TSE archivó las diligencias sobre un supuesto financiamiento del Gobierno de El Salvador a la campaña oficialista.
La diputada oficialista y presidenta del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Mayuli Ortega Guzmán, anunció este miércoles que presentará una acción penal contra el excandidato presidencial del Partido Esperanza Nacional, Claudio Alberto Alpízar Otoya, por sus acusaciones sobre un supuesto financiamiento del Gobierno de El Salvador a la campaña electoral de la agrupación oficialista.
Durante una intervención en el plenario legislativo, Ortega celebró que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) archivara las diligencias abiertas para examinar los señalamientos de Alpízar, quien durante la campaña presidencial afirmó que Pueblo Soberano habría recibido dinero en efectivo procedente del Gobierno salvadoreño.
Costarricenses, las mentiras se caen solas. El pasado lunes el Tribunal Supremo de Elecciones archivó la denuncia del señor Claudio Alpízar, en la que acusó al partido Pueblo Soberano de recibir dinero en efectivo del Gobierno de El Salvador durante la campaña electoral".
La legisladora sostuvo que el archivo obedeció a la falta de pruebas y afirmó que el órgano electoral recomendó valorar una eventual acción penal contra Alpízar.
¡Qué descaro! Se archiva porque el señor Alpízar no presentó pruebas, ni una sola. Y no solo eso, la recomendación del Tribunal fue valorar la opción de demandar penalmente al señor Alpízar. Les confirmo que así lo haremos. Vamos a demandar".
TSE archivó diligencias por falta de indicios
La decisión del órgano electoral consta en el oficio DFPP-1109-2026, fechado el 9 de octubre de 2026, mediante el cual el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos comunicó a Ortega el archivo del expediente DFPP-EGI-001-2026.
Según el contenido del documento, las diligencias comenzaron después de que la propia presidenta del PPSO presentara una solicitud el 9 de enero para que las autoridades electorales examinaran las acusaciones formuladas por Alpízar en redes sociales.
Como parte de las actuaciones iniciales, el departamento solicitó al entonces candidato presidencial que aportara información verificable para sustentar sus declaraciones sobre el presunto ingreso de recursos extranjeros a Pueblo Soberano.
Entre los datos requeridos figuraban documentos financieros, nombres de posibles aportantes e intermediarios, montos, fechas y mecanismos utilizados para transferir o entregar los recursos que supuestamente recibió la agrupación.
Alpízar respondió el 19 de enero e indicó que sus afirmaciones se basaban en información proporcionada por una fuente humana de El Salvador, cuya identidad decidió mantener bajo confidencialidad.
Sin embargo, no entregó documentos financieros ni información concreta que permitiera rastrear o verificar las supuestas operaciones, según consignó el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos.
El órgano técnico concluyó que los elementos reunidos no alcanzaban el umbral mínimo necesario para abrir una investigación administrativa preliminar sobre el financiamiento de la agrupación oficialista.
Por esa razón, dispuso el archivo de las diligencias sin avanzar hacia una investigación administrativa de mayor alcance.
Aunque Ortega afirmó que el Tribunal recomendó valorar una demanda penal, el contenido del oficio establece que esa determinación no le compete a la autoridad electoral.
El Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos explicó que sus competencias se limitan a la fiscalización y el control de los recursos utilizados por las agrupaciones políticas.
En cuanto a la posibilidad de que las declaraciones de Alpízar constituyeran un delito de calumnia, asunto planteado por Ortega desde su gestión inicial, el departamento señaló que se trata de un delito perseguible a instancia privada y que la dirigente puede acudir a los tribunales penales si considera que corresponde ejercer esa acción.