Lo confieso públicamente: yo usaba el Registro Civil para vinear. Y lo hacía sin culpa, sin remordimientos y con una curiosidad sin justificación jurídica, pero con muchísimo interés personal.
Más de una amiga lo utilizó para confirmar si aquel pretendiente estaba realmente divorciado. O para descubrir si los dos hijos que mencionó en la primera cita eran efectivamente dos… o si había alguno más que olvidó mencionar.
Y más de un caballero también investigó. Aquí nadie puede tirar la primera piedra.
Era una especie de inteligencia sentimental gratuita, cortesía del Estado costarricense.
Pero, desde el pasado 9 de octubre, el Tribunal Supremo de Elecciones cambió las reglas del vineo nacional. Ahora debemos registrarnos e identificarnos para consultar datos de terceros. Aunque podemos seguir conociendo las fechas de matrimonios y divorcios, ya no podemos saber con quién se casó o divorció una persona ni consultar los datos de sus hijos. Y, por si fuera poco, ahora nuestras consultas dejan huella.
La justificación es proteger nuestros datos frente a estafas y suplantaciones de identidad. Se entiende: nuestra información circula por demasiados lugares.
Pero una cosa es proteger nuestros datos de los delincuentes y otra muy distinta es dificultar que conozcamos determinados antecedentes de quienes están entrando en nuestras vidas.
Porque, aunque nos dé vergüenza admitirlo, aquella consulta tenía cierta utilidad social.
Pensemos en una mujer que conoce a un hombre encantador, trabajador, de excelentes modales y divorciado desde hace años, según él. Hasta ahí, todo maravilloso.
Pero una visita al Registro Civil podía revelar que el caballero acumulaba cinco matrimonios en veinte años.
¿Es eso un delito? Por supuesto que no. ¿Significa que es una mala persona? Tampoco.
¿Es información que podría provocar una conversación interesante antes de pensar en el sexto matrimonio? ¡Definitivamente!
Porque hay una diferencia enorme entre juzgar a alguien por su pasado y tener la oportunidad de conocerlo mejor.
Y aquí aparece algo gracioso: hoy más de uno debe estar brincando en una pata de la alegría.
Aquellos cuyo historial sentimental parecía una hoja de vida. Los que tenían matrimonios más cortos que algunos contratos de alquiler. Y aquellos que, por alguna extraña razón, siempre olvidaban mencionar uno que otro capítulo de su historia familiar.
Para todos ellos, las nuevas restricciones deben sentirse como una segunda oportunidad. O una tercera. O una quinta. Dependiendo del expediente.
Pero, bromas aparte, perdemos algo importante: conversaciones que probablemente nunca habrían ocurrido.
No se trataba necesariamente de condenar a nadie, sino de tener elementos para preguntar, conversar y comprender.
Porque todos tenemos una historia. Algunos, una novela romántica; otros, una tragedia griega; y unos cuantos, una serie de Netflix con demasiadas temporadas. Y conocer esa historia puede ayudarnos a tomar mejores decisiones.
Ahora bien, tampoco podemos hacernos los inocentes. A los costarricenses nos encanta vinear.
Vineamos sobre los vecinos, los compañeros de trabajo, los amigos, los expresidentes de la República, las exparejas y hasta sobre personas que apenas conocemos.
El Registro Civil era nuestro pequeño Google sentimental. Sin publicidad, sin suscripciones y con información oficial.
Por eso, esta decisión genera conversación. No solamente cambia una herramienta de consulta; también pone límites a una costumbre muy nuestra: querer saber un poquito más de la cuenta.
Reconozco la delicada línea entre información y privacidad. Los hijos, especialmente los menores de edad, merecen una protección particular.
Pero me pregunto si la solución tenía que ser restringir el acceso digital, en lugar de construir mecanismos que permitieran proteger los datos y facilitar su consulta responsable.
Incluso propongo algo: ¿por qué no permitir que cada persona adulta decida voluntariamente si quiere mantener visible determinada información de su historial civil?
El que quiera privacidad, que la tenga. Y el que quiera compartir su historia, que pueda hacerlo.
No pretendo convertir al Registro Civil en una aplicación de citas ni defender el chisme como un derecho constitucional. Pero sí creo que la transparencia, ejercida con responsabilidad, tiene valor en la sociedad.
Nadie debería ser condenado por sus matrimonios, sus hijos o por los padres que tuvo. Pero tampoco debería sorprendernos que alguien quiera conocer ciertos antecedentes antes de comprometer su corazón, su confianza o su futuro.
Extrañaré aquellas consultas inocentes —y otras no tanto— que comenzaban con curiosidad y terminaban descubriendo historias dignas de una telenovela.
Porque el problema nunca fue solamente el Registro Civil. Eran nuestras ganas de vinear.
Y esas, señores del Tribunal, difícilmente podrán restringirlas.