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Segunda mujer denuncia a diputado del PPSO por acoso predatorio; oposición exige que renuncie a inmunidad

Fiscalía confirmó dos denuncias por presunto acoso predatorio contra Fernando Obaldía; el oficialismo dice estar preocupado y sostiene que el legislador debe responder ante las autoridades.

La Fiscalía General de la República confirmó este martes que recibió una segunda denuncia por presunto acoso predatorio contra el diputado del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Fernando Obaldía Álvarez, mientras legisladoras del Frente Amplio (FA), la Unidad Social Cristiana (PUSC) y la Coalición Agenda Ciudadana (CAC) pidieron que el congresista renuncie a su inmunidad parlamentaria.

La nueva denuncia corresponde a una persona distinta de quien acudió al Ministerio Público el lunes y la Fiscalía mantiene la gestión en estudio para determinar cómo proceder. Con ello, Obaldía enfrenta actualmente dos denuncias penales por presunto acoso predatorio, además de una denuncia por presunto acoso laboral presentada ante la Asamblea Legislativa.

En la primera denuncia penal, una asesora legislativa atribuyó a Obaldía una serie de comentarios de contenido sexual que, según relató, ocurrieron en diferentes momentos dentro del despacho y durante la jornada laboral. Entre los hechos que denunció figuran preguntas sobre el uso de protección durante relaciones sexuales, su talla de brasier, su ropa interior y si tenía interés en realizarse alguna cirugía en el cuerpo.

La funcionaria también presentó una denuncia por presunto acoso laboral ante autoridades legislativas. Esa gestión cuestiona, entre otros hechos, solicitudes para revisar mediante cámaras de seguridad sus desplazamientos dentro del Congreso y disposiciones sobre giras de fin de semana sin que, según la denunciante, se informara sobre horas extraordinarias o descansos compensatorios.

El jefe de fracción del PPSO, Nogui Acosta Jaén, reconoció este martes la preocupación de la bancada oficialista por las denuncias y sostuvo que corresponde a Obaldía responder personalmente por los señalamientos. En declaraciones recogidas por La Nación, Acosta declaró:

Tiene que responder ante la Fiscalía y las autoridades”.

Acosta evitó pedir al legislador que renuncie a su inmunidad y señaló que primero deberán conocerse las decisiones que adopte el Directorio legislativo sobre las denuncias presentadas dentro del Congreso y, posteriormente, el desarrollo de las causas ante el Ministerio Público. La fracción oficialista había señalado desde el lunes que tomaría las denuncias con “absoluta seriedad”, pero que no adelantaría conclusiones mientras los procedimientos continuaran abiertos.

La diputada Vianey Mora, del Frente Amplio, pidió desde el lunes que Pueblo Soberano instara a Obaldía a renunciar a la inmunidad y reiteró el planteamiento este martes, después de conocerse la segunda denuncia. La subjefa frenteamplista, María Eugenia Román, también reclamó una posición de la bancada de Gobierno y de la presidenta del PPSO, Mayuli Ortega, sobre el eventual levantamiento del fuero parlamentario.

La diputada socialcristiana Abril Gordienko se sumó a la petición y sostuvo además que el Directorio legislativo debe tramitar con rapidez las denuncias y conformar una comisión investigadora. Desde la Coalición Agenda Ciudadana, Claudia Dobles también planteó que el Congreso avance al menos con una investigación interna.

Por lo menos, debe avanzar en la Asamblea Legislativa la apertura de una comisión investigadora para dictaminar si se debe sancionar al congresista”.

La renuncia a la inmunidad parlamentaria no constituye un requisito para que la Fiscalía General investigue las denuncias. La Procuraduría General de la República explicó en 2025 que el fiscal general puede desarrollar la investigación y obtener los elementos necesarios para formular una acusación o solicitar una desestimación. Si formula una acusación y el proceso debe avanzar contra una persona integrante de los Supremos Poderes, entra en juego el procedimiento especial para el levantamiento del fuero. El artículo 110 de la Constitución Política también establece que una diputación puede renunciar voluntariamente a esa inmunidad.

El acoso predatorio está contemplado en el Código Penal y comprende conductas de hostigamiento o acoso reiterado e insistente, sin consentimiento de la persona afectada, que interfieran con su intimidad, integridad, vida privada o actividades cotidianas.