La Comisión de Integración sostiene que la designación temporal del Gobierno no sustituye la elección que corresponde a la Asamblea, prevista para los primeros meses de 2027.
La Comisión de Integración de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal informó que remitió a Casa Presidencial la nómina de personas candidatas preseleccionadas para la Junta Directiva Nacional, con sus atestados y documentación, según lo solicitado en el Decreto Ejecutivo 45984-MP-MTSS, publicado el pasado lunes 9 de noviembre.
Así consta en un comunicado de prensa emitido el jueves 12 de noviembre y firmado por la presidenta de la Comisión, Margarita Cocgnuck González. El documento no precisa en qué fecha se realizó el envío.
La Comisión describe la gestión como parte del "procedimiento excepcional indicado por el Gobierno de la República" para el nombramiento temporal de cuatro personas propietarias y cuatro suplentes en representación de la Asamblea.
De acuerdo con el comunicado, las cuatro personas propietarias integrarán la Junta junto con las tres designadas por el Poder Ejecutivo.
La designación temporal realizada por gobierno no sustituye la elección que compete a la Asamblea”.
Según el comunicado, la designación tampoco "anticipa la decisión de las personas delegadas para el período 2026–2030". La Comisión indicó que la Asamblea Plenaria Ordinaria está prevista para los primeros meses de 2027 y que en ella la nueva población delegada elegirá a las cuatro personas propietarias y a sus suplentes.
Qué establece el decreto publicado el 9 de noviembre
Delfino.cr informó el 10 de noviembre que el decreto, publicado en el Alcance N.° 148 a La Gaceta N.° 212, permite que el Consejo de Gobierno designe de forma pro tempore a cuatro personas titulares y cuatro suplentes que representan a la Asamblea ante la Junta Directiva Nacional.
El Consejo debe escoger únicamente entre personas que ya estaban preseleccionadas por la Asamblea, mediante sus mecanismos de evaluación de idoneidad, a la fecha de publicación. La Secretaría del Consejo, con apoyo de la Unidad Asesora para la Dirección y Coordinación de la Propiedad Accionaria del Estado (UAPA), verifica posibles incompatibilidades y descarta a quienes las presenten. El nombramiento debe hacerse mediante acto motivado.
Los criterios que el Consejo debe considerar son la paridad y alternabilidad de género, la experiencia en entidades financieras supervisadas, la experiencia reciente o actual en órganos colegiados o alta gerencia de entidades de importancia sistémica y la representación sectorial dentro de la Asamblea.
El decreto no nombra a ninguna persona, se limita a definir el procedimiento. El acuerdo de nombramiento es un acto aparte. Los cargos rigen hasta que concluya la integración de la Asamblea para el período 2026-2030 y se designen y ratifiquen sus representantes. El decreto no fija fecha de vencimiento.
Nombramientos pro tempore desde 2022
Desde julio de 2022, sucesivos decretos han permitido al Consejo de Gobierno nombrar de forma temporal a esos cuatro puestos. Delfino.cr informó entonces sobre el Decreto 43638-MP-MTSS, que lo habilitó por hasta ocho meses. En mayo de 2023, el Decreto 44019-MP-MTSS amplió ese plazo. El 11 de enero de 2024, el Decreto 44331-MP-MTSS mantuvo la figura sin fijar fecha de término, luego de que el presidente de la República no ratificara a las personas electas por la Asamblea, según informó CRHoy.
Junta sin integrar desde el 31 de julio
Desde el 31 de julio de 2026, el Banco Popular opera sin Junta Directiva Nacional integrada. El decreto cita el oficio AG-130-2026, del 17 de agosto, de la Auditoría Interna, según el cual la Gerencia General, una Subgerencia y el Auditor General no están habilitados para adoptar decisiones reservadas a la Junta. También menciona el oficio GGC-1040-2026, del 9 de setiembre, de la Gerencia General Corporativa, que advirtió sobre posibles afectaciones a asuntos como la aprobación del Presupuesto Institucional 2027, la normativa interna y la contratación de la firma de auditoría externa.
En octubre, La Nación reportó que la Contraloría General de la República advirtió sobre la imposibilidad de aprobar el presupuesto 2027 sin un órgano de dirección constituido.
El decreto indica que el proceso ordinario de integración de la Asamblea para el período 2026-2030 se encuentra en desarrollo. La Comisión de Integración señaló en su comunicado que está próxima a comunicar la cantidad de delegados y delegadas por organización y sector, y que con ello podrán hacer sus nombramientos.
Delfino.cr informó el 28 de setiembre que la Asamblea afirmó que el proceso para elegir a sus cuatro representantes "continúa con normalidad", pese a que la Gerencia General había dejado sin efecto el Comité Técnico de Nominaciones, creado en abril de 2026.
Acción de inconstitucionalidad contra la ratificación del Ejecutivo
Según informó Semanario Universidad el 12 de noviembre, Rafael López, exdelegado de la Asamblea, interpuso una acción de inconstitucionalidad contra el Poder Ejecutivo y contra el enunciado "y ratificados por el Poder Ejecutivo" del artículo 15, inciso b), de la Ley 4351. La acción pretende que el Ejecutivo deje de tener la potestad de ratificar a los integrantes de la Junta nombrados por el sector trabajador.
López sostiene que esa ratificación somete la voluntad de la Asamblea a una decisión política ajena a los mecanismos de representación definidos por el legislador, y que vulnera los principios de autonomía institucional, representación democrática, razonabilidad, proporcionalidad y seguridad jurídica. Plantea además que el Banco Popular es una institución de derecho público no estatal, propiedad de los trabajadores, y que la normativa del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) ya establece criterios de idoneidad para quienes integran la Junta.
El Observador informó en octubre de 2025 que la Procuraduría General de la República consideró jurídicamente viable el proyecto de ley 24.627, firmado por 34 diputados, que busca eliminar la ratificación del Poder Ejecutivo.
Calificación de Sugef y garantía de depósitos
La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) había asignado al banco, en enero de 2024, la calificación de irregularidad financiera 1 por debilidades de gobierno corporativo en la Junta Directiva. Mediante la resolución SGF-RES-0055-2026, del 11 de setiembre de 2026, le asignó la calificación global de normalidad 3, según reportó La Nación.
La resolución, que usó datos al 31 de mayo, señaló niveles holgados de suficiencia patrimonial y una posición de liquidez suficiente, así como debilidades en la composición e idoneidad del órgano de dirección, en el seguimiento de iniciativas estratégicas y en la revisión crítica de la información financiera y de riesgos. A setiembre, el banco tenía activos por ₡4,42 billones y patrimonio de ₡1,10 billones.
Por su parte, el Fondo de Garantía de Depósitos, administrado por el Banco Central de Costa Rica, garantiza hasta ₡6 millones por persona y por entidad, según información del propio Banco Central. El Banco Popular es una de las entidades contribuyentes. La garantía cubre el monto principal y no los intereses.
