Un pronunciamiento promovido desde la Universidad Nacional de Costa Rica reúne 137 adhesiones y exige respetar la legislación que prohíbe las concesiones mineras en la comarca indígena.
Un total de 137 adhesiones de organizaciones, pueblos indígenas, colectivos y personas de 15 países respaldan un pronunciamiento regional de solidaridad con el pueblo Ngäbe-Buglé de Panamá, ante las preocupaciones por nuevas gestiones relacionadas con la posible explotación minera en su territorio.
El documento, impulsado por la Clínica de Derechos Humanos Ambientales del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional de Costa Rica (IDELA-UNA) y titulado Solidaridad con el pueblo Ngäbe-Buglé y contra el avance de la minería en nuestros territorios, reúne apoyos de al menos 50 organizaciones, redes, colectivos, comunidades e instituciones de América Latina, el Caribe y otras regiones.
Las personas y organizaciones firmantes exigen que se respete la Ley 11 de 2012 de Panamá, que establece un régimen especial de protección de los recursos minerales, hídricos y ambientales de la comarca Ngäbe-Buglé. También rechazan que empresas con intereses mineros intervengan en los procesos de decisión de los pueblos indígenas y manifiestan su respaldo a las comunidades que defienden sus territorios.
Preocupación por posibles proyectos mineros en Cerro Colorado
El pronunciamiento surge en medio de nuevas controversias relacionadas con Cerro Colorado, un yacimiento de cobre situado en la comarca Ngäbe-Buglé, cuya eventual explotación minera provocó conflictos entre comunidades indígenas, autoridades e intereses empresariales durante varias décadas.
La Ley 11, aprobada el 26 de marzo de 2012, prohíbe otorgar concesiones para la exploración, explotación y extracción de minería metálica y no metálica dentro de la comarca, sus áreas anexas y las comunidades Ngäbe-Buglé adyacentes. La norma contempla excepciones específicas para la extracción de materiales destinados a proyectos sociales en beneficio de la comarca.
Esta legislación surgió después de años de movilizaciones indígenas contra proyectos mineros e hidroeléctricos, en un proceso marcado por enfrentamientos, represión y muertes durante las protestas.
Pese a la prohibición, durante 2026 surgieron nuevos cuestionamientos por acercamientos empresariales relacionados con Cerro Colorado y la posibilidad de desarrollar mecanismos de consulta sobre una eventual actividad minera.
Según el testimonio de Weny Bagama, delegada del Congreso General Ngäbe-Buglé, algunas de estas gestiones habrían involucrado a una empresa consultora y recursos vinculados con intereses mineros. El pronunciamiento también cuestiona las condiciones de convocatoria de un Congreso Extraordinario celebrado en septiembre de 2026 y la participación de las organizaciones de base.
Las organizaciones firmantes sostienen que los procedimientos de consulta y consentimiento no deben utilizarse para desconocer las decisiones colectivas ni debilitar los mecanismos tradicionales de representación indígena.
Bagama resumió su posición sobre la defensa de la legislación comarcal con una declaración que las organizaciones incorporaron al pronunciamiento:
Nadie más va a respetar nuestra ley si no somos nosotros mismos".
La preocupación también se reflejó en la discusión pública panameña. Durante septiembre, representantes indígenas expresaron su rechazo a las gestiones vinculadas con Cerro Colorado y cuestionaron la posibilidad de impulsar procesos de consulta minera en un territorio donde la legislación vigente prohíbe otorgar concesiones para esa actividad.
Organizaciones indígenas de Costa Rica se suman al respaldo
Entre las adhesiones figuran representantes de pueblos indígenas de Costa Rica, Panamá, Honduras, México, Colombia, Guatemala, Venezuela y Bolivia, así como personas y colectivos de Argentina, Brasil, Nicaragua, Perú, Estados Unidos, Francia y España.
El Frente Nacional de Pueblos Indígenas de Costa Rica (FRENAPI) destacó los vínculos territoriales entre las comunidades indígenas de ambos países y señaló que la defensa de la comarca panameña también concierne a las organizaciones indígenas costarricenses.
El Pueblo Ngäbe-Buglé es un Pueblo transfronterizo. Su Territorio y el nuestro se encuentran, y su defensa nos concierne".
El mensaje reconoce la presencia histórica del pueblo Ngäbe-Buglé en territorios que actualmente forman parte de Panamá y Costa Rica, así como los vínculos familiares, culturales y comunitarios que atraviesan la frontera. Desde Costa Rica también se sumó Benito Montezuma Montezuma, de la Asociación de Desarrollo Integral de Abrojo Montezuma, quien destacó el papel de las comunidades Ngäbe en la protección de sus territorios.
Otras adhesiones proceden de representantes de los pueblos Bribri, Boruca, Maleku, Lenca, Triqui, Ka'apor y Maya K'iche', además de la Nación Indígena Mojeño Trinitario de Bolivia.
Advierten sobre presiones mineras en Centroamérica
Las organizaciones firmantes vinculan el caso de Cerro Colorado con otros conflictos socioambientales de América Latina, donde consideran que las actividades extractivas pueden generar nuevas presiones sobre territorios indígenas y comunidades rurales.
En Costa Rica, el documento menciona las propuestas para reabrir la minería metálica a cielo abierto en Crucitas, en la zona norte del país. También expresa preocupación por las concesiones mineras y sus posibles efectos sobre territorios y fuentes de agua en Honduras y Guatemala, así como por la situación de las comunidades indígenas de Nicaragua y las restricciones que, según las organizaciones, enfrentan para participar en decisiones sobre sus territorios.
El pronunciamiento recuerda además que El Salvador aprobó en diciembre de 2024 una nueva legislación que revirtió la prohibición de la minería metálica establecida en 2017, después de años de movilizaciones de organizaciones ambientales y comunitarias.
Aunque los marcos jurídicos y las condiciones políticas varían entre países, las organizaciones consideran que estos casos muestran la importancia de mantener mecanismos de protección para los territorios y garantizar la participación de las poblaciones afectadas por las decisiones sobre proyectos extractivos.