Ministro afirma que hay agentes con antecedentes y cuestiona regulación de armas.
El Gobierno prepara una reforma a la legislación que regula las empresas de seguridad privada y a las normas sobre armas de fuego, según anunció este miércoles el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos Valverde, quien afirmó que el Ejecutivo detectó problemas en los procesos de contratación de agentes y aseguró que varias personas que trabajan en el sector tienen antecedentes.
Campos hizo el anuncio durante la conferencia de prensa previa al Consejo de Gobierno, después de que un periodista preguntara por empresas privadas que utilizan sirenas en sus vehículos para abrirse paso en carretera mientras trasladan personas hacia conciertos y otras actividades particulares.
Estamos en una revisión de la ley y estamos en una reforma porque efectivamente estaban a la libre y no solamente están a la libre en esa situación, sino en los procesos de reclutamiento".
El jerarca añadió que el Ministerio encontró personas con antecedentes entre quienes trabajan para empresas privadas, aunque no detalló cuántos casos detectaron, qué tipo de antecedentes registran ni si se trata de antecedentes penales o policiales.
No sabemos cuál es la investigación que están haciendo, pero sí nos hemos dado cuenta que muchos de los que integran estos cuerpos de seguridad privada tienen antecedentes".
La legislación vigente ya establece controles para ingresar a esa actividad. La Ley 8395, Ley de Regulación de los Servicios de Seguridad Privados, exige a los agentes presentar constancias de que carecen de antecedentes penales durante los últimos 10 años y dispone que, cuando aparezcan condenas inscritas, la autoridad debe estudiar la vida y costumbres de la persona solicitante para determinar su idoneidad.
Además, el Ministerio mantiene vigente una directriz emitida en 2020 que restringe la autorización para trabajar como agente de seguridad privada y obtener permisos de portación de armas a personas con antecedentes policiales relacionados con delitos contra la propiedad, violencia doméstica, delitos contra la vida y la libertad y delitos vinculados con drogas.
Campos señaló también que la revisión abarcará la Ley de Armas y Explosivos y afirmó que actualmente a las empresas de seguridad “se les permite comprar libremente las armas”.
La legislación vigente, no obstante, sí establece límites y controles sobre las armas que pueden utilizar esas compañías. La Ley de Armas y Explosivos permite a las empresas inscribir las armas que necesiten para brindar sus servicios, pero fija como límite conjunto el equivalente al 1% de las armas que posee la Fuerza Pública y obliga a reportar semestralmente la cantidad y condición del armamento en manos de sus agentes. Las armas también deben estar inscritas y sus portadores necesitan el permiso correspondiente.
Las empresas de seguridad, además, deben mantener registros permanentes de su personal, armas, municiones y equipo; informar sobre nuevas adquisiciones o pérdidas; disponer de lugares adecuados para almacenar el armamento y permitir que esos registros sean inspeccionados por la Dirección de Servicios de Seguridad Privados.
El propio Ministerio emitió este año un recordatorio a las empresas sobre su obligación de presentar inventarios semestrales de armas y equipos, actualizar las nóminas de personal y reportar cambios en sus instalaciones y capital accionario.
Uso de sirenas también está bajo discusión legislativa
El señalamiento que originó la consulta se relacionó con vehículos de compañías privadas que supuestamente utilizan sirenas para abrirse paso entre el tránsito. Los manuales técnicos de inspección vehicular ya señalan que los vehículos de seguridad privada no pueden utilizar luces rotativas o destellantes rojas, azules o amarillas que puedan confundirse con las utilizadas por vehículos policiales o de emergencia.
La Asamblea Legislativa también tramita desde abril de 2025 el expediente 24.933, Ley contra el uso indebido de distintivos de cuerpos policiales y de emergencia, presentado por la entonces diputada del PLN Dinorah Barquero Barquero y actualmente dictaminado en la Comisión de Asuntos Jurídicos. La iniciativa pretende incluir expresamente las sirenas, luces y otros dispositivos entre los elementos cuyo uso puede hacer presumir que un vehículo pertenece a un cuerpo policial o de emergencia.
El proyecto propone además sancionar con una multa de categoría A a quien circule utilizando esos dispositivos sin corresponderle y contempla penas de prisión cuando se empleen distintivos policiales o de emergencia para cometer delitos.