Referencia del BCCR

Tipo de cambio

Compra

₡...

Venta

₡...

Presentado por
Logo Coopealianza
Imagen principal del artículo: Paridad: un derecho en partidos

Paridad: un derecho en partidos

El artículo 1 de la Constitución Política costarricense establece que Costa Rica es una república democrática. Este principio fundamental debe materializarse no solo en las instituciones del Estado, sino también en las estructuras internas de los partidos políticos, espacios donde se gestan las decisiones que moldean el rumbo nacional.

Sin embargo, la realidad evidencia una brecha persistente: cuando las mujeres militantes aspiran a participar en procesos internos para obtener candidaturas a puestos públicos, frecuentemente enfrentan barreras deliberadas que cuestionan sistemáticamente su capacidad de liderazgo por razones de género.

El caso de una mujer que manifestó interés en participar en el proceso interno para obtener una candidatura a la alcaldía de su cantón ilustra esta problemática. Una vez que comunicó su aspiración, dirigentes del partido comenzaron a excluirla de reuniones cruciales donde se toman decisiones sobre la selección de candidaturas. Más grave aún: le comunicaron frases como "una mujer no tiene el carácter necesario para dirigir este cantón", cuestionamientos que no se basan en competencia alguna, sino en prejuicios de género.

Esta conducta no es incidental. Viola principios constitucionales fundamentales. La Sala Constitucional costarricense ha reconocido reiteradamente que la discriminación por género es contraria a los derechos humanos (sentencia 2000-6242 y posteriores). La Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer (Ley 7142) y la Ley contra el Acoso Sexual en el Empleo (Ley 7476) establecen marcos de protección que aplican también a espacios de participación política interna.

Los partidos políticos no son espacios privados aislados del ordenamiento jurídico. Son actores fundamentales en la democracia costarricense y, como tales, deben respetar los derechos humanos. La exclusión de mujeres de los procesos de toma de decisiones sobre candidaturas no solo viola derechos individuales, sino que socava la calidad de la democracia al limitar artificialmente el acceso a posiciones de poder a la mitad de la población.

Cabe preguntar: ¿en qué se fundamenta la afirmación de que una mujer "no tiene el carácter" para dirigir un cantón? ¿Existe algún estudio, investigación o criterio objetivo que lo sustente? La respuesta es inequívoca: no existe fundamento alguno más que el prejuicio histórico que ha excluido a las mujeres de los espacios de poder.

Costa Rica cuenta con antecedentes de liderazgo femenino exitoso en puestos municipales. Las alcaldesas que han ejercido el cargo demuestran capacidad de gestión, liderazgo y visión. Las competencias requeridas para dirigir una entidad local no dependen del género.

Es imperativo que los partidos políticos asuman la responsabilidad de garantizar procesos internos inclusivos y equitativos. Esto no es un favor, es una obligación constitucional. Cuando dirigentes partidarios excluyen deliberadamente a mujeres de procesos decisorios, no solo incumplen sus obligaciones legales: erosionan la democracia misma.

Se requieren mecanismos de fiscalización de estos procesos internos y consecuencias para quienes violen los principios de no discriminación. La democracia costarricense merece partidos políticos que representen verdaderamente a toda la población, incluidas las mujeres, sin cuestionamientos fundados solo en prejuicios.