Una publicación en redes sociales que se convierte en burla puede parecer un hecho cotidiano entre adolescentes. Sin embargo, detrás de estas prácticas existen procesos de socialización mucho más profundos, donde se construyen, normalizan, reiteran y legitiman determinadas conductas. Como personas adultas, debemos reconocer que las prácticas de las adolescencias son también el reflejo de la comunidad y la sociedad en las que vivimos.
La Encuesta Online Costa Rica 2023 encontró que un 20% de la población consultada reportó haber recibido un trato hiriente por internet y un 3% señaló experimentarlo al menos una vez al mes. Además, se reportó un 40% de acoso. Ante esto, Costa Rica cuenta con herramientas como la Ley 9404 para responder ante estas situaciones. Sin embargo, los mecanismos institucionales no resuelven por sí mismos la prevención de la violencia dentro de las propias relaciones de pertenencia y socialización de las personas adolescentes. Las consecuencias del acoso y el ciberacoso pueden extenderse al aspecto emocional y afectar la experiencia educativa de quienes los viven.
El desafío no consiste simplemente en afirmar que faltan normas o sanciones, sino en preguntarnos cómo trasladamos el enfoque preventivo y formativo a las relaciones sociales donde la violencia se construye y adquiere legitimidad y significado.
Aquí, los procesos de socialización ocupan una posición central, pues durante la adolescencia el sentido de pertenencia constituye un espacio importante donde se negocian y construyen la identidad y el reconocimiento. Esto ocurre también en espacios digitales, donde las formas de hablar, las etiquetas, las tendencias, las imágenes y la cantidad de “me gusta” se desarrollan mediante reglas implícitas que, además, determinan qué significa pertenecer y qué ocurre cuando algo o alguien no es considerado aceptable.
Muchas veces, los protocolos buscan detener la situación y dar una respuesta inmediata, sin duda algo necesario. Sin embargo, cuando la intervención se centra únicamente en resolver el conflicto, corremos el riesgo de mirar la experiencia del adolescente desde una perspectiva adultocéntrica y dejar de lado los códigos compartidos y la realidad sociocultural de la cual la persona adolescente es partícipe. Responder a una conducta puede detener un episodio; transformar las condiciones que la normalizan exige intervenir también en los procesos de socialización que le dan sentido.
Es importante reconocer que la violencia digital no ocurre en el vacío. Estereotipos relacionados con el género, la apariencia, la condición socioeconómica, la nacionalidad, los gustos o las formas de expresarse pueden trasladarse a las pantallas y convertirse en etiquetas, burlas y mecanismos de exclusión. Con respecto a esto, la legislación costarricense reconoce el acoso escolar como una forma de discriminación que puede estar relacionada con diversas características y condiciones de vida del estudiantado. Es por esto por lo que deberíamos preguntarnos no solo quién agrede, sino qué aprende un grupo a considerar diferente, ridículo o excluible y cómo llega a normalizarse.
El artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece el interés superior como consideración primordial en las decisiones que afecten a la niñez, mientras que el artículo 12 reconoce el derecho de niños, niñas y adolescentes a expresar su opinión en los asuntos que les afectan y a que sea considerada de acuerdo con su edad. Esto plantea una pregunta muy necesaria: ¿cómo se puede construir la convivencia digital sin escuchar a quienes habitan diariamente estos espacios?
Reconocer la participación de las adolescencias no significa trasladarles toda la responsabilidad ni disminuir el deber de protección de las personas adultas. Significa reconocer que las juventudes poseen conocimientos sobre sus propias dinámicas de interacción y socialización que difícilmente pueden identificarse únicamente desde afuera.
En relación con lo anterior, en agosto de 2026, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) presentó un kit para prevenir el bullying y el ciberbullying basado en evidencia de los sectores de educación, salud y protección social. La OPS advierte que uno de cada cuatro adolescentes de 13 a 17 años en América Latina y el Caribe reporta haber sufrido acoso escolar y plantea que la prevención requiere intervenciones articuladas, no únicamente respuestas posteriores al daño.
Es necesario impulsar una alfabetización digital socioemocional en la que no solo se advierta sobre los riesgos de internet, sino que también se desarrollen capacidades para reconocer el daño, cuestionar la presión grupal, gestionar conflictos y comprender que detrás de cada perfil existe una persona sujeta a derechos.
El reto consiste en acercar las herramientas institucionales a la realidad social y digital adolescente, de modo que no solamente se enseñe al adolescente cómo comportarse en internet, sino que se construya una cultura digital donde la violencia no se convierta en el precio de ser visto para pertenecer.