La causa principal continúa bajo investigación en contra de al menos 67 personas más.

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) anunció esta tarde que ya formuló dos acusaciones en contra de 12 personas, funcionarias públicas y privadas, dentro del caso conocido como “Cochinilla”, por los presuntos delitos de cohecho propio y penalidad del corruptor.

La denuncia se tramita bajo el expediente 24-000130-1218-PE, el cual es un testimonio de piezas (expediente secundario) originado del caso principal (19-000025-1218-PE). La Fiscalía aclaró que la razón por la que se confeccionaron dos acusaciones es porque se imputan hechos distintos.

De acuerdo con la FAPTA, la causa principal continúa bajo investigación en contra de al menos 67 personas más. Sin embargo, debido a la multiplicidad de hechos y personas investigadas, y en razón de que ya se contaba con prueba idónea para formalizar cargos en contra de los 12 imputados, fue que se logró concluir el expediente secundario. Los requerimientos fueron comunicados hoy a la Procuraduría General de la República (PGR) y al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), para que ambas partes informen si desean constituirse en querellantes, es decir, presentar una acusación privada.

La fiscala Johanna Rodríguez Acosta, de la Fiscalía Anticorrupción añadió:

Dentro de las personas jurídicas que también se están acusando se encuentra la constructora Meco, la constructora Hernán Solís y también la empresa denominada TRAC Pesados. Estas acusaciones se relacionan con actos de corrupción en los que han mediado algunas dados entregadas a los funcionarios públicos por parte de los particulares involucrados, esto para que realizaran actos contrarios a sus deberes, generando beneficios indebidos para estas empresas, tanto en temas presupuestarios como también en el pago agilizado de facturación".

Las dos acusaciones incluidas en el caso 24-000130-1218-PE corresponden a dos hechos específicos, el primero de ellos se relaciona con la empresa constructora MECO y con Conavi, pues, según se acusó, los funcionarios públicos ejecutaron actos contrarios a sus deberes a cambio de dádivas ofrecidas y entregadas por los particulares de la empresa privada.

La segunda acusación involucra a la misma institución estatal y a la empresa H. Solís. Presuntamente, esta última entregó dádivas a los empleados públicos para generarse beneficios directos e indebidos, es decir, para que realizaran actos contrarios a sus deberes dirigidos a adecuar el presupuesto del CONAVI a satisfacción de los intereses particulares de la empresa constructora.

En ambas piezas acusatorias se señaló a personas particulares:

  • Carlos  Cerdas Araya (dueño de MECO).
  • Alejandro Bolaños Salazar.
  • Abel González Carballo.
  • Tobías Arce Alpízar.
  • Médila Solís Vargas (dueña de constructora H. Solís).
  • Priscilla  Naranjo Vargas.
  • Juan Carlos Abarca Quesada.
  • Keylor Godínez Abarca.

Mientras que las personas funcionarias y exfuncionarias del Conavi incluidas en la acusación son:

  • Carlos Solís Murillo.
  • Elsie Carmona Riva.
  • Edgar Meléndez Cerdas.
  • Hugo Fallas Zúñiga.

Desde la Fiscalía añadieron que, a partir de la notificación a las partes afectadas, la PGR y el Conavi cuentan con tres días hábiles para informar a la Fiscalía Anticorrupción si presentarán una querella y/o una acción civil resarcitoria (para el cobro de daños y perjuicios).

En caso afirmativo, contarán con 10 días más para elaborar los documentos. Posterior a la tramitología que conllevan estas gestiones, la FAPTA presentará el expediente ante el Juzgado Penal de Hacienda, con solicitud de apertura de juicio.