empleo, se determinó que en un 18% no se ha revisado dicho cumplimiento, y aquellas que Procomer revisó, se determinó que un 17% incumplieron dicho compromiso, generando 76% menos empleos”.
El informe señala que Procomer recomendó la apertura de procedimientos administrativos ante los incumplimientos identificados en 9 de las 29 empresas de la muestra seleccionada. De esos nueve casos a una empresa se le revocó el régimen, tres se encuentran en proceso de apertura del procedimiento administrativo, una posee procedimiento abierto, se ubicaron dos empresas con casos desestimados, y dos en los que Comex indicó no haber sido notificado por Procomer con la recomendación de inicio ante el incumplimiento.
Sobre los procedimientos administrativos, la auditoría también encontró que Comex reportó que para el periodo 2010-2023 250 procedimientos administrativos iniciados contra empresas de Zonas Francas, de los cuales 73 se encuentran pendientes de resolución.
A raíz de la auditoría la Contraloría le ordenó, entre otras cosas, a los jerarcas de Comex y Procomer “definir, oficializar, divulgar e implementar un procedimiento en el que se establezcan criterios técnicos mínimos de otorgamientos del régimen a empresas previamente beneficiadas, con el propósito de que brinde seguridad y equidad en el trato de la solicitud, así como transparencia y resguardo a la hacienda pública”.
