En San Carlos, hablar de agricultura y ganadería es hablar del sustento de nuestras comunidades. Detrás de una finca lechera hay familias, trabajadores, transportistas, proveedores y comercios que dependen de que esa actividad siga siendo viable. Por eso, la eventual adhesión de Costa Rica al Acuerdo Transpacífico merece una discusión profunda sobre sus consecuencias para nuestro cantón y la Zona Norte.
Como regidora de la Municipalidad de San Carlos, considero indispensable que las autoridades nacionales expliquen, con información técnica accesible, cuáles serían las oportunidades y los riesgos para nuestros productores. Una decisión de esta magnitud debe valorar cómo se distribuirían sus efectos entre actividades, territorios y familias.
La producción de leche merece especial atención. La Cámara Nacional de Productores de Leche manifestó su oposición a incluir los productos lácteos en el acuerdo y advirtió sobre la competencia que podrían enfrentar las familias productoras ante países con mayores economías de escala y menores costos de producción. Estas advertencias requieren respuestas concretas sobre las condiciones negociadas y sus posibles efectos.
En San Carlos necesitamos conocer qué podría ocurrir con los precios que reciben los productores, la demanda de leche nacional, el empleo y la continuidad de las pequeñas y medianas fincas. También debemos saber cuáles productos tendrían mayor exposición, en qué plazos y con qué mecanismos de protección. El impacto debe estudiarse a lo largo de toda la cadena productiva.
La Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria también expresó su oposición al acuerdo por los riesgos que identifica para la producción nacional, el empleo rural y la seguridad alimentaria. Su presidente, Óscar Arias Moreira, solicitó una valoración integral de sus costos y beneficios, así como condiciones que permitan competir de manera equitativa.
Por su parte, Abel Chaves, vicepresidente de esa organización y presidente de Canapep, pidió excluir al sector agropecuario y reconoció que otras actividades podrían encontrar oportunidades. Esa distinción es relevante: los posibles beneficios para un sector deben examinarse junto con los riesgos para otros, especialmente cuando están en juego medios de vida en las comunidades rurales.
Las preocupaciones también llegaron al ámbito legislativo. El 6 de octubre, la fracción del Partido Liberación Nacional anunció que votará en contra de la eventual adhesión y planteó la necesidad de fortalecer primero las condiciones de los productores. Más allá de las diferencias partidarias, este pronunciamiento debe contribuir a una discusión seria, sustentada en evidencia y abierta a quienes podrían verse afectados.
Desde nuestro cantón debemos participar activamente en esa discusión. Hago un llamado respetuoso al alcalde de San Carlos, Juan Diego González, para que exponga una posición pública y fundamentada sobre el acuerdo, explique sus posibles implicaciones para la economía local y señale qué acciones impulsará en defensa de nuestros sectores productivos.
La ciudadanía merece conocer qué información recibió el gobierno local, cuáles preocupaciones trasladó a las autoridades nacionales y qué respuestas o compromisos obtuvo. Los espacios de diálogo deben traducirse en información pública, seguimiento y resultados que nuestras comunidades puedan valorar.
Propongo, además, que la Municipalidad promueva un espacio de trabajo con productores, cooperativas, cámaras, universidades y las autoridades de Agricultura y Comercio Exterior. Necesitamos un análisis específico para San Carlos y la Zona Norte que permita identificar actividades vulnerables, oportunidades reales y medidas de apoyo.
Ese análisis debe considerar los costos de producción, el acceso al crédito, la infraestructura, la logística y las posibilidades de modernización. Cualquier medida para atender los riesgos identificados debe contar con responsables, recursos y plazos claros.
Costa Rica puede procurar nuevas oportunidades comerciales y, al mismo tiempo, exigir que sus decisiones protejan la capacidad de producir alimentos y sostener el empleo rural. Para ello, escuchar a los productores debe influir efectivamente en las decisiones.
Mi llamado es a que no se avance hacia compromisos definitivos sin una evaluación pública, rigurosa y territorial de sus consecuencias. San Carlos merece respuestas claras y autoridades dispuestas a representar sus intereses. Las familias que producen nuestros alimentos deben tener un lugar central en esta discusión.