La Procuraduría afirmó que la resolución permite superar una paralización del expediente. La investigación, iniciada en 2019, todavía tiene pendientes diligencias sobre pruebas decomisadas en 2021.
El Tribunal Penal del II Circuito Judicial de San José declaró inadmisibles recursos de apelación presentados por las defensas de personas investigadas en el caso Cochinilla, una causa por presunta corrupción en contratos de obra pública que acumula más de cinco años desde que se hizo pública y que ha enfrentado reiterados retrasos por controversias judiciales.
La decisión consta en el voto 423-2026, notificado este viernes 9 de octubre, según informó la Procuraduría General de la República (PGR). La institución sostuvo que el pronunciamiento permite eliminar una paralización del expediente 19-000025-1218-PE y destacó su intervención en respaldo de las gestiones del Ministerio Público para que el Tribunal resolviera los recursos por escrito.
Según la Procuraduría, su posición se fundamentó en la necesidad de evitar posibles abusos del derecho y maniobras dilatorias, así como en la inexistencia de perjuicios irreparables para las partes y la contundencia de los elementos probatorios. La institución indicó que el Tribunal aplicó los requisitos de admisibilidad establecidos en el Código Procesal Penal.
La inadmisibilidad significa que el Tribunal rechazó tramitar los recursos por considerar que no cumplían las condiciones legales para ser conocidos.
Apelaciones y pruebas pendientes
La resolución ocurre después de años de controversias que han dificultado el avance de la investigación. En septiembre de 2024, CR Hoy informó que al menos dos apelaciones presentadas por abogados defensores permanecían pendientes desde 2022. En junio de 2026, el mismo medio documentó que el proceso todavía enfrentaba recursos judiciales, diligencias de investigación inconclusas y dificultades para celebrar audiencias.
Uno de los principales puntos de conflicto ha sido la apertura y revisión de 244 dispositivos electrónicos decomisados durante los allanamientos del 14 de junio de 2021, entre teléfonos celulares, computadoras y otros equipos que podrían contener información relevante para la investigación.
En febrero de 2026, CR Hoy publicó que la Fiscalía todavía no había podido completar esas diligencias debido a recursos, incidentes y solicitudes de nulidad. Un recuento suministrado por el Ministerio Público a ese medio identificó al menos 14 ocasiones, entre julio de 2021 y febrero de 2026, en las que no pudieron realizarse audiencias por apelaciones o conflictos de agenda de abogados defensores.
Más recientemente, Diario Extra informó el 6 de octubre que una apelación volvió a impedir la revisión de computadoras y celulares decomisados. Según esa publicación, las defensas cuestionaron que la apertura de la evidencia se realizara ante investigadores judiciales y fiscales sin la presencia de un juez. No se ha confirmado si ese recurso figura entre los declarados inadmisibles mediante el voto notificado este viernes.
Las defensas también han cuestionado la legalidad de actuaciones realizadas bajo el procedimiento especial de delincuencia organizada, particularmente por la derogatoria de una disposición de la legislación aplicable en octubre de 2019. Entre los aspectos discutidos están la validez de allanamientos e intervenciones telefónicas utilizados para obtener pruebas.
Los abogados defensores han rechazado que sus actuaciones constituyan maniobras para retrasar el proceso. En declaraciones publicadas en febrero de 2026, Francisco Campos, abogado de Mélida Solís Vargas, y Erick Ramos, representante de Meco y Carlos Cerdas Araya, defendieron los recursos como mecanismos para garantizar el debido proceso. Ramos también señaló que la prolongación de la causa afecta económicamente a las empresas investigadas debido a las restricciones judiciales sobre sus bienes.
Una investigación que comenzó en 2019
El caso Cochinilla salió a la luz pública el 14 de junio de 2021, cuando el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público ejecutaron 57 allanamientos en instituciones públicas, empresas constructoras y propiedades particulares. El operativo dejó 30 personas detenidas, entre ellas los empresarios Carlos Cerdas Araya, vinculado con Meco, y Mélida Solís Vargas, de H. Solís.
La investigación se concentra en una presunta red de corrupción integrada por funcionarios públicos y representantes de empresas privadas que habrían favorecido irregularmente la adjudicación, tramitación y ejecución de contratos de infraestructura vial, principalmente en el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
De acuerdo con las hipótesis investigadas por las autoridades, funcionarios habrían recibido dinero, bienes y otros beneficios a cambio de favorecer a determinadas constructoras. Las pesquisas también abarcan presuntas irregularidades presupuestarias, facturación y controles de calidad de obras públicas. Estos señalamientos forman parte de una investigación penal y no constituyen hechos declarados probados mediante una sentencia condenatoria.
La causa principal continúa en investigación, aunque algunos expedientes derivados registran avances distintos. En junio de 2026, se informó que la Fiscalía había presentado cuatro acusaciones penales en procesos relacionados con el caso y que algunos de ellos se encontraban pendientes de audiencia preliminar, etapa en la que un juez determina si existen elementos suficientes para llevar a las personas acusadas a juicio.
La Procuraduría indicó que la investigación principal permanece bajo reserva conforme al artículo 295 del Código Procesal Penal, por lo que no puede facilitar información adicional sobre su desarrollo. También señaló que las partes conservarán el derecho a discutir la legalidad de los elementos probatorios y de las actuaciones judiciales en las etapas procesales correspondientes.