Académica alerta que los aportes ilícitos pueden utilizarse para influir en nombramientos, contrataciones públicas y decisiones gubernamentales.
La investigadora y docente de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), Ana Rita Argüello Miranda, advirtió que el ingreso de recursos provenientes del narcotráfico y otras actividades ilícitas a las campañas electorales podría facilitar la infiltración del crimen organizado en las instituciones públicas costarricenses, mediante mecanismos de influencia sobre decisiones gubernamentales, nombramientos estratégicos y contrataciones estatales.
La académica señaló que el principal riesgo del financiamiento electoral ilícito no se limita al origen de las contribuciones, sino que también comprende los compromisos que podrían establecerse entre quienes aportan esos recursos y las personas que posteriormente ocupan cargos de poder. Según explicó, estas relaciones podrían permitir que organizaciones criminales busquen beneficios particulares mediante decisiones institucionales.
El principal riesgo no es únicamente que el dinero proceda de fuentes ilícitas e ingrese a las campañas electorales, sino que ese financiamiento se convierta en un mecanismo de captura de las decisiones públicas y que esto termine convirtiéndose en una captura del aparato estatal”.
Las declaraciones surgieron en medio de investigaciones y discusiones relacionadas con el financiamiento político en Costa Rica. La UNED recordó que el 7 de octubre trascendió información sobre un empresario detenido como sospechoso de legitimación de capitales que había registrado aportes en especie por aproximadamente ₡14,1 millones a una agrupación política durante el proceso electoral de 2026, aunque aclaró que no existe demostración de que esos recursos tuvieran procedencia ilícita.
Donaciones en especie dificultan la fiscalización electoral
Entre las principales vulnerabilidades del sistema, Argüello identificó las dificultades para determinar quiénes proporcionan realmente los recursos utilizados por los partidos políticos, especialmente cuando las contribuciones no consisten en transferencias bancarias. La investigadora mencionó préstamos de vehículos, combustible, alimentación, servicios profesionales y publicidad digital como ejemplos de aportes que también deben someterse a los controles electorales.
No estamos hablando solamente de donaciones económicas o bancarias, sino también de préstamos de vehículos, combustible, alimentación, servicios digitales y publicidad. Existe una dificultad importante para identificar quién está aportando realmente esos recursos”.
La académica indicó que, aunque la normativa regula estas contribuciones y exige reportarlas, la intervención de terceros y los mecanismos informales pueden dificultar la identificación de sus verdaderos responsables. También advirtió sobre las estructuras paralelas de financiamiento, mediante las cuales determinados gastos podrían quedar fuera de la contabilidad oficial de las agrupaciones políticas.
Ante estas situaciones, la investigadora planteó la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y establecer sistemas de alerta temprana que permitan identificar movimientos irregulares antes de la celebración de las elecciones, en lugar de concentrar la fiscalización únicamente en revisiones posteriores.
Es importante fortalecer la prevención y no quedarnos únicamente con la fiscalización posterior. Necesitamos sistemas de alerta temprana que permitan garantizar la trazabilidad de los recursos y detectar los riesgos antes de que comprometan los procesos electorales”.
Financiamiento ilícito podría traducirse en influencia sobre instituciones
Argüello explicó que la captura del Estado ocurre cuando determinados intereses logran condicionar sistemáticamente las decisiones públicas para obtener beneficios particulares. En el caso de organizaciones criminales, señaló que esa influencia podría manifestarse mediante contrataciones favorables, nombramientos de personas cercanas, filtración de información confidencial, debilitamiento de controles e interferencia en investigaciones penales.
La investigadora también advirtió que los recursos irregulares podrían alterar las condiciones de competencia electoral, al permitir que determinadas agrupaciones dispongan de mayores capacidades para financiar publicidad, organizar actividades y ampliar su presencia territorial. Según su análisis, estas situaciones podrían afectar la igualdad de oportunidades entre los partidos y deteriorar la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.
Cuando los intereses particulares logran influir sistemáticamente en las decisiones institucionales y políticas para obtener beneficios privados, se compromete el interés público. En el caso del crimen organizado, esto puede tener consecuencias especialmente graves para la institucionalidad democrática”.
Plantean fortalecer las reformas al financiamiento político
La académica recordó que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) presentó en 2023 propuestas para modificar distintos aspectos del financiamiento partidario, entre ellas mecanismos de adelanto de recursos estatales, alternativas para ampliar ese financiamiento a las elecciones municipales y sistemas de franjas electorales que permitan distribuir espacios publicitarios entre las agrupaciones.
Argüello consideró que estas iniciativas constituyen un punto de partida para fortalecer la transparencia y la equidad electoral, aunque señaló que cualquier reforma también debe tomar en cuenta las nuevas modalidades de operación del crimen organizado y sus posibles intentos de penetrar las estructuras partidarias.
En ese sentido, propuso mejorar la identificación de los contribuyentes, fortalecer la trazabilidad de los fondos y establecer una mayor coordinación entre las autoridades electorales y las instituciones encargadas de investigar delitos. Para la investigadora, la fiscalización del financiamiento político debe incorporar una perspectiva de prevención del crimen organizado y protección de la independencia institucional.
"La finalidad no es solo impedir el acceso de fondos ilícitos a las campañas electorales, sino especialmente evitar que el poder económico de las economías ilícitas, nacionales y transnacionales derive en poder político y, eventualmente, en la captura del aparato estatal costarricense”, concluyó.