Piense en una muchacha de Nicoya que este año termina el colegio con buenas notas en matemática. Su familia no puede pagarle un apartamento en Heredia ni una carrera privada. Hasta hace una semana, su plan era realista y posible: la UNA iba a abrir nuevos cupos de ingeniería en su región. Hoy ese plan depende de una votación en la Comisión de Asuntos Hacendarios.
No es una sola muchacha. Son 417 personas de Nicoya, Liberia, Coto y Sarapiquí. Son 417 familias que podrían tener, por primera vez, una ingeniera o un ingeniero sin que nadie tenga que irse de la casa.
Desde este medio se nos ha pedido, con razón, que las rectorías de las universidades públicas respondan con datos y no solo con comunicados. Vamos a eso.
La moción 104 retira ₡8.918 millones de transferencias que la Ley 9635 asigna a la UCR, la UNA, el TEC y la UNED: ₡2.229 millones por universidad. La moción 16 quita ₡8.048 millones de fondos que las universidades cedimos en 2020 y 2021, durante la pandemia. Su devolución la pactó el Gobierno con nosotros en noviembre de 2025. Juntas suman ₡16.966 millones menos para 2027. A eso se agregan ajustes al presupuesto extraordinario de 2026; los rectores estimamos que el total ronda ₡26.000 millones.
Hay que ser precisos: ese dinero no desaparece del presupuesto. Se traslada a las contribuciones del MEP con JUPEMA. Las universidades no nos oponemos a que el Estado pague sus deudas con el Magisterio. Lo que preguntamos es por qué debe pagarlas la estudiante de Nicoya. ¿Por qué también se quiere gravar de un 2% a un 13% los materiales que esa muchacha ocupa para estudiar esa ingeniería? Esa es otra de las afectaciones que parecen venir en escalada sobre las universidades públicas, con reactivos, equipos y materiales sin exoneración.
¿Son indispensables estos fondos? Pregúnteselo a la UNED, que con los recursos del extraordinario de 2026 completa la operación de este año en territorios indígenas, comunidades fronterizas y zonas costeras. Su rector lo dijo sin rodeos: sin esos recursos no terminan el año, y sin los de 2027 no podrán recibir más estudiantes. Pregúnteselo al TEC, que ya cubre salarios y becas en Limón con recursos propios, algo que no puede sostener por mucho tiempo. O a la UTN, que veía en la Zona Sur y el Caribe la oportunidad de ampliar carreras técnicas y hoy proyecta riesgo de insolvencia para 2028. La UCR ve con incertidumbre los servicios que presta en el Recinto de Paraíso.
Detrás de cada sede hay un joven que no tiene plan B. Para quien vive en Escazú, el cierre de una sede regional es una noticia. Para quien vive en Coto, es la diferencia entre estudiar o no estudiar. Cuando la universidad pública se retira de una región, no deja un vacío neutro. Deja una pregunta que se responde con el código postal: ¿quién puede pagar mudarse y quién no?
Hay algo más que no cabe en una tabla. Las universidades planificamos carreras a varios años y contratamos docentes para generaciones que aún no han entrado. Hicimos esa planificación sobre un acuerdo firmado con el Gobierno. Si un compromiso así se puede revertir con una moción once meses después, la pérdida no se mide solo en colones. Se mide en confianza, y la confianza es lo que permite construir política pública de largo plazo.
No pedimos un cheque en blanco. Hemos cumplido la gran mayoría de los indicadores pactados y estamos listos para mostrar, moción por moción, qué se pierde y a quién afecta. Lo que pedimos es simétrico, que el oficialismo explique con la misma claridad por qué eligió estos fondos y no otros.
Nada está decidido. La Comisión debe dictaminar a más tardar el 20 de octubre, y desde el Conare convocamos de urgencia a la Comisión de Enlace. Todavía hay tiempo para que los 417 cupos sigan siendo un proyecto y no se conviertan en una historia de lo que pudo haber sido.
La muchacha de Nicoya no sabe qué es la moción 104. No tendría por qué saberlo. Lo que sí debería saber es que su país no le cerró la puerta por haber nacido en una zona costera, fronteriza o en una comunidad rural. Debe saber que desde las universidades públicas agotamos todas las instancias en defensa de su derecho a la educación superior pública.