La agrupación solicita suspender la expansión del monocultivo y abrir un diálogo nacional sobre sus efectos ambientales, sociales y económicos.
El Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera (Frenasapp) solicitó al Gobierno de Costa Rica establecer una moratoria a la expansión de los cultivos industriales de piña, ante lo que considera un aumento de los riesgos ambientales, sociales y económicos asociados con esta actividad.
La petición fue planteada en un pronunciamiento compartido este 13 de octubre y dirigido a las autoridades del Poder Ejecutivo, con copia a empresas productoras, organizaciones empresariales, inversionistas y compañías aseguradoras.
La agrupación propone suspender la expansión del monocultivo hasta que se realice un diálogo abierto sobre sus costos y beneficios para el país.
La solicitud retoma una demanda que Frenasapp y otras organizaciones ya habían planteado en 2025, cuando pidieron una moratoria nacional a nuevas siembras de piña y un debate público sobre la sostenibilidad ambiental y económica del sector.
En el nuevo documento, el Frente sostiene que los cambios en las condiciones climáticas, las dificultades para acceder al agua, el aumento de los costos de transporte y la incertidumbre económica obligan a reconsiderar el modelo de producción basado en grandes extensiones dedicadas a un solo cultivo.
La organización también cuestiona las consecuencias que atribuye al uso de agroquímicos, las condiciones laborales en las zonas productoras y la vulnerabilidad de las comunidades que dependen económicamente de las empresas agroindustriales.
Advierten sobre riesgos para la producción y las inversiones
Uno de los argumentos centrales del pronunciamiento es que los riesgos asociados con la producción industrial de piña no afectan únicamente al ambiente y a las comunidades, sino también a la rentabilidad de las empresas y a quienes financian o aseguran sus operaciones.
Según Frenasapp, el cambio climático representa una amenaza tanto para la salud de las personas trabajadoras como para las condiciones necesarias para producir la fruta. A ello se suman las variaciones en los costos del transporte y el tipo de cambio, factores que pueden modificar los resultados económicos de una actividad orientada principalmente a la exportación.
La organización plantea que, en un escenario de creciente incertidumbre, resulta necesario evaluar si las inversiones en monocultivos podrán conservar su rentabilidad a largo plazo.
En particular, advierte sobre el riesgo de que determinadas inversiones agroindustriales se conviertan en activos varados, término utilizado para describir instalaciones, terrenos o inversiones que pierden valor antes de lo previsto debido a cambios económicos, ambientales, tecnológicos o regulatorios.
Frenasapp sostiene que este escenario también debería preocupar a las compañías aseguradoras, debido a la posibilidad de que aumenten los costos y las dificultades para cubrir riesgos relacionados con fenómenos climáticos y otros factores que afectan la producción.
Preocupación por la disponibilidad y contaminación del agua
La gestión del recurso hídrico constituye otro de los principales cuestionamientos de la agrupación, que considera insuficiente la planificación del agua en las cuencas donde se desarrollan actividades agroindustriales.
Según Frenasapp, las autorizaciones para utilizar agua deberían considerar el efecto acumulado de los distintos proyectos que operan en una misma cuenca, en lugar de analizar cada solicitud de forma aislada.
La organización advierte que la expansión de actividades productivas sin una evaluación integral de la disponibilidad hídrica podría aumentar la presión sobre las fuentes de abastecimiento utilizadas por comunidades y otras actividades económicas.
También expresa preocupación por la contaminación de fuentes de agua que atribuye al uso de agroquímicos en la producción piñera. Se trata de un señalamiento que forma parte de las denuncias históricas del movimiento, aunque el nuevo documento no incorpora resultados de muestreos ni identifica casos recientes específicos.
Señalan vulnerabilidad económica de las comunidades rurales
En su pronunciamiento, la agrupación también utiliza recientes cierres de operaciones agroindustriales como ejemplo de la dependencia económica que pueden desarrollar determinadas comunidades rurales.
El documento recuerda el cierre de cuatro fincas bananeras de Del Monte en la región Caribe, con aproximadamente 850 personas despedidas, así como el cierre de una finca de naranja de TicoFrut. En conjunto, ambos casos afectaron a cerca de 1.450 trabajadores.
Aunque estos casos corresponden a actividades distintas del cultivo de piña, Frenasapp los presenta como ejemplos de los riesgos sociales de la dependencia de grandes empresas agroindustriales.
La agrupación considera que la concentración de las oportunidades laborales en pocas actividades productivas puede incrementar la vulnerabilidad de las comunidades cuando las empresas reducen sus operaciones o abandonan determinados territorios.
Asimismo, expresa preocupación por el debilitamiento de los sistemas de protección social y por situaciones de inseguridad en las regiones productoras. El pronunciamiento, sin embargo, no aporta estadísticas que permitan establecer la evolución de la criminalidad en esas zonas ni una relación causal con la actividad piñera.
Proponen diversificar las economías locales
Además de solicitar la moratoria, Frenasapp plantea la necesidad de iniciar una discusión nacional sobre el futuro económico de las regiones dedicadas a la producción de piña.
La organización considera que las políticas públicas deberían promover una transición hacia economías rurales más diversificadas, con mayor participación de la agricultura destinada al mercado nacional y el fortalecimiento de las actividades comunitarias.
Desde su perspectiva, este enfoque permitiría reducir la dependencia de los monocultivos de exportación y ampliar las oportunidades económicas de las comunidades.
El Frente insiste en que cualquier decisión sobre la expansión de las plantaciones debería considerar no solamente los ingresos generados por las exportaciones, sino también los efectos ambientales, laborales, sociales y financieros de largo plazo.
El pronunciamiento fue remitido al Poder Ejecutivo y también enviado a actores del sector productivo y financiero, entre ellos Del Monte Corporation, Dole plc, la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (Canapep) y la Superintendencia General de Seguros (Sugese), además de inversionistas y compañías aseguradoras vinculadas con la actividad piñera.