La institución solicitó conocer si el análisis se limita al financiamiento de la exoneración o si contempla modificar las condiciones actuales. Aresep afirmó que no ha participado en ningún estudio del MOPT o el CTP.
La Defensoría de los Habitantes solicitó al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) información sobre una eventual revisión del beneficio tarifario que reciben las personas adultas mayores en los servicios de autobús.
La institución realizó la consulta después de conocer publicaciones periodísticas que, con base en un acta del Consejo de Transporte Público (CTP), señalaron que el beneficio podría encontrarse bajo revisión. Según esas informaciones, el MOPT analizaría su sostenibilidad y posibles fuentes alternativas de financiamiento, mientras que durante 2025 los pasajes no cobrados a esta población habrían representado alrededor de ₡14.000 millones.
La Defensoría pidió determinar si el Ejecutivo estudia únicamente cómo financiar el esquema vigente o si también analiza cambios en las condiciones de acceso, porcentajes de exoneración o distancias que actualmente se aplican a las personas adultas mayores.
También solicitó conocer los criterios técnicos, financieros y jurídicos utilizados, así como cualquier evaluación sobre los posibles efectos de una modificación para personas en condición de vulnerabilidad económica, residentes de zonas rurales o quienes dependen del transporte público para acceder a servicios esenciales. La institución preguntó además si el proceso contempla consultar a organizaciones de personas adultas mayores.
Aresep dice que no conoce análisis del MOPT
Hasta el momento de emitirse el comunicado, Aresep era la única institución que había respondido. La Intendencia de Transporte indicó que desconoce si el MOPT o el CTP realizan algún análisis específico sobre el beneficio tarifario y aseguró que no ha participado en ese proceso, en caso de que efectivamente se encuentre en marcha.
Aresep informó, sin embargo, que participa como contraparte técnica de Costa Rica en el Programa de Sociedades Inclusivas de la Unión Europea, iniciativa que trabaja en el diseño de medidas de tarificación progresiva para el transporte público y que contempla la situación de la exoneración otorgada a las personas adultas mayores.
La reguladora agregó que las decisiones sobre nuevas fuentes de financiamiento para garantizar la sostenibilidad del transporte público podrían requerir modificaciones legales y políticas públicas cuya gestión corresponde al Poder Ejecutivo. Los resultados de esa cooperación internacional servirían como insumo para una eventual discusión nacional.
La Defensoría señaló que cualquier eventual modificación debe sustentarse en información técnica, financiera y jurídica y considerar sus efectos sobre la movilidad, autonomía y acceso a servicios de las personas adultas mayores.