El ente defensor advirtió que los recursos disponibles son inferiores al gasto mensual promedio, y pidió a la CCSS y a DESAF un plan para garantizar los pagos de noviembre y diciembre de 2026.
Los subsidios que reciben las personas trabajadoras para cuidar a pacientes en fase terminal o a menores de edad gravemente enfermos podrían dejar de pagarse a partir de noviembre por falta de recursos.
Ante este riesgo, la Defensoría de los Habitantes solicitó explicaciones a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y a la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (DESAF) sobre las medidas para garantizar la continuidad del beneficio establecido en la Ley N.° 7756.
Según datos remitidos por la CCSS a la Defensoría, al 8 de octubre el programa disponía de ₡375.955.971,84, mientras que su gasto mensual promedio ascendía a ₡401.391.499,54. Para el ente defensor, esta diferencia evidencia el riesgo de que los recursos sean insuficientes para cubrir los pagos correspondientes a noviembre y diciembre de 2026.
La situación se presenta pese a que la CCSS ha advertido desde enero de este año sobre la necesidad de reforzar el presupuesto del programa. En julio, la Presidencia Ejecutiva de la institución identificó posibles faltantes de entre ₡155 millones y ₡991 millones, según el comportamiento de la demanda.
El trámite para resolver el faltante, sin embargo, continúa pendiente. DESAF indicó que necesita documentación financiera y datos de cobertura de la CCSS para valorar un eventual refuerzo presupuestario. Entre los requisitos figuran la liquidación financiera de 2025, informes de 2026, datos de cobertura y aclaraciones contables.
Por su parte, la CCSS reconoció, en una respuesta del 12 de octubre, que todavía no tiene una fecha definida para completar la información requerida, debido a dificultades relacionadas con los cierres contables y el sistema ERP-SAP.
La defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert, subrayó:
La coordinación entre instituciones es fundamental para garantizar respuestas oportunas. Las dificultades administrativas no deben poner en riesgo el bienestar de las familias que dependen de estas licencias. Es momento de fortalecer el diálogo y construir soluciones conjuntas que garanticen la continuidad de este apoyo”.
La Defensoría advirtió que una suspensión o un atraso en los subsidios podría afectar la estabilidad económica de los hogares y la capacidad de las personas cuidadoras para atender las necesidades básicas de sus familias, además de comprometer derechos relacionados con la salud, la protección social y la vida familiar.
El ente defensor recordó que en 2025 ya se produjo una suspensión temporal del beneficio por falta de recursos, por lo que busca evitar que la situación se repita.
Ante el panorama actual, solicitó a la CCSS y a DESAF un informe conjunto que detalle las acciones inmediatas para garantizar los pagos de noviembre y diciembre, el monto actualizado del faltante presupuestario y la fuente de financiamiento prevista.
También pidió aclarar si se activó el mecanismo establecido en el artículo 10 de la Ley N.° 7756, reformado en marzo de 2026 mediante la Ley N.° 10.846, que permite incorporar recursos adicionales al Presupuesto de la República mediante una transferencia a la CCSS.
Además, requirió información sobre los subsidios aprobados que aún están pendientes de pago, las medidas para resolver las dificultades administrativas y contables, el protocolo que se aplicaría si los recursos se agotan antes de concretar el refuerzo y la coordinación con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de Hacienda.
La Defensoría insistió en que las dificultades entre las instituciones no deben dejar sin protección a las familias beneficiarias y pidió avanzar hacia una solución concreta antes de que la insuficiencia presupuestaria provoque una nueva interrupción de los pagos.