El ente defensor señaló que la ausencia de profesionales certificados dificulta el acceso a servicios de salud y otras entidades públicas. Por ello, emitió recomendaciones al Conapdis, la CCSS, el INS, el INA y el Consejo Presidencial Social para garantizar una atención accesible.
La falta de intérpretes profesionales de Lengua de Señas Costarricense (LESCO) en las instituciones públicas representa una barrera para que las personas sordas reciban atención oportuna, especialmente en los servicios de salud. Así lo advirtió la Defensoría de los Habitantes en un informe final, en el que planteó una serie de recomendaciones a cinco entidades estatales para mejorar las condiciones de accesibilidad.
La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por un habitante, quien señaló que, en 2024, el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis) dejó de ofrecer interpretación por videollamada debido a la falta de presupuesto. Además, denunció que instituciones como el Instituto Nacional de Seguros (INS) solicitaban a los pacientes sordos llevar sus propios intérpretes para citas médicas.
En marzo de 2025, el ente defensor recibió una segunda denuncia relacionada con el Área de Salud de Coronado de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). En este caso, se señaló que una queja presentada ante la Contraloría de Servicios permaneció durante meses sin respuesta ni medidas correctivas.
Como parte de sus hallazgos, la institución también analizó los resultados del Índice de Gestión en Discapacidad y Accesibilidad (IGEDA 2025) del Conapdis. Según ese indicador, de las 69 instituciones públicas evaluadas, solo el 15,94% contrató intérpretes certificados de LESCO y apenas el 11,59% contaba con personal capacitado de manera permanente.
Para la Defensoría, estas cifras reflejan una brecha importante entre las condiciones actuales de los servicios públicos y las obligaciones del Estado en materia de derechos de las personas con discapacidad.
Avances institucionales y recomendaciones
El informe también identificó algunas medidas adoptadas por las instituciones. Según la Defensoría, el INS implementó en 2024 un contrato de interpretación especializada que permitió brindar 36 atenciones a personas sordas durante 2025: 15 virtuales y 21 presenciales. Además, capacitó a 30 funcionarios en LESCO.
Por su parte, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) consolidó un Estándar de Cualificación de Interpretación de LESCO y recomendó exigir el título de Técnico 3 en Interpretación LESCO-Español en los procesos de contratación pública. Mientras tanto, el Conapdis mantiene tres licitaciones activas para servicios de interpretación.
En el caso de la CCSS, la Defensoría detalló que la institución reconoció contar con personal que posee conocimientos básicos de LESCO, en niveles del I al VI, pero no dispone de intérpretes certificados. Esta situación también fue advertida por la Comisión Institucional de Accesibilidad y Discapacidad (CIAD), que la considera un riesgo para la calidad y seguridad de la atención.
Ante estos hallazgos, el ente defensor recomendó al INS garantizar presupuesto permanente para los servicios de interpretación y exigir el título oficial de Técnico 3 en sus procesos de contratación. Al INA le solicitó fortalecer con recursos fijos el subproceso de certificación por competencias y ampliar las convocatorias para formar más intérpretes.
Al Conapdis le recomendó emitir una circular vinculante para todas las instituciones del Estado, con el fin de establecer que el apoyo comunicacional en LESCO no es una prestación discrecional. También pidió fortalecer el IGEDA y emplazar a las entidades que registraron los resultados más bajos.
Para la CCSS, las recomendaciones se dirigieron a la Presidencia Ejecutiva, la Gerencia Médica, la CIAD, el Área de Salud de Coronado y la Región Central Sur. La Defensoría solicitó diseñar un modelo institucional que garantice la disponibilidad de intérpretes profesionales en todos los servicios de salud, evaluar alternativas de interpretación remota y dar seguimiento permanente al cumplimiento de la Circular GM-14110-2025.
Finalmente, al Consejo Presidencial Social le solicitó dar seguimiento a los compromisos interinstitucionales asumidos en agosto de 2025, incluido el fortalecimiento de la coordinación con las organizaciones de personas sordas.
La defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, subrayó:
La accesibilidad no puede depender de que las personas usuarias sordas lleven sus propios intérpretes para recibir atención del Estado. Las recomendaciones de la Defensoría buscan fortalecer servicios públicos accesibles, oportunos y respetuosos de sus derechos”.