La asamblea general nombró a las nuevas autoridades este sábado tras la suspensión de la cúpula investigada.
La Asamblea General Ordinaria de la Asociación Solidarista de Empleados Judiciales (ASOSEJUD) destituyó por unanimidad a su junta directiva y eligió a sus nuevas autoridades el pasado sábado 14 de noviembre. La decisión se concretó luego de que un juzgado penal ordenara la suspensión de la cúpula anterior, investigada por presunta administración fraudulenta tras los allanamientos del 1 de setiembre.
De acuerdo con la certificación notarial expedida, la asamblea designó a Carlos Mauricio Valerio Araya en la presidencia de la entidad. El directorio se completa con Cheryl Bolaños Madrigal como vicepresidenta, Luis Alberto Ulloa Chaverri en la secretaría y Yessenia Chaves Arguedas en la tesorería. Además, se nombró como directores a Elberth González Ramírez, María Yadira Fonseca Jiménez y Marco Vinicio González Marín, mientras que las fiscalías fueron asumidas por Hugo Iván Rivel Pizarro y Kenneth Alberto Álvarez Barboza.
A pesar del nombramiento y la respectiva juramentación, los nuevos directivos enfrentaron obstáculos para ingresar a la sede de la asociación durante la mañana de este lunes 16 de noviembre. Según informaron los representantes electos, una funcionaria y seguridad privada les impidieron el paso alegando cumplir instrucciones de una abogada de la entidad.
En declaraciones a Semanario Universidad, el nuevo presidente de la asociación, Carlos Mauricio Valerio, comentó: “Hoy nos apersonamos para conversar con el personal administrativo y a partir de ahí hemos tenido una negativa total para poder asumir la responsabilidad designada”.
La situación requirió la intervención de la Fuerza Pública, que se apersonó antes de las 9:00 a. m. para garantizar el acceso de la nueva directiva. A las instalaciones también acudieron agentes de la Sección de Delitos Económicos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) con el fin de levantar un informe dirigido al Ministerio Público, para documentar la presunta obstaculización al cumplimiento de la orden judicial que mantiene apartados de sus cargos a los directivos y al gerente anterior.








