Defensoría de los Habitantes evidenció deficiencias en el servicio que brinda la empresa para la Ruta 300 San José–Cartago y ramales.
La Defensoría de los Habitantes realizó una investigación de oficio sobre la calidad del servicio brindado por la empresa Autotransportes Lumaca S.A. en la Ruta 300 San José–Cartago y ramales, donde se evidenciaron con datos oficiales la persistencia de deficiencias.
Hallazgos del CTP
Según consta por la Defensoría, el Consejo de Transporte Público (CTP) realizó durante el año 2025 diversas inspecciones y verificaciones técnicas a la flotilla de la empresa, detectándose deficiencias mecánicas y operativas.
En una de estas, en setiembre, el CTP evidenció reportes de unidades con cargas de 105 o 150 pasajeros, siendo lo indicado en el esquema operativo de 66 pasajeros. Es decir, Lumaca operó hasta con 84 personas adicionales a lo permitido.
Entre lo destacado por el ente defensor, también se señala que de las 98 unidades de Lumaca inspeccionadas únicamente una no presentaba defectos observados al momento de la revisión, mientras que 62 unidades presentaban distintos tipos de fallas y 35 unidades se encontraban en taller.
En otra ocasión, el CTP también señaló que, tras denuncias de usuarios, conoció que Lumaca cumplió con un promedio de 69.32% de los horarios en la franja horaria realizada. En cuanto a la cantidad de flota solicitada, que es de 77 unidades, se detectó que la operación de la ruta se prestaba con 56 unidades.
Ante esto, la institución adscrita al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) ordenó a la empresa que corrigiera estas deficiencias y recomendó la apertura de un procedimiento administrativo por inconsistencias en la prestación del servicio.
"Esta deficiencia en la cantidad de unidades y en la cantidad de pasajeros vulnera el derecho de las personas usuarias a un transporte de calidad, obligándoles a viajar en condiciones de hacinamiento que comprometen su seguridad y dignidad", indicó la Defensoría.
Asimismo, resaltaron que en la evaluación de calidad del servicio correspondiente al período 2024, la empresa obtuvo una calificación de 71 puntos y la nota de los usuarios fue de 71.59. En el período 2025, obtuvo una calificación de 84 puntos, sin embargo, en la evaluación de los usuarios, tuvo un puntaje de 69 puntos. Lo anterior pone en evidencia que la insatisfacción de las personas usuarias va en aumento, según la Defensoría.
Críticas de la Defensoría al CTP
A pesar de los hallazgos del CTP, la Defensoría advirtió que la ausencia de una fiscalización oportuna, efectiva y verificable por parte del Consejo de Transporte frente a unidades con defectos mecánicos constituye una vulneración directa a la integridad física y a los derechos humanos de las personas.
"La pasividad del Estado no solo normaliza la inseguridad vial, sino que perpetúa prácticas discriminatorias que anulan la autonomía de las personas usuarias más vulnerables, contraviniendo los estándares nacionales e internacionales de acceso universal", mencionó la Defensoría en un comunicado de prensa.
Para la institución existe una contradicción técnica en la gestión del CTP. Esto porque, según un reporte de abril de 2026, el Departamento de Ingeniería del Consejo admitió que no tiene conocimiento de que la empresa Lumaca haya presentado el estudio de variables operativas solicitado, requisito indispensable para conocer la demanda real, las necesidades de los usuarios y otros detalles.
No obstante, de forma paralela, informaron que la Junta Directiva autorizó a la empresa a acogerse a dicho esquema operativo.
Ante esto, el ente defensor recomendó a la Junta Directiva del CTP que, una vez concluido el procedimiento administrativo abierto contra la empresa Lumaca, deberá remitir el acto final del mismo detallando las conclusiones alcanzadas y las consecuencias derivadas de dicho proceso.
Para la Defensoría, ese procedimiento debe concluirse a la mayor brevedad de manera que el CTP pueda avocarse a generar las condiciones para hacer los estudios para actualizar y licitar la operación de la ruta.
Además, el CTP deberá planificar y realizar los estudios técnicos necesarios para que el diseño de la Ruta 300 responda a las necesidades de las comunidades que reciben el servicio. Con esos insumos, la institución podrá preparar la transición hacia un nuevo modelo que cumpla con los estándares de calidad y permita someter la ruta a licitación cuando venza la concesión actual.
La Defensoría también recomendó dar seguimiento a las faltas detectadas por DEKRA en las revisiones técnicas de las unidades, con el fin de verificar que la empresa realice las correcciones correspondientes. Si los arreglos no se concretan, el CTP deberá adoptar las medidas administrativas que correspondan.
Por último, la institución tendrá que enviar cada tres meses a la Defensoría un cronograma con las acciones, plazos y responsables de cumplir las recomendaciones, así como informar oportunamente a las personas usuarias sobre las decisiones relacionadas con el servicio de la Ruta 300.