La corrupción ha venido siendo unos de los temas que más preocupan a los costarricenses según encuestas nacionales de los últimos años, como las realizadas por el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica. Por ejemplo, en 2024, se registró que un 71% de los encuestados consideraba que esa problemática había empeorado en el último año.
Por su parte, según las encuestas de ese mismo organismo, en 2025 y 2026, la corrupción y el costo de vida le siguen, en ese orden, a la principal preocupación de la ciudadanía, cual es el de la inseguridad y la delincuencia (45% y 39,1% respectivamente).
La interrelación de todo lo anterior es bien conocida. La corrupción, además de un alto costo financiero, tiene consecuencias que inciden en el deterioro de la prestación de servicios públicos, de la calidad de la democracia y de las condiciones de vida; al par de que un ámbito central de esta preocupación principal es la corrupción manifestada en diversas formas de crimen organizado y su inserción en los ámbitos político, institucional, empresarial u organizacional y social en general.
En línea con eso, el país ha desmejorado su posición en el Índice de Percepción de Corrupción (IPC), una de las principales mediciones en esa materia, elaborada por la organización no gubernamental Transparencia Internacional. En esta, no hemos logrado superar el nivel de 60 puntos en períodos recientes (56 sobre 100 en 2025, correspondiente al puesto 46 a nivel global); lo cual responde a una disminución de la confianza manifestada por expertos y actores del sector privado, cubiertos en esa medición, sobre la gestión pública del país.
Como lo ha señalado la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONUDD), las mediciones de la corrupción son útiles para identificar tendencias, ilustrar la escala y el alcance de los tipos específicos de corrupción y para ayudar a los encargados de formular políticas, analistas y académicos a diseñar herramientas efectivas en la lucha contra esa problemática.
Asimismo, la ONUDD reconoce que si bien medir la corrupción es esencial, también es una tarea desafiante para la cual existen diferentes métodos, cada uno con ventajas y desventajas, diseñados para detectar ciertos elementos e ignorar otros; de modo que, para comprender las fortalezas y debilidades, conviene conocer qué pretenden medir exactamente y cómo se expresan y construyen sus parámetros.
Al respecto, me interesa referir el documento auspiciado por el Fondo Monetario Internacional, titulado “Sentiment-Enhanced Corruption Perception Index” (SECPI), enfocado en el análisis de macrodatos (big data) para capturar no solo la frecuencia del contenido noticioso y de opinión relacionado, sino también el “sentimiento” de ese contenido, técnica analítica que permite conocer las emociones de determinada población, a través de sus manifestaciones en diversas plataformas tales como medios de prensa, redes sociales y foros similares.
Según esa publicación, existen tres generaciones de medidas de percepción de la corrupción, siendo la SECPI parte de la tercera generación, caracterizadas por mejorar las anteriores con enfoques menos subjetivos que podrían, incluso, ayudar a descubrir prácticas corruptas a manera de alertas, sin depender solo de las percepciones de personas específicas indagadas (como la referida de Transparencia Internacional).
La “traficonarcomedia” que, lamentablemente, hemos visto instaurarse casi como telón de fondo de la realidad nacional, hacen esperar que los resultados de la siguiente medición de ese índice muestren una caída adicional de nuestro país en esa percepción de autoridades y expertos. Con acuciantes dilemas y oportunidades: ¿Cuán comprometida puede percibirse la credibilidad de una medición personalizada, en un contexto, al parecer, de alta desconfianza generalizada? ¿Qué otras perspectivas se podrían estar generando en nuestro medio con mediciones suplementarias a las tradicionales?
Un elemento esencial para mantener un orden democrático es la existencia de un ecosistema de opinión pública robusto, ajustado a las buenas prácticas de amplia aceptación, que potencie la rendición de cuentas. Solo así la vigilancia metódica y sostenida de los diversos fenómenos sociales, como el de la corrupción, logrará aportar de mejor forma a la gobernabilidad; al tiempo que, de manera recíproca, esto último contribuye a un sano ecosistema de opinión pública.
Si a lo anterior se suma el recurrente ataque a la prensa no alineada al poder de turno e, incluso, el clima de intimidación, desde el poder formal pero también desde la inmediatez y amplio anonimato en redes sociales, hacia la opinión contraria y exigente de rendición de cuentas, se tiene entonces, me parece, razones de más para explorar la posibilidad de desarrollar y aplicar de manera sistemática, como complemento a otras, una medición novedosa y prometedora como la referida.
Mejor aún si ese esfuerzo cuenta con el respaldo de una o más entidades u organizaciones prestigiosas, cooperando entre sí, tales como el Estado de la Nación, academia, organizaciones de la sociedad civil, el Observatorio del Poder Judicial, la Procuraduría de la Ética Pública, la Contraloría General, la Defensoría de los Habitantes, y colegios profesionales afines al monitoreo de ese tema, entre otros.