Resolución judicial advierte concentración de contrataciones y posibles irregularidades. La causa también investiga créditos preferenciales, obras y una inversión millonaria en espectáculos.
La Asociación Solidarista de Servidores Judiciales (Asosejud) desembolsó ₡3.776.621.112,19 a cuatro proveedores entre 2020 y 2026, según documentación examinada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dentro de la causa penal por presunta administración fraudulenta que enfrenta la organización.
La información consta en la resolución del 15 de octubre de 2026 mediante la cual el Juzgado Penal del I Circuito Judicial de San José ordenó separar durante un año de sus cargos a diez personas vinculadas con la dirección, fiscalización y Gerencia General de Asosejud.
El juzgado destacó la magnitud y concentración de los desembolsos, así como la existencia de proveedores que comparten representantes legales, dentro de una investigación que también examina posibles sobreprecios y contrataciones efectuadas sin los controles correspondientes.
La resolución advierte expresamente que los pagos registrados no permiten, por sí solos, afirmar que existieron irregularidades. Sin embargo, considera que su volumen, reiteración y concentración constituyen indicios que deben examinarse junto con el resto de la evidencia recopilada.
Cuatro proveedores concentraron pagos por más de ₡3.776 millones
La resolución judicial identifica desembolsos realizados a cuatro proveedores de Asosejud por servicios y adquisiciones de distinta naturaleza.
El mayor monto corresponde a Productora de Eventos Especiales Solano y Compañía S. A., que recibió ₡2.221.078.143,28 por conceptos como organización de eventos y asambleas, alimentación, alquileres y otros servicios. De esa suma, aproximadamente ₡1.321 millones aparecen vinculados con asambleas de la asociación.
Le sigue Almacén Convensol S. A., con pagos por ₡1.091.388.404,42 relacionados con inventarios para rifas, computadoras, tabletas, pantallas, garantías, bodegaje y otras adquisiciones. Por su parte, Tienda Solidarista recibió ₡385.834.893,49 entre diciembre de 2024 y agosto de 2026, por mercadería, inventarios para rifas, garantías y otros artículos. Finalmente, Grupo de Eventos Nazca S. A. acumuló ₡78.319.671 en pagos por actividades, alimentación y servicios para eventos.
La investigación identificó que Grupo de Eventos Nazca y Productora de Eventos Especiales Solano y Compañía comparten representantes legales, según certificaciones registrales incorporadas al expediente. Ambas empresas concentraron aproximadamente ₡2.299 millones en desembolsos entre febrero de 2020 y agosto de 2026.
El juzgado examinó esta relación en el contexto de las facultades que ejercían los directivos investigados para contratar proveedores y disponer de los recursos de la asociación.
La documentación también recoge cuestionamientos sobre posibles sobreprecios y la ausencia de autorizaciones de asamblea para determinados gastos. No obstante, la resolución no establece que la totalidad de los ₡3.776 millones corresponda a pagos indebidos, sobreprecios o pérdidas patrimoniales.
Créditos por más de ₡1.034 millones bajo investigación
La concentración de pagos a proveedores constituye uno de varios frentes examinados en el expediente 25-000014-0621-PE, cuya investigación motivó tres allanamientos el 1.º y 2 de septiembre en instalaciones de Asosejud y dependencias del Poder Judicial.
Desde la separación cautelar de los investigados, han trascendido detalles de las operaciones crediticias, contrataciones y decisiones financieras cuestionadas por las autoridades.
El pasado 19 de octubre, La Nación informó que siete integrantes de la dirección y fiscalización de Asosejud concentraron créditos por ₡1.034 millones, buena parte de ellos otorgados con tasas de interés considerablemente inferiores a las previstas para las modalidades ordinarias de financiamiento.
La resolución judicial señala que aproximadamente ₡736 millones de ese conjunto de operaciones tenían tasas de entre el 1,5% y el 4% anual. Entre los casos examinados figura el de Alejandra Rojas Calvo, fiscal segunda de la asociación, cuyo crédito por ₡75 millones pasó de una tasa de interés del 10% al 1,5% anual en febrero de 2026. La documentación también registra que, pese a mantener un saldo adeudado superior a ₡219 millones, su cuota mensual se redujo aproximadamente ₡445.793.
CR Hoy detalló el 21 de octubre las condiciones de los préstamos otorgados a los directivos investigados, incluidos cambios de tasas, plazos y cuotas que las autoridades consideran incompatibles con los reglamentos internos. El presidente de Asosejud, Parris Quesada Madrigal, también aparece vinculado con múltiples operaciones crediticias. Durante los allanamientos, los investigadores localizaron 31 pagarés físicos a su nombre que no encontraban correspondencia íntegra en el historial informático de la asociación.
CR Hoy informó sobre estas inconsistencias el 20 de octubre y destacó que, según el expediente, la ausencia del historial digital dificultaba reconstruir las condiciones y el estado de las obligaciones del presidente. Rojas Calvo, por su parte, rechazó en declaraciones a La Nación haberse beneficiado de créditos privilegiados. Aseguró que solicitó sus préstamos mediante líneas de financiamiento disponibles para todos los asociados.
Proyecto constructivo cercano a ₡1.857 millones
Otro de los frentes investigados corresponde a un proyecto de remodelación y ampliación de las instalaciones de Asosejud.
CR Hoy reveló el 21 de octubre que la Junta Directiva habría comprometido ₡1.856.797.841,30 mediante un contrato con M&C Servicios Múltiples de Asesoría S. A., sin que el juzgado pudiera constatar un acuerdo de asamblea general que autorizara la utilización de esos recursos.
El proyecto contemplaba remodelar el primer piso, ampliar el segundo y realizar ajustes estructurales para una eventual tercera planta. La resolución registra un primer desembolso por ₡314.727.234,09 el 19 de junio de 2026, además de 29 pagos efectuados a la misma empresa entre 2022 y 2026, por un total aproximado de ₡938,7 millones, correspondientes a distintos conceptos de consultoría, estudios, anteproyectos, permisos y ejecución del proyecto.
El juzgado cuestionó que no se acreditara la autorización de la asamblea para comprometer recursos de esa magnitud, circunstancia que consideró relevante para valorar los riesgos asociados con la permanencia de los investigados en sus cargos.
El contrato de Snoop Dogg y sus posibles consecuencias económicas
La investigación también abarca el contrato por $2,32 millones que Asosejud suscribió para financiar un concierto de Snoop Dogg y Ryan Castro, operación revelada originalmente por La Nación el 7 de octubre.
El acuerdo fue celebrado con Stockwell III Entertainment SRL, vinculada con el productor Don Stockwell Ulloa, quien posteriormente fue detenido e investigado en la Operación Éxodo, una causa distinta por presunta legitimación de capitales.
La resolución judicial establece que la recuperación de la inversión dependía del desempeño económico del espectáculo, sin garantías de ganancias, y cuestiona que ese tipo de financiamiento no estuviera contemplado entre las categorías ordinarias de inversión de la política financiera de Asosejud.
La asociación acordó rescindir unilateralmente el contrato el 14 de septiembre y acudir a los tribunales para reclamar la devolución de los recursos. Sin embargo, el juzgado advirtió que esa decisión también podría generar consecuencias patrimoniales, pues consideró que el contrato no contemplaba una cláusula que habilitara la rescisión unilateral en las circunstancias examinadas.
Según el análisis judicial, la medida podría exponer a Asosejud a eventuales reclamaciones civiles e indemnizaciones. Se trata de un riesgo señalado por el juez, no de una responsabilidad civil ya establecida. El espectáculo fue cancelado oficialmente el 13 de octubre. Hasta el momento, no se ha confirmado públicamente la recuperación de los $2,32 millones desembolsados.
El juzgado también consideró relevante que, en la misma sesión en que se acordó rescindir el contrato, la Junta Directiva decidiera despedir sin responsabilidad patronal al asesor legal César Gerardo Azofeifa Anchía, a quien atribuyó falta de diligencia en su revisión.
La Nación informó el 18 de octubre que el juzgador interpretó ese despido como un elemento relevante para valorar el riesgo de obstaculización de la investigación, dada la condición del abogado como potencial testigo.
Gerente recibió pagos bajo conceptos de imprevistos y otros gastos
La resolución también examina actuaciones atribuidas al gerente general de Asosejud, Mauricio Villalta Fallas.
Entre 2020 y 2025 se identificaron pagos a su favor por ₡12.850.904,18 bajo conceptos como "pagos varios", "imprevistos Asamblea", "otros gastos" y gastos relacionados con giras y actividades. El juez cuestionó la generalidad de esas descripciones y la capacidad del gerente para autorizar movimientos de recursos institucionales.
Además, la documentación identifica pagos por horas compensadas, horas extraordinarias y adelantos de cesantía. Uno de estos últimos, por ₡2.470.600 en 2026, llamó la atención del juzgador porque, según testimonios recogidos durante los allanamientos, Villalta había comunicado al personal que ese año no se realizarían adelantos de cesantía.
La defensa aportó documentación para justificar diferentes operaciones. El juzgado reconoció, entre otros extremos, que se había acreditado la devolución de ₡1 millón girado para imprevistos de una asamblea y que determinados pagos por vacaciones compensadas no habían sido duplicados.
No obstante, consideró que los elementos de descargo no desvirtuaban, en esta etapa preliminar, los indicios que sustentaron la imposición de medidas cautelares.
Diez personas separadas y una asamblea convocada para noviembre
El 15 de octubre, el Juzgado Penal ordenó separar durante un año a diez integrantes de la administración, fiscalización y Gerencia General de Asosejud.
Nueve de las diez personas separadas de sus cargos en Asosejud por orden del Juzgado Penal del I Circuito Judicial de San José, en el marco de una investigación por presunta administración fraudulenta. En la imagen figuran los siete integrantes de la Junta Directiva y las dos fiscales de la asociación. No aparece Mauricio Villalta Fallas, gerente general, quien también fue suspendido.
Las medidas afectan a las siete personas integrantes de la Junta Directiva, las dos fiscales y el gerente general. También les prohíben realizar actos de administración o disposición patrimonial en nombre de la organización, ingresar a sus instalaciones y comunicarse con funcionarios o testigos cuando el contacto tenga por finalidad interferir en la investigación.
La resolución precisa que la suspensión de Villalta Fallas como gerente general se dispuso con goce salarial, pese a que la Fiscalía había solicitado separarlo sin salario. El juez consideró que privarlo de la remuneración durante una investigación todavía preliminar resultaría desproporcionado.
Las medidas tienen vigencia hasta el 15 de octubre de 2027, sin perjuicio de las decisiones judiciales que puedan adoptarse posteriormente.
Junta Directiva cuestionó la imparcialidad del juez
Tras conocerse la resolución judicial el pasado 16 de octubre, la Asosejud difundió un video en el que se aprecia a Parris Quesada Madrigal acompañado por integrantes de la Junta Directiva. En su mensaje, Quesada dijo que rechazan las medidas cautelares y anunció que presentarían una apelación.
Quesada calificó la resolución de desacertada y aseguró que carece de fundamento legal. También cuestionó la imparcialidad del juzgador, al afirmar que mantiene una relación directa con la asociación.
Es juez y parte y por tanto esta resolución está viciada de absoluta nulidad”.
Sin embargo, la propia resolución judicial señala que el Tribunal Penal de San José ya había rechazado la recusación presentada contra el juez mediante el voto 1718-2026, dictado el 2 de octubre, casi dos semanas antes de las declaraciones de Quesada.
El presidente también defendió la trayectoria de la Junta Directiva y afirmó que sus integrantes han desempeñado sus funciones con absoluta transparencia y apego a principios éticos y morales.
Convocatoria a asamblea general extraordinaria
Entre tanto, CR Hoy informó el 19 de octubre que Alejandra Rojas Calvo convocó una asamblea general extraordinaria para el 14 de noviembre de 2026, en el auditorio Miguel Blanco del edificio del OIJ, en San José. La convocatoria contempla discutir la eventual revocación de nombramientos de directivos y fiscales y, de aprobarse, elegir a quienes ocuparían los puestos vacantes.
Rojas Calvo figura también entre las personas separadas cautelarmente del órgano fiscalizador. La situación jurídica y los efectos de esa convocatoria deberán determinarse conforme a las disposiciones legales y judiciales aplicables.
En la resolución del 15 de octubre, el juzgado rechazó una solicitud de la Fiscalía para ordenar al Ministerio de Trabajo convocar una asamblea extraordinaria, al considerar que esa gestión correspondía a los asociados. En su lugar, dispuso informar al ministerio sobre la separación de las autoridades de Asosejud.
Antecedentes de restricciones al acceso a la información
Las investigaciones adquieren especial relevancia frente a los antecedentes de conflictos por acceso a la información financiera y administrativa que documentó Delfino.cr el pasado 12 de octubre.
En diciembre de 2022, la Sala Constitucional condenó parcialmente a Asosejud por no responder efectivamente solicitudes de información de sus asociados. La organización terminó entregando la documentación pendiente en enero de 2023.
Posteriormente, en 2024, asociados y organizaciones sindicales solicitaron mayor transparencia y mecanismos independientes de fiscalización.
En septiembre de 2025, Asosejud reformó sus estatutos para condicionar el acceso a determinada información a una modalidad de revisión visual. En febrero de 2026 aprobó un reglamento que contempla plazos de hasta seis meses para responder solicitudes y sanciones por reproducir o divulgar documentación sin autorización.