En mayo de 2025, después de una breve visita a Costa Rica, escribí un artículo titulado “Algo huele mal en Costa Rica”. Regresé a Panamá preocupado por el deterioro que observaba en un país al que me unen profundos afectos. Advertí sobre el estilo confrontacional y personalista del gobierno de Rodrigo Chaves, sus ataques a la prensa, a la justicia y a los órganos de control, y los riesgos de una creciente concentración del poder. Señalé que las elecciones de 2026 pondrían en juego el tipo de democracia que los costarricenses deseaban preservar. Lamentablemente, considero que la evolución posterior ha confirmado aquellas preocupaciones.
Volví sobre el tema a inicios de febrero de este año, después del triunfo de Laura Fernández, en un artículo publicado en La Nación: “Costa Rica vota continuidad y pone a prueba su democracia”. Reconocí la legitimidad incuestionable de su victoria, pero advertí sobre los riesgos que enfrentaría el país si el nuevo gobierno —que había logrado mayoría en la Asamblea: 31 de los 57 diputados— optaba por acumular poder y debilitar los contrapesos. Subrayé la responsabilidad histórica de la oposición: colaborar con las iniciativas beneficiosas para Costa Rica y establecer límites firmes frente a los excesos del Ejecutivo. También destaqué que la defensa democrática comprometía a toda la ciudadanía. Preservar el ADN democrático de la cultura política tica requería demócratas activos, capaces de salir en su defensa.
Hoy, aquella advertencia adquiere mayor urgencia. Chaves dejó la Presidencia, pero permanece —en un hecho inédito y preocupante— en el centro del gobierno de Fernández como ministro de Hacienda y de la Presidencia. Su doble responsabilidad y su protagonismo muestran una continuidad de influencia que trasciende el relevo formal de la jefatura del Ejecutivo. La acumulación de funciones estratégicas en el expresidente debe examinarse junto con el proyecto de largo plazo del movimiento que encabeza.
Los ataques contra la Fiscalía General y el Poder Judicial resultan especialmente graves. Chaves ha presentado al Poder Judicial como parte de la oposición, mientras Fernández ha acusado al fiscal general de instrumentalizar políticamente la justicia. Esas acusaciones gubernamentales deben distinguirse de hechos probados. Sin embargo, su reiteración revela una manera peligrosa de concebir los controles: tratar como adversarios políticos a instituciones que conservan autonomía frente al Ejecutivo y tienen la obligación de investigarlo y fiscalizarlo.
A ello se suma la propuesta oficialista, del pasado 27 de octubre, de modificar las reglas de reelección; una propuesta de reforma que tiene nombre y apellido: Rodrigo Chaves. La iniciativa permitiría dos períodos presidenciales consecutivos y nuevos retornos después de cuatro años fuera del cargo, sin fijar un máximo de mandatos a lo largo de la vida. Además, adelantaría a 2030 la posibilidad de una nueva candidatura del ex presidente Chaves. No establece —por ahora— una permanencia ininterrumpida, pero abre una vía para su regreso y una eventual continuidad mediante la reelección consecutiva. Su alcance debe evaluarse en ese contexto de confrontación con los contrapesos.
La democracia costarricense atraviesa un punto de inflexión. El riesgo reside en la convergencia de un liderazgo personalista —el del expresidente Chaves, que conserva una fuerte influencia en el Gobierno de Fernández—, los intentos de concentrar más poder, la deslegitimación de la justicia y el debilitamiento de los contrapesos institucionales. A ello se suman las iniciativas para modificar las reglas de reelección, el uso de las redes sociales para amplificar la confrontación y desacreditar a quienes fiscalizan al Gobierno, y la promesa de combatir la delincuencia con una política de mano dura inspirada en Bukele. Esta combinación puede transformar una demanda legítima de seguridad y eficacia en respaldo ciudadano a la erosión democrática. El desenlace sigue abierto. Precisamente por eso, la respuesta debe ser temprana, plural, pacífica, constitucional y firme.
Decálogo para defender la democracia
El decálogo que propongo a continuación reúne diez compromisos para garantizar cuatro objetivos centrales: i) asegurar la integridad electoral; ii) preservar la división de poderes; iii) proteger la independencia judicial y la plena vigencia del Estado de derecho; y iv) fortalecer la calidad de la democracia.
- Defender la democracia antes de que sea demasiado tarde.
La prevención es más deseable y eficaz que la recuperación. Cada intento de debilitar la independencia judicial, limitar la fiscalización o utilizar recursos públicos con fines partidarios debe recibir una respuesta institucional y ciudadana oportuna. Corresponde identificar y debatir cada retroceso con evidencia, sin normalizarlo por su aparente pequeñez ni exagerar su alcance. La erosión democrática avanza cuando una sucesión de abusos termina siendo aceptada como parte habitual del gobierno. - Evitar reformas de reelección hechas a la medida.
Las reglas de acceso y permanencia en la Presidencia deben responder al interés general. Cualquier propuesta debe examinarse por sus efectos sobre los contrapesos, la equidad en la competencia electoral y la alternancia. Como salvaguarda, una ampliación de la reelección debería tener aplicación diferida y excluir como beneficiarios inmediatos a quienes la impulsan desde el poder. La Constitución debe ofrecer garantías duraderas, independientes de las aspiraciones personales del gobernante de turno. - Proteger al árbitro electoral y la posibilidad de perder.
El Tribunal Supremo de Elecciones necesita independencia, recursos suficientes y respeto a sus competencias. Sus decisiones pueden cuestionarse por las vías legales, con argumentos y pruebas. Todos los actores deberían comprometerse a respetar los resultados firmes y rechazar el uso del aparato estatal para favorecer candidaturas. La democracia exige que quien gobierna pueda perder y entregar el poder, aunque conserve respaldo entre una parte importante de la población. - Preservar los controles y exigir que funcionen.
La Sala Constitucional, los tribunales, la Contraloría, la Fiscalía General y la Asamblea Legislativa deben ejercer sus atribuciones sin subordinación partidaria. Defender su autonomía también implica exigir transparencia, eficiencia y rendición de cuentas. Los nombramientos deben valorar capacidad e independencia. Las reformas institucionales deben mejorar el servicio y preservar la capacidad de los fiscalizadores para controlar a quienes gobiernan. - Construir un acuerdo democrático entre quienes piensan distinto.
Partidos, universidades, organizaciones sociales, sindicatos, empresas y ciudadanía pueden acordar garantías comunes: elecciones íntegras, libertad de expresión, independencia judicial y límites al poder. Ese compromiso debe permitir que sus participantes mantengan diferencias y compitan entre sí. La oposición tiene una responsabilidad especial: cooperar cuando corresponda y coordinarse para impedir retrocesos. La defensa de las reglas requiere amplitud, coherencia y continuidad. - Vincular la defensa democrática con soluciones concretas.
La democracia debe ofrecer respuestas eficaces a desafíos como la inseguridad, el deterioro de la calidad de vida, la falta de oportunidades, el rezago educativo, las listas de espera en los servicios de salud y la corrupción, entre otros problemas que afectan la vida cotidiana de los ciudadanos.
Defender las instituciones exige proponer mejoras verificables en la vida de los ciudadanos y explicar cómo los controles al poder protegen los recursos públicos. Cuando las instituciones fallan, ganan terreno quienes presentan la concentración del poder y los atajos autoritarios como garantías de eficacia: lo que denomino “eficracia iliberal”. La democracia debe demostrar que puede producir resultados con legalidad, profesionalismo y respeto a los derechos. Para ello, es indispensable dar respuestas democráticas a los problemas de la democracia para impedir que el malestar “en” la democracia se transforme en malestar “con” la democracia.
- Garantizar una prensa libre y el derecho a fiscalizar.
El periodismo, las universidades y las organizaciones ciudadanas necesitan acceso a información pública y libertad para investigar. Deben rechazarse las represalias y el uso discriminatorio de publicidad o recursos estatales para premiar adhesiones. A la vez, corresponde exigir rigor y rectificación de errores. La crítica a una cobertura periodística es legítima; la intimidación desde el poder deteriora las condiciones para que la sociedad conozca y evalúe la actuación de sus autoridades. - Los partidos de oposición deben ofrecer alternativas creíbles y oxigenar el sistema político. Fiscalizar al Gobierno es indispensable, pero insuficiente: también deben convertir el descontento ciudadano en propuestas viables, renovar sus liderazgos y abrir espacios a sectores que no se sienten representados. La crisis de representación se agrava cuando los partidos se limitan a resistir al oficialismo y eluden revisar sus propias prácticas. Recuperar la confianza, exige de parte de los partidos políticos democracia interna, transparencia y capacidad para responder de manera oportuna y eficaz a las demandas ciudadanas. Una oposición que escucha, propone, se renueva y resuelve los problemas de la gente amplía las opciones del elector y reduce el atractivo de quienes prometen resolver las fallas de la democracia concentrando el poder.
- Combatir la corrupción con pruebas y debido proceso.
La prevención requiere contratación abierta, trazabilidad del gasto, controles sobre conflictos de interés y protección a quienes denuncian de buena fe. Las investigaciones deben alcanzar a cualquier persona, con independencia de su cercanía al gobierno o a la oposición. Ningún cargo debe convertirse en refugio frente a la rendición de cuentas. La lucha anticorrupción gana credibilidad cuando aplica las mismas garantías y exigencias a todos y evita las condenas anticipadas. - Organizar una participación ciudadana plural, pacífica y territorial.
La defensa democrática necesita presencia en comunidades, cantones y provincias, participación juvenil y escucha de sectores desatendidos. Las redes digitales ayudan, pero deben acompañarse de deliberación, vigilancia ciudadana y organización sostenida. También deben abrirse espacios a quienes apoyan al Gobierno y desean preservar los límites a su poder. Ninguna fuerza política tiene el monopolio de la democracia ni puede reclamar para sí la representación exclusiva del pueblo.
Reflexión de cierre: actuar ahora
Costa Rica no puede dar por asegurado su futuro democrático por el prestigio de su pasado. Su prueba de fuego consiste en defender los límites al poder cuando hacerlo resulte incómodo e incluso riesgoso.
Ningún dirigente es indispensable; las garantías que permiten fiscalizarlo y reemplazarlo democráticamente sí lo son. Reformar las reglas para favorecer el propio regreso y desacreditar a quienes ejercen controles pone en peligro una herencia que pertenece a todos los costarricenses. Preservarla exige instituciones independientes, una oposición responsable y, sobre todo, ciudadanos dispuestos a informarse, organizarse, exigir cuentas y defender también los derechos de quienes piensan distinto.
En un escenario caracterizado por la confrontación, las descalificaciones y los discursos de odio, cobra especial relevancia una enseñanza central de Jürgen Habermas: la democracia no se agota en sus instituciones ni en sus procedimientos electorales. Necesita una práctica sostenida de diálogo público y ciudadanos capaces de escuchar razones distintas de las propias, revisar sus convicciones y construir acuerdos. Parece una exigencia elemental pero en el clima político actual resulta casi revolucionaria.
Durante más de seis décadas, Habermas defendió una legitimidad democrática fundada en la deliberación libre entre iguales, en la que prevalezca la fuerza del mejor argumento sobre la imposición del más poderoso. Su pensamiento nos plantea una tarea concreta: recuperar las condiciones para que el disenso no convierta al adversario en enemigo ni el acuerdo se confunda con la claudicación. Dialogar exige también estar dispuesto a dejarse persuadir. Sin esa apertura, el debate se convierte en un choque de certezas y la política pierde su capacidad de construir un futuro compartido.
Pero el diálogo democrático necesita ciudadanos que lo sostengan y defiendan. El silencio, la indiferencia y el cálculo de conveniencia dejan espacio a un poder que busca perpetuarse. Cada abuso normalizado debilita los controles y eleva el costo de defenderlos.
En suma: El futuro democrático de Costa Rica dependerá del compromiso de sus ciudadanos: de su capacidad para convertir la preocupación en participación, el desacuerdo en diálogo y la defensa de la libertad en una responsabilidad compartida. Todavía hay margen para corregir el rumbo, pero se estrecha con cada día que pasa. Defender la democracia exige actuar ahora.
