El poder de dictar la ley es una ilusión vacía si el brazo encargado de ejecutarla carece de la fuerza material para sostener el escudo”. — Montesquieu.
Como lo denunció Diego Delfino en su reporte del pasado 4 de setiembre, en los últimos días el debate público costarricense se ha visto sacudido por una serie de fallas sistémicas alarmantes en la aplicación de las medidas cautelares en materia penal. Estas deficiencias habrían permitido la fuga de imputados vinculados con cargamentos de cocaína o el favorecimiento indebido de líderes criminales.
Ante esta realidad, el malestar de la ciudadanía es profundo, real y legítimo. Por esta razón, la Corte Suprema de Justicia acordó revisar las normas que regulan las medidas cautelares en procesos penales, laborales y contencioso-administrativos relacionados con el crimen organizado y la corrupción.
La decisión institucional estableció un plazo para que las salas Primera, Segunda y Tercera de la Corte realicen dicha revisión y planteen formalmente sus eventuales propuestas de modificación. El Poder Judicial se suma así a la exigencia cívica, bajo la premisa de que «el derecho que no responde a la realidad es un derecho que se deslegitima».
Sin embargo, en medio de esta necesaria revisión, ha comenzado a incubarse una peligrosa distorsión: la tendencia a dividir los procesos judiciales bajo la tramposa lógica de «nosotros» contra «los otros».
Existe una propensión psicológica y política a deshumanizar al adversario, convirtiéndolo en blanco de una demanda social de «mano dura». Bajo este sesgo, cuando la justicia penal investiga a alguien considerado del bando contrario, la opinión pública exige de inmediato la aplicación de la prisión preventiva.
Se asume erróneamente que no dictar un encarcelamiento anticipado equivale a impunidad o al archivo del caso. Se olvida que la palabra medular en este campo es cautela: actuar con cuidado y con un objetivo específico.
Tal como lo ha explicado el juez penal y formador de jueces Carlos Núñez, las medidas cautelares no tienen como finalidad castigar, sino proteger el desarrollo del proceso, preservar las pruebas, resguardar a las víctimas o testigos y asegurar la presencia del imputado hasta que se dicte una sentencia definitiva.
El juez Núñez recuerda que el Código Procesal Penal ofrece una amplia variedad de opciones y que la prisión preventiva es la más grave de todas. Los juzgadores deben realizar un balance técnico en cada caso concreto, evaluando con detenimiento riesgos reales como el peligro de fuga o la reiteración delictiva.
Además, el marco legal costarricense establece que un juez no puede disponer arbitrariamente una prisión preventiva. Debe actuar con estricta imparcialidad y objetividad, basándose en los elementos aportados al proceso y no en lo que dicten las redes sociales o los medios de comunicación.
El verdadero peligro de esta dinámica populista aparece cuando la balanza de la sospecha alcanza a nuestros círculos cercanos, familiares o agrupaciones de afinidad ideológica. Es entonces cuando el discurso de la intransigencia se transforma en un vehemente reclamo de proporcionalidad, presunción de inocencia y respeto al debido proceso.
Para «los otros» se reclama con ligereza el encierro inmediato, incluso a partir del simple eco de una denuncia. Pero para «nosotros» se exige la consideración de medidas alternativas menos gravosas, como el arraigo familiar, la entrega del pasaporte o el brazalete electrónico.
Esta fragmentación cívica despoja a los principios constitucionales de su valor supremo: la universalidad. Ya en el siglo XVIII, el célebre filósofo y jurista francés Montesquieu (1689-1755) advertía que «la ley debe ser como la muerte, que no exceptúa a nadie».
En ese contexto, cuando el trato judicial depende de quién sea el imputado y no de los hechos, la justicia deja de ser imparcial y se convierte en instrumento de conveniencia.
Por ello, la judicatura no puede convertirse en un árbitro condicionado por el clamor de las tribunas digitales ni por las presiones de las directrices políticas de turno. Un juez penal fuerte e independiente es, precisamente, aquel que se mantiene estrictamente imparcial.
A la crisis discursiva se suma ahora un riesgo operativo de consecuencias concretas. Según los reportes de Diego Delfino del 7 y 8 de setiembre de 2026, mientras la Corte Plena analiza cómo fortalecer sus herramientas jurídicas para enfrentar el crimen organizado y la corrupción, el Poder Judicial advierte sobre un escenario de «caos» y un inminente «cierre técnico» como consecuencia de las severas restricciones contempladas por el Poder Ejecutivo en el proyecto de Presupuesto 2027.
Estas directrices presupuestarias congelarían más de 2.400 plazas interinas esenciales —incluidos puestos críticos del OIJ, la Fiscalía y la Defensa Pública— y recortarían recursos para servicios tecnológicos básicos, licencias de ciberseguridad, Medicina Legal y alquileres de despachos.
Controlar el gasto y exigir rendición de cuentas al Poder Judicial es una obligación democrática legítima. Pero ahogarlo financieramente hasta dejarlo sin plazas ni herramientas suficientes para enfrentar a bandas criminales de alta complejidad sería un despropósito nacional. Como alertó la dirección de la Policía Judicial, la negligencia política podría llevarnos al extremo absurdo de tener que «usar piedras contra el crimen organizado».
Costa Rica no puede permitir que las reglas del juego democrático se diluyan en un río revuelto de odios selectivos y debilitamientos institucionales. El Estado de derecho existe precisamente para garantizar que las leyes amparen a todos los habitantes por igual, independientemente de sus simpatías o banderas políticas.
Si la ciudadanía normaliza la premisa autoritaria de que el adversario no merece garantías, terminará destruyendo las mismas salvaguardas que mañana podría necesitar para defender su propia libertad.
Exijamos, con firmeza, un Poder Judicial eficaz, transparente, independiente y debidamente financiado para cumplir su labor. Pero desterremos de una vez por todas la hipocresía de reclamar un sistema que encarcele a los enemigos mientras nos cobija con indulgencia cuando se trata de los aliados.
La justicia, para seguir siendo democrática, debe aplicar la misma lupa y el mismo estándar a cada habitante de nuestro país. Debe hacerlo con firmeza, sin importar quién sea la persona investigada y sin admitir excepciones partidarias.