El sindicato cuestiona a la Dirección Regional de Alajuela; el PANI archivó el expediente en setiembre y la Fiscalía investiga un presunto homicidio.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) exigió explicaciones al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) por el archivo, en setiembre, del expediente de un niño de 4 años, abierto tras una denuncia del Ministerio de Educación Pública (MEP). El menor murió el 5 de noviembre en Desamparados de Alajuela.
El sindicato pidió además que se determinen responsabilidades administrativas en todos los niveles de intervención, supervisión y dirección. La Fiscalía Adjunta de Alajuela investiga el caso como presunto homicidio contra la madre del menor y su pareja, a quienes se impuso seis meses de prisión preventiva.
El caso
El niño murió la mañana del jueves 5 de noviembre en una vivienda en Desamparados de Alajuela. La alerta inicial al sistema de emergencias indicaba un posible atragantamiento con avena. Socorristas de la Cruz Roja Costarricense lo declararon sin signos vitales en el lugar.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó el levantamiento del cuerpo y lo trasladó a la Medicatura Forense. Durante las primeras diligencias, los agentes identificaron lesiones antiguas y recientes en el menor, hallazgo que, según la Fiscalía, en apariencia no coincide con la versión del atragantamiento dada por las personas hoy investigadas.
El Juzgado Penal de Alajuela ordenó seis meses de prisión preventiva contra dos mujeres: una de apellido Sandoval, de 25 años y madre del niño, y otra de apellido Hernández, de 32 años y pareja sentimental de la primera. Ambas figuran como sospechosas de homicidio en el expediente 26-006061-0057-PE.
La denuncia del MEP y el archivo del PANI
El PANI confirmó que el 8 de junio de 2026 recibió una denuncia remitida por el MEP, proveniente del centro educativo al que asistía el niño. A partir de ella, la institución coordinó valoraciones con la Fiscalía y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), según explicó el Patronato a Teletica.
De acuerdo a la versión del PANI, los informes técnicos incorporados al expediente indicaban que el menor contaba con redes de apoyo familiar, seguimiento médico y nutricional, esquema de vacunación al día y vinculación con el sistema educativo. Con base en esa revisión, la institución concluyó en setiembre de 2026 que no existían elementos objetivos que evidenciaran una situación de riesgo, amenaza o vulneración de derechos que justificara mantener abierto un proceso especial de protección, y procedió al archivo.
El PANI no ha divulgado el contenido específico de la denuncia original del centro educativo ni los informes técnicos que sustentaron la decisión de archivo.
Lo que exige ANEP
Este 7 de noviembre, el asesor político-sindical de ANEP, Jeffry Hernández Rojas, envió un correo a la presidenta ejecutiva del PANI, María José Vega Sanabria, y a la gerente técnica, Irene Arce Meneses, en el que pide información urgente sobre las actuaciones institucionales y las eventuales responsabilidades en el caso.
Entre las solicitudes, ANEP consulta qué acciones administrativas adoptará el PANI para esclarecer lo ocurrido, si abrirá procedimientos administrativos y valorará medidas cautelares, incluida la separación temporal de funciones cuando corresponda, y qué medidas tomará respecto de la Dirección Regional de Alajuela. También pide saber cuántas recepciones digitales se registraron relacionadas con el menor, en qué fechas, bajo cuáles tipologías de riesgo y prioridades de atención, y cuáles generaron investigaciones preliminares o fueron archivadas.
En declaraciones remitidas junto con el correo, Hernández planteó interrogantes que, dijo, deben responderse: qué clasificación de prioridad recibió la denuncia, si se cumplieron los plazos del Modelo de Gestión, cuándo se realizó la primera intervención y qué diligencias se efectuaron entre junio y setiembre. Sobre la explicación del PANI, sostuvo:
No basta con afirmar que no existían indicadores de riesgo. El PANI debe explicar cómo investigó el entorno familiar y qué mecanismos de supervisión se aplicaron”.
ANEP sostiene que, según la información divulgada, existían señalamientos sobre presuntas lesiones físicas en el niño, y que por su edad una investigación preliminar no podía limitarse a verificar condiciones generales de salud, nutrición o escolaridad. El PANI no ha divulgado si la denuncia incluía esos señalamientos.
El sindicato cuestiona además la gestión de la Dirección Regional de Alajuela, encabezada por Yorleny Mora Acuña. En el correo, ANEP afirma que durante su gestión se han presentado múltiples situaciones de gravedad y señala lo que considera un énfasis excesivo en estadísticas, indicadores y cumplimiento de metas administrativas que no necesariamente reflejan la calidad, oportunidad y efectividad de las intervenciones.
La solicitud recuerda el antecedente de enero de 2020, cuando la muerte de una niña de 4 años en Tuetal de Alajuela derivó en la renuncia de la entonces presidenta ejecutiva del PANI, Patricia Vega, quien reconoció deficiencias en la clasificación y atención de las alertas recibidas.
ANEP aclaró que no solicita información confidencial ni datos sensibles del menor, sino información administrativa sobre las actuaciones institucionales.
Investigación judicial en curso
La Fiscalía mantiene pendientes los resultados de la autopsia y otras diligencias solicitadas para determinar la causa exacta del fallecimiento y el grado de relación entre las lesiones observadas y la muerte. El caso permanece en investigación bajo el expediente 26-006061-0057-PE.
