El hecho ocurrió durante la segunda ronda presidencial de 2022 en una junta receptora de votos de San Francisco de Heredia.
La Dirección General del Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos impuso una multa de ₡4.622.000 a John Castro Vindas por salir de una junta receptora de votos con una papeleta electoral oficial durante la segunda ronda de las elecciones nacionales de 2022.
El incidente ocurrió el 3 de abril de 2022 en la junta receptora de votos 4302, ubicada en el distrito de San Francisco, en el cantón de Heredia. Según la resolución, Castro acudió a votar a las 10:33 a. m. acompañado por otra persona.
La documentación electoral señala que el acompañante le tomó una fotografía mientras mostraba la papeleta abierta, lo que comprometió el carácter secreto del voto. Ante esa situación, las personas integrantes de la junta anularon el sufragio, pero Castro abandonó el recinto con la papeleta en su poder.
La Dirección sustentó su decisión en la hoja de incidencias del padrón registro y en las bitácoras de tres auxiliares electorales que atendieron la junta. Los documentos consignaron tanto la fotografía de la papeleta como la salida del elector con el documento electoral.
El artículo 294 del Código Electoral establece una multa de entre 10 y 20 salarios base para quien, sin una causa justificada, tenga en su poder papeletas electorales oficiales durante una campaña. La Administración Electoral determinó que Castro mantuvo la papeleta fuera de la junta receptora y no acreditó una razón que justificara su conducta.
La Inspección Electoral inició una investigación preliminar en junio de 2022 y recomendó posteriormente abrir un procedimiento administrativo ordinario. La Dirección ordenó la apertura del proceso en junio de 2025 y programó una audiencia para el 23 de enero de 2026, a la cual Castro no asistió ni presentó una justificación, según el expediente.
La institución aplicó el extremo menor de la sanción porque sus registros no mostraron faltas electorales anteriores atribuidas a Castro. Para calcular el monto utilizó el salario base vigente en 2022, fijado en ₡462.200, y lo multiplicó por 10, para un total de ₡4.622.000.
La Dirección ordenó comunicar la resolución mediante tres publicaciones consecutivas en el diario oficial La Gaceta, debido a que no contaba con un lugar o medio para notificar personalmente al sancionado.